Lucha Contra la Trata de Personas:
Colombia reconoce que la trata de personas es inmoral e ilícita, y constituye una violación a los derechos humanos, por lo que requiere siempre una atención inmediata, imparcial y coordinada, no solo a nivel nacional sino internacional. Así mismo, la trata de personas es una manifestación de la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que múltiples países se convierten simultáneamente en puntos de origen, tránsito y destino de víctimas. Lo anterior representa un reto tanto en el proceso de prevención del delito, como en la investigación y judicialización de las organizaciones criminales.
En este contexto, la cooperación internacional se debe orientar al diseño e implementación de estrategias para la prevención y la asistencia a las víctimas, así como para lograr una efectiva judicialización de los miembros de organizaciones criminales trasnacionales. Es así como para Colombia resulta de gran relevancia la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y su Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, al promover la cooperación como un mecanismo para avanzar en la lucha contra la trata de personas, a través del establecimiento de mecanismos de coordinación y asistencia técnica.
En lo relativo al relación bilateral, Colombia ha firmado Memorandos de Entendimiento con Ecuador, Chile, Argentina, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Perú, Panamá y Brasil, mediante los cuales se busca fomentar a nivel político y estratégico las acciones de coordinación y cooperación conjunta para lucha contra este delito transnacional.
Lucha contra el tráfico de migrantes
En Colombia el tráfico de migrantes es un delito pluriofensivo puesto que atenta contra la soberanía del Estado y la seguridad nacional al evadirse los requisitos legales migratorios establecidos para ingresar y salir del país. Igualmente, el delito atenta contra la libertad y autonomía de la persona traficada. En este sentido, el fin de perseguir el tráfico de migrantes es criminalizar a los individuos o grupos de crimen transnacional organizado que se lucran u obtienen provecho de esta actividad ilícita, y no al migrante objeto de tráfico.
En este contexto, para Colombia es imperativo seguir fortaleciendo la cooperación internacional para una migración segura, ordenada y regular, orientada al diseño e implementación efectiva de estrategias de prevención del tráfico de migrantes, así como el establecimiento de protocolos interjurisdiccionales para la investigación.
Seguridad Digital
La posición general de Colombia se fundamenta en mantener un entorno digital libre, abierto, seguro, tecnológicamente neutro, interoperable y pacífico. Consideramos importante continuar dando prioridad al fortalecimiento de capacidades y la cooperación, sobre la base del Derecho Internacional, así como la aplicación de medidas de fomento a la confianza en el ciberespacio, y el respeto los derechos humanos, las libertades fundamentales y la privacidad.
Vale la pena aclarar que en Ciberseguridad (término genérico) o Seguridad Digital (término OCDE), se puede dividir en dos (2) grandes vertientes: 1) ciberdefensa o comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio y 2) ciberdelincuencia.
Ciberdelincuencia
Conjunto de acciones y actividades ilícitas que son cometidas total o parcialmente en el entorno digital, asociadas con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) o la utilización de un bien o servicio informático con el fin de causar daño, generar problemas o adelantar una agresión cibernética con el objetivo del propio beneficio o para desestabilizar la población, el territorio y la organización política del Estado.
Es un tema que reviste particular importancia, porque además de los delitos en sí, también se encarga de lo relacionado con las evidencias electrónicas (impactando así todo el tema de la administración de justicia).
En Colombia, la Ley 1273 de 2009[1], modificó el Código Penal, creando un nuevo bien jurídico tutelado, denominado: “de la protección de la información y de los datos” y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En materia cibercrimen, el único instrumento específico en la materia es el Convenio contra la Ciberdelincuencia (Budapest), adoptado el 23 de noviembre de 2001, en el seno del Consejo de Europa. Mediante la Sentencia C-224, del 22 de mayo de 2019, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Convenio y de la ley 1928 de 2018.
[1]http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
Lucha contra la Corrupción
Colombia es parte de varios instrumentos internacionales que buscan hacer frente a la corrupción, a través de medidas tales como la creación de legislación y su aplicación efectiva con alcances a nivel territorial, ramas del poder público y para actores privados. De la misma manera, estos instrumentos facilitan la coordinación con autoridades internacionales, dada la dimensión transnacional que pueden presentar algunos de los crímenes de corrupción.
Entre los acuerdos más destacados se encuentran la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción - UNCAC, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
Para Colombia la implementación plena y efectiva de la UNCAC y la lucha contra la corrupción es indispensable por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque este flagelo es un fenómeno transversal que afecta a todas las instancias de la sociedad, socava las capacidades de los Estados para prestar adecuadamente sus servicios a sus ciudadanos y obstaculiza el pleno disfrute de los derechos humanos, en segundo lugar, por la relación de este fenómeno con todas las manifestaciones propias de la delincuencia organizada transnacional, así como con todas las etapas de la cadena delictiva.
Colombia prioriza un enfoque de lucha contra la corrupción centrado en las víctimas y en la protección de denunciantes. Así mismo promueve procedimientos para la identificación, localización, aseguramiento, persecución, rescate y repatriación de activos derivados de actividades ilícitas. Estas medidas no solo buscan reparar los perjuicios causados a los Estados y a las víctimas, sino también desincentivar económicamente el delito bajo un principio de corresponsabilidad.
Lucha Contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Colombia es Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y del Protocolo complementario para Prevenir y Reprimir la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.
Para Colombia, atender de forma integral los desafíos de la sociedad contemporánea, incluida la prevención de la Delincuencia Organizada Transnacional, es importante incorporar un enfoque de seguridad humana que tenga como propósito principal la protección de la vida.
Esta visión comprende trascender de una visión de seguridad concebida desde el tema militar y la mera ausencia de guerra, y propone avanzar hacia la superación de causas estructurales que han permitido la persistencia del conflicto y el crimen en los territorios, la necesidad de evitar la violencia en la cotidianidad de las poblaciones, la reconstrucción del tejido social, en armonía con el contexto socioambiental y el respeto por la vida.
Colombia considera necesario fomentar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional (DOT) como forma de lograr estabilidad en los territorios y así consolidar la paz en los mismos. En este sentido, destacamos la importancia de avanzar en metodologías de identificación, documentación y caracterización del amplio espectro de fenómenos macro criminales, lo cual, permitirá promover y desarrollar la articulación y la cooperación internacional para la lucha contra la DOT en términos de intercambio de información, buenas prácticas y acciones conjuntas para el desmantelamiento de redes criminales trasnacionales, con énfasis en los nodos y líderes del sistema criminal.
Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
En línea con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia busca posesionarse como una Potencia Mundial de la Vida.
Colombia reconoce la importancia vital de preservar el ambiente y la biodiversidad, lo cual requiere una coordinación de esfuerzos para abordar amenazas como el tráfico de fauna y flora silvestre, la deforestación y el uso de sustancias altamente tóxicas. Esta tarea debe ser abordada desde una perspectiva integral y compleja, que comprenda su conexión con otros delitos graves y las redes globales de la delincuencia organizada transnacional (DOT) y que se enmarque en la defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas que residen en las áreas más afectadas por los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Para lograr este objetivo, es necesario fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales a través de capacitación, equipamiento y colaboración, en temas prioritarios como la identificación de recursos maderables y de especies amenazadas, el fortalecimiento de capacidades para el control aduanero, la investigación y la judicialización del delito de tráfico de especies, la georreferenciación de la deforestación, la lucha contra la minería ilegal, entre otros.
