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Saludo del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, al cuerpo diplomático acreditado en Colombia

Sean todos bienvenidos a Cartagena de Indias, una ciudad que ha ocupado un lugar protagónico en la historia de Colombia y a la cual este año, cuando celebramos el bicentenario de nuestra independencia, rendimos de nuevo homenaje por resistir valientemente el sitio de Pablo Morillo, que la hizo merecer el título incuestionable de “Ciudad Heroica”.

Sea esta la ocasión para darles un cálido saludo de Año Nuevo, no sólo por el clima de esta ciudad, sino también porque viene acompañado de nuestro deseo de que en el 2019 sigamos trabajando de manera estrecha y conjunta para ampliar y consolidar los vínculos de amistad y cooperación entre Colombia y los gobiernos y organizaciones internacionales que ustedes representan.

Hace unos meses, cuando nos encontramos por primera vez en el Palacio de San Carlos, tuve la oportunidad de exponer los lineamientos que guiarán la política exterior de esta Administración, que son, en esencia, impulsar una diplomacia para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, soportada en la sostenibilidad y la innovación.  Es una política exterior que aspira a contribuir al “Pacto por Colombia” que está liderando el Presidente Iván Duque, para dar cumplimiento al mandato democrático que ha recibido de los colombianos.

En nuestras relaciones exteriores, la diplomacia para la legalidad implica que Colombia ejercerá responsablemente, con el país y con el mundo, su papel como miembro activo de la comunidad internacional.

Hemos demostrado nuestro compromiso con la legalidad internacional en la respuesta a la ruptura del orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela, que amenaza la estabilidad de la región y ha causado una crisis humanitaria y un flujo de migrantes sin precedentes.

Una respuesta colectiva es indispensable para un desafío de esta magnitud. Por ello Colombia, de conformidad con su apuesta por el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, ha actuado en el marco del Grupo de Lima, firmemente comprometida a apoyar la creación de condiciones que permitan al pueblo venezolano vivir nuevamente en democracia y libertad, y emprender en ese país la urgente tarea de la reconstrucción institucional, económica y social.

Este es un propósito que compartimos con muchas otras naciones que reconocen, como nosotros, que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos trascienden la esfera de lo interno y son factores determinantes de la paz, la seguridad, la estabilidad y el progreso de la comunidad internacional en su conjunto.

Así lo consagran la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana.  De allí surge nuestra obligación de promover y defender la democracia en nuestro país y en el hemisferio.

Es un enorme desafío el que tenemos ante nosotros.  De lo que se trata, en últimas, es de la voluntad y la capacidad de los demócratas y las democracias para defender pacíficamente a los demócratas y a la democracia en la región.

Frente a la situación en Venezuela no podemos ser indiferentes. Por eso hemos acogido con solidaridad a más de un millón de migrantes que han llegado huyendo de la crisis económica, social y humanitaria, consecuencias directas de la tiranía de la opresión, el miedo, la privación y la necesidad, que impera en ese país, por cuenta del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Agradecemos el apoyo de la comunidad internacional para responder a este desafío, que no puede ser atendido en solitario y que lleva al límite las capacidades nacionales, no sólo de Colombia, sino de los otros países receptores.

Frente a la situación en Venezuela no podemos ser cómplices. Por eso nos hemos unido a muchas otras voces para denunciar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Nicolás Maduro; y con otros Estados hemos remitido estas denuncias a la Corte Penal Internacional para que sean investigadas.  Ojalá cada vez más naciones refrenden esta iniciativa, en defensa de la legalidad internacional.

Por eso, porque no podemos ser indiferentes ni cómplices, apoyamos el proceso de normalización constitucional y restablecimiento de la democracia en Venezuela.  Por eso, con decenas de países de la región y del mundo, expresamos nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional como órgano constitucional y legítimamente elegido en Venezuela, y a su presidente, Juan Guaidó, como Presidente Encargado. Reiteramos nuestro pleno respaldo a ambos en el ejercicio de sus competencias constitucionales, y en la realización, tan pronto como estén dadas las condiciones, de nuevas elecciones libres, transparentes y justas, con plenas garantías, con acompañamiento y observación internacional.

Tampoco podemos ser ingenuos.  Por eso hemos advertido con la mayor vehemencia sobre el grave riesgo que entrañan iniciativas que, aunque bien intencionadas, ya han sido utilizadas en el pasado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para frenar el proceso de democratización, ganar tiempo, asegurar la captura de las instituciones, agotar la movilización ciudadana, y prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano.

Apreciados amigos:

Nuestro compromiso con la legalidad internacional y con un multilateralismo eficaz, innovador y flexible, también incluye impulsar el proceso de revitalización y fortalecimiento de la Organización de Estados Americanos y del Sistema Interamericano, como escenarios e instrumentos naturales de la gobernanza hemisférica.

Dijo una vez Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino —y acaso, no solamente argentino, sino universal— que ser colombiano es un acto de fe.  Al acoger la Asamblea General de la OEA en Medellín el próximo mes de junio, lo haremos con un acto de fe.  Un acto de fe en el Sistema Interamericano, en la Organización de Estados Americanos.  Un acto de fe que surge de la más profunda convicción de que hay respuestas a los grandes desafíos que enfrentamos en las Américas, que sólo el Sistema Interamericano, con los valores y las cualidades que le son más propios, y a pesar de sus limitaciones, puede ofrecer.  Un acto de fe en que, si renovamos nuestros compromisos, e innovamos en la manera en que hacemos las cosas, tendremos no sólo un Sistema Interamericano más eficiente, eficaz y conducente; sino un Sistema Interamericano a la altura de las preocupaciones y las esperanzas de nuestros ciudadanos. 

También seguiremos participando activamente en la consolidación y profundización de la Alianza del Pacífico, para apuntalar un mayor crecimiento de nuestra economía, estimular el emprendimiento, la innovación y la sofisticación en nuestro aparato productivo; fortalecer el vínculo comercial y político con nuestros tres socios y con nuestros asociados; y proyectar a Colombia en la estratégica cuenca del Pacífico.
Y queremos relanzar la integración suramericana, tras el estrepitoso fracaso del experimento de UNASUR, que se convirtió en una caja de resonancia de un modelo ideológico y una práctica política que sigue pasando factura a varias naciones de la región. Por eso, estamos trabajando con otros países en el diseño de un nuevo espacio institucional, una plataforma operativa, ágil y flexible, orientada al impulsar el desarrollo de nuestros países: el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR.

Señores y señoras:

El compromiso de nuestra política exterior con la legalidad supone también emprender una lucha sin tregua contra la corrupción. Esta grave problemática representa el 5% del PIB mundial, afecta la gobernabilidad, atenta contra la democracia, erosiona la ética social y limita las posibilidades de desarrollo. Para combatirla, debemos desplegar todos nuestros esfuerzos nacionales y complementarlos con medidas globales eficaces para fortalecer la cooperación y enfrentar la corrupción en todas sus formas y manifestaciones.  Vemos con satisfacción que la propuesta de Colombia y Perú de convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar este desafío haya sido acogida en noviembre pasado, y se vaya a realizar el primer semestre de 2021.  Allí seguiremos desarrollando nuestra idea de crear una Corte Internacional contra la Corrupción.

El compromiso de nuestra política exterior con la legalidad nos obliga a llamar la atención de la comunidad internacional, una vez más, sobre el imperativo de derrotar el crimen organizado transnacional y las economías criminales, y en particular, el narcotráfico —que, como ustedes saben, ha sido y sigue siendo combustible de distintas formas de violencia en Colombia.  Vamos a recuperar el terreno perdido durante los últimos años como consecuencia de la expansión de los cultivos ilícitos.  Pero ningún esfuerzo de Colombia tendrá resultados sostenibles si el problema mundial de las drogas no es abordado de manera integral, en cada uno de los eslabones de la cadena que lo integran —incluyendo el del lavado de activos—, reconociendo su impacto multidimensional, y su estrecho vínculo con las amenazas a la seguridad pública, con una perspectiva eficaz de responsabilidad compartida.

El compromiso de nuestra política exterior con la legalidad se expresa también en la indeclinable voluntad de Colombia de hacer frente al terrorismo.

Agradezco, una vez más, la solidaridad que la comunidad internacional ha expresado a los colombianos, tras el execrable ataque terrorista perpetrado y reivindicado por el Ejército de Liberación Nacional en días pasados. 

Estamos seguros de que contaremos con igual solidaridad para que los responsables puedan ser efectivamente judicializados y sancionados, de conformidad con las leyes de Colombia.  Seguiremos construyendo un camino en conjunto en la lucha contra el terrorismo, más allá de las diferencias de criterio, y no consentiremos que el ELN abuse de la buena fe de los colombianos y de las naciones que han apoyado a Colombia en sus esfuerzos para que esa organización reconozca el imperio de la ley, cese toda violencia y libere de forma inmediata a todos los secuestrados.

Señoras y señores:

El compromiso de nuestra política exterior con la legalidad es la base de nuestro relacionamiento con el mundo.  Así como la legalidad es fundamento del “Pacto por Colombia” que ha propuesto el Gobierno del Presidente Iván Duque, es fundamento también del pacto que Colombia ha hecho siempre con el resto de las naciones.  Estamos convencidos de que la legalidad nos permitirá construir no solamente un país mejor, sino un mundo mejor.

Pondremos toda nuestra voluntad, toda nuestra capacidad, toda nuestra inteligencia, para que así sea.  Y nos alegra saber que no estamos solos.  Que las naciones y organizaciones que ustedes representan ante el Gobierno y el pueblo de Colombia comparten con nosotros esa aspiración y esa tarea.

Muchas gracias.