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Palabras de la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, en Consejo de Seguridad de la ONU

Mié, 07/14/2021

 

Nueva York, Estados Unidos, 13 de julio de 2021.

Muchísimas gracias,

Para mí es un honor saludar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en nombre del presidente Iván Duque y en nombre de la República de Colombia. Muchas gracias, señor presidente, por su llamado y por su liderazgo.

Por supuesto, agradecer a todos ustedes, los miembros del Consejo de Seguridad por el interés continuo que han tenido en la situación de Colombia, por todas sus intervenciones. Voy a referirme a ellas tan pronto termine este texto que he traído en el día de hoy.

En primer lugar, agradecer -una vez más- a Francia por su convocatoria y la oportunidad de participar en esta sesión, en esta doble condición de Vicepresidenta y de Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia.

Agradecer también al Secretario General por su informe y el compromiso que ha tenido con nuestro país; así como agradecer también al Representante Especial, Carlos Ruiz, por su presentación.

Señores Miembros del Consejo,

El Gobierno de Colombia, en cabeza del Presidente Iván Duque, quiere una paz verdadera y sostenible y a ello hemos dedicado desde hace 3 años todo nuestro esfuerzo. No solo hemos implementado la política de Paz con Legalidad, sino que estamos retomando la senda de crecimiento del PIB superior al 4% que traíamos antes de la pandemia, precisamente con el objetivo de generar empleos, empleos en las zonas rurales, en las zonas urbanas, empleos para todos los colombianos, porque consideramos que es la mejor manera de cerrar la brecha social en nuestro país y conducir a un clima de paz sostenible y de paz verdadera.

Nuestro Gobierno se ha enfrentado a retos conocidos por todos ustedes, superar estos retos demanda cambios estructurales. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad colombiana, el narcotráfico, que es un tema muy poco mencionado en esta sesión del Consejo de Seguridad, sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las antiguas FARC avancen con mayor celeridad y profundidad en compromisos reales, contundentes para acabar el narcotráfico en nuestro país, incluyendo entre otras, la identificación de las rutas del narcotráfico y quiénes son sus aliados internacionales en el negocio, cómo mueven los recursos de este negocio, quienes se denominan disidencias de las FARC, porque allí está la casusa fundamental de las muertes de tantos líderes en nuestro país, defensores de Derechos Humanos, líderes de restitución de tierras y, sobre todo, líderes en la sustitución de cultivos.

Colombia reitera, por eso, el llamado a la corresponsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y al logro de una mayor eficacia para perseguir el procesamiento de drogas. Desafortunadamente, hoy por hoy sale la droga de nuestro país y se está procesando en laboratorios de distintos países, inclusive en algunas de las economías desarrolladas. También es importante la corresponsabilidad en criticar y perseguir la deforestación de cultivos la y trata de personas, tan vinculada al negocio del narcotráfico.

¡Tenemos grandes retos, pero no desfalleceremos en nuestro compromiso frente a un proceso que tiene una gran complejidad!

Señores miembros del Consejo Permanente,

Quiero decirles que el cálculo que se hizo inicialmente sobre cuánto costaba la implementación del Acuerdo de FARC, representaba cerca de dos años enteros de Producto Interno Bruto de Colombia, como si fuera un país que no tuviera deuda externa ni obligaciones de pensión ni tantos desafíos que cumplir. Dos años enteros de Producto Interno Bruto de Colombia significaría la implementación de este acuerdo. Por esta razón quiero que ustedes tengan en cuenta que es un Acuerdo al que se le definieron 15 años, me sorprende oír decir acá en esta sesión que no ha habido ningún avance, yo no he escuchado eso en el informe del Doctor Carlos Ruiz, me parece que reconoce que hay unos avances. Nosotros quisiéramos que el avance fuera del 100 por ciento, pero han transcurrido tan solo cinco años después de que se firmó ese acuerdo, para el cual se definieron 15 años de plazo en su implementación, con costos que -sin duda- desbordan el presupuesto de Colombia, como desbordaría el presupuesto de cualquiera de los países que se encuentran acá representados.

No desfalleceremos en el cumplimiento de ese Acuerdo del 2016, entre otras cosas porque sabemos que los grupos criminales que hoy atacan a los líderes en tantas regiones de Colombia son grupos que ya existían desde antes. A estos grupos criminales, se sumaron esas disidencias de las FARC.

No es cierto que la existencia de estas violencias recientes, que ha sufrido nuestro país, obedezca al incumplimiento en la implementación del Acuerdo. El incumplimiento no se ha dado, al contrario, muchos de los indicadores del cumplimiento superan con creces lo que deberíamos haber logrado en apenas cinco años de implementación de este Acuerdo. Por el contrario, nuestro país avanza de manera responsable en la implementación, sin escatimar esfuerzo en la lucha permanente que tenemos que hacer contra los grupos armados organizados o contra cualquier grupo que esté dedicado a obtener rentas criminales, porque esas rentas ponen en peligro la estabilidad de nuestro país, la seguridad de nuestros ciudadanos, de nuestros ciudadanos y un bien muy preciado para Colombia: la permanencia de nuestra democracia.

Como menciona el informe, la presencia integral del Estado, incluyendo el despliegue de la Fuerza Pública y las instituciones civiles en todo el país, constituye la mayor prioridad para nuestro Gobierno. Esto se ha complementado, entre otras, con la inversión que hemos hecho y la construcción durante estos últimos tres años de 13.848 kilómetros de infraestructura en las zonas rurales del país, precisamente para ofrecer opciones de desarrollo a nuestros campesinos, que los alejen del negocio de la coca y de la minería ilegal, que benefician a algunas mafias transnacionales que lamentablemente operan, a veces, desde países vecinos, sometiendo a las personas más vulnerables a condiciones casi que de esclavitud.

Señor Presidente,

Sobre los dos temas que son objeto de este mandato, quisiera mencionar lo siguiente: Los avances alcanzados en materia de reincorporación política, económica y social son incuestionables. En abril de este año, se registraron 13.998 personas como desvinculadas de las FARC, de las cuales el 99% cuenta con afiliación al sistema de salud y el 87% tiene afiliación a un sistema pensional, cifras muy superiores a las que benefician al promedio de los colombianos.

El 85% de las personas reincorporadas de las FARC han recibido apoyos económicos mensuales de nuestro Gobierno para su sostenimiento y el 90% ha recibido formación para el trabajo, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. El 53.9% de esta población participa de 3.063 proyectos productivos individuales o colectivos, incluyendo inclusive aquellos que se suspendieron durante la pandemia, 283 en total.

A la fecha del informe, tal y como señala el Doctor Carlos Ruiz, hay 509 proyectos productivos más que se estaban iniciando su ejecución, precisamente porque se estaba terminando el trámite de cumplir con los requisitos que dieran lugar a su desembolso.

Como parte de esa Ruta de Reincorporación que se ha mencionado acá, incluimos una garantía de vivienda y hemos promulgado medidas normativas para el acceso a tierras, dotando a las agencias correspondientes con mayores recursos legales y económicos. A la fecha, se han habilitado un total de 1.373 hectáreas para este propósito y se han entregado predios a los excombatientes para su uso.

Así mismo, se han destinado USD 4.2M para la adquisición de predios para el desarrollo de proyectos productivos y de vivienda en los antiguos Espacios Territoriales de Consolidación, ETCR, logrando así la compra de predios, correspondientes a 565 hectáreas. Y en marzo de este año, se había definido ya la situación jurídica de varios de estos espacios.

Nuestro Gobierno cumple con las personas en proceso de reincorporación, brindándoles los beneficios socioeconómicos, sin distinción por su lugar de ubicación. Hoy, el 95% de los excombatientes está bancarizado, el 99% está afiliado al sistema de salud, y más de 13 mil personas han recibido garantías económicas.

En segundo lugar, sobre las garantías de seguridad para excombatientes, existe una Mesa de Coordinación Interinstitucional que evalúa permanentemente los avances en la implementación de una estrategia centrada en fortalecer esta articulación interinstitucional para brindar seguridad a los líderes de las comunidades y, por supuesto, a todos los excombatientes.

No sobra recordar que las medidas de seguridad lograron que ningún candidato, óigase bien, ningún candidato de las FARC (ahora partido de los Comunes), fuera asesinado o secuestrado en las elecciones del año 2019 y un esquema similar está desarrollándose para las próximas elecciones de 2022.

Cabe señalar que, recientemente, el 1 de julio, el Consejero Emilio Archila, quien me acompaña hoy, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Implementación, lideró una nueva sesión para revisar las condiciones de seguridad de los excombatientes que mantienen su compromiso con la legalidad, y también las condiciones de seguridad para los líderes de sustitución de cultivos. Hoy, Colombia destina más de 24 escuadrones de carabineros, 54 pelotones del Ejército y 316 esquemas de protección individuales, con carros blindados, para los excombatientes de las FARC. 

También se han utilizado recursos importantes por parte de la Unidad de Protección de Víctimas para contratar 628 personas adicionales para la protección de los excombatientes de las FARC. ¡No cesaremos en el esfuerzo para proteger a todos aquellos que dejaron las armas y le apostaron a la paz!

Nuestro objeto es lograr que no haya ningún ataque en contra de los excombatientes; pero bien vale la pena resaltar que, en el primer semestre de este año, hubo una reducción importante de homicidios de excombatientes, no debería haber ninguno, pero estamos comparando las cifras de este año contra las del anterior, y hay una reducción de más del 20% en estos homicidios. Adicionalmente, ha habido grandes avances en todo lo que tiene que ver con las investigaciones judiciales, y en la captura de los autores materiales e intelectuales, vinculados a los homicidios de excombatientes. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, los autores de estos homicidios son personas vinculadas al narcotráfico y, desafortunadamente, parte de esas disidencias de las FARC.

También es importante señalar que la Fiscalía ha reportado que en abril de este año se están investigando 254 homicidios, 16 desapariciones y 42 tentativas, sobre las cuales también hay avances investigativos en el 52% de los casos, incluyendo 281 órdenes de captura y más de 40 condenas, en donde las muertes han sido responsabilidad del narcotráfico y de las propias disidencias de las FARC.

Excelencias,

Para los colombianos y para quienes han acompañado al país desde la firma del Acuerdo, es primordial que todos los mecanismos de justicia transicional brinden los mayores resultados, ello contribuirá, sin duda, a avanzar sólidamente en el proceso de reconciliación. Si bien se ha progresado en líneas como la del secuestro, tal como lo han señalado tres de ustedes en esta intervención de hoy, también es cierto que, por fortuna, la JEP definió el secuestro como crimen de guerra y de lesa humanidad, pero la sociedad colombiana reclama mayores esfuerzos y mucha más celeridad de parte de las FARC en brindar la verdad y también en que haya procesos judiciales por los múltiples casos de violencia sexual y de reclutamiento de niños ocurrido durante el conflicto.

No puede existir ninguna duda nuestra sobre el respeto a la independencia del sistema de justicia transicional, lo que es palpable en el diálogo constructivo y respetuoso que el señor Presidente, Iván Duque, ha mantenido con el Presidente de la JEP, el doctor Eduardo Cifuentes, así como en los esfuerzos presupuestales que hemos hecho para fortalecer esa jurisdicción y brindarle los recursos para su adecuado funcionamiento. En este marco, quiero agradecer muy especialmente a ustedes, al Consejo de Seguridad, por la aprobación unánime de la Resolución 2574 del pasado mes de mayo y, especialmente, al Reino Unido como “pen holder”, por ese apoyo brindado en este propósito.

Dicha resolución, que se presentó a nuestro pedido, ha ampliado el mandato de la Misión, y debe ser, como se ha señalado, una inspiración para que los mecanismos de justicia transicional, cuyos avances se reconocen en el informe, fortalezcan su empeño en trabajar de manera más rápida y efectiva. Es importante que todas las investigaciones de la JEP prosperen y que veamos unas contribuciones mayores en materia de verdad, de no repetición y el cumplimiento de las sanciones que la Jurisdicción impondrá.

Señor Presidente,

El informe recoge, de manera transversal, algo que está en el centro de la agenda de este Gobierno y ello es el enfoque de género, esa es una de nuestras principales prioridades para impulsar la equidad. o agradezco enormemente a Melisa por su intervención, quiero referirme ahora a algunas de sus solicitudes, porque su intervención me conmueve.

Ha sido, precisamente, ese el propósito de toda nuestra política de equidad de género, en lo cual creo que Colombia, sin duda, puede contribuir a muchos países sentados en esta mesa sobre los avances que tenemos desde el punto de vista institucional para lograr esa verdadera equidad de género. De acuerdo con nuestro análisis, en el 57% de los indicadores del Plan Marco ya se ha finalizado con un cumplimiento alto o con un pleno cumplimiento y hay 51 indicadores de género que también tienen grandes logros.

El propio Instituto Kroc destacó esta metodología de seguimiento y el acompañamiento de las 18 entidades del Gobierno nacional; las mujeres son protagonistas en la consolidación de la paz y, por eso, hoy quiero señalar la entrega de tierras formalizadas y también los apoyos económicos a múltiples mujeres que hacen parte de este proceso.

Pero también señalamos la necesidad de que se oiga a otras mujeres, excombatientes, las mujeres de Rosa Blanca que insistentemente han venido denunciando todos los atropellos y violaciones de las que fueron objeto por parte de sus propios comandantes cuando estaban ellas alzadas en armas contra el Estado colombiano.

En junio de este año se aprobó el Documento de Política CONPES, que fortalece la atención en reparación a las víctimas, este incorpora el enfoque de género y establece acciones diferenciales adicionales.

Quiero agradecer la labor del Representante en respuesta al pedido de apoyar los diferentes aspectos de los diálogos entre el Gobierno y el Comité del Paro y distintos actores de las protestas sociales que tuvieron lugar en Colombia en los últimos dos meses.

Estas protestas no obedecen al incumplimiento del Gobierno en materia de este acuerdo. Son protestas que –de seguro- varios países han sufrido como consecuencia del dolor que vive la humanidad entera, por cuenta de esta pandemia, que se ha llevado millones de personas y ha empobrecido a millones de seres humanos en todo el planeta. Esa es la razón principal de la gran insatisfacción que hay en Colombia.

Se ha agravado la pobreza y la pobreza extrema. Y esa es la razón por la que hemos dado prioridad a atender la solicitud de los jóvenes. Establecer un programa para garantizar educación gratuita para todos los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y un subsidio reciente, que se estableció por el Presidente Duque, para que los empresarios generen nuevos empleos a los jóvenes. Ese subsidio, equivalente al 25% de los salarios, permitirá que los empresarios puedan contratar mucha más juventud y, de esta manera, contribuir a la estabilidad social de nuestro país.

Durante estas protestas hemos tenido que lamentar varias muertes. Muertes que nos duelen. No importa el número, lo importante es que no ha debido haber un solo muerto en medio de las manifestaciones. Estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas y legítimas, que nuestro Gobierno apoya y protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron, desarrollando vandalismo y destrucción.

Hemos tenido 15.000 eventos de protestas, a partir del 28 de abril, y solamente en 1.400 ha habido intervención de la Fuerza Pública. Esto quiere decir el 11% o algo menos que han requerido la intervención de la Fuerza Pública.

La Fuerza Pública está obligada a proteger las manifestaciones pacíficas, como se ha mencionado acá, pero también está obligada a proteger la seguridad de los ciudadanos, el orden público y los bienes públicos. Aquí hemos visto un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país.

Es eso lo que hemos vivido, con horror, en Colombia. Y lamentablemente vemos también una extraña coincidencia con el proceso electoral que se avecina. Nosotros creemos en una paz verdadera, que se construye desde las instituciones, desde la democracia, la división de poderes y la inversión económica para generar empleos.

Desafortunadamente, hay gente que pretende llegar al poder destruyendo el sistema vigente que tenemos en Colombia. Y, por eso, es tan importante la compresión de este Consejo de Seguridad. El tema que hoy nos trae es la implementación del acuerdo y los dos mandatos que trae. Estamos de acuerdo con las 5 prioridades señaladas por el Secretario General, pero creo que hay muchas afirmaciones que aquí se han hecho, que nos gustaría tener la oportunidad de aclarar, precisar y desvirtuar porque son afirmaciones que, seguramente, les han transmitido a través de los medios. Voy a hablar directamente con los distintos embajadores que están en Bogotá, para aclararles que mucha de esta información no responde a la realidad.

Nosotros tenemos instituciones: una Fiscalía y Procuraduría, que funcionan y ejercen su actividad con total independencia y que están encargadas de verificar cualquier responsable de alguna violación de los Derechos Humanos o cualquier responsable de un abuso de autoridad, para imponer las sanciones más drásticas, por que estamos totalmente convencidos que eso es lo que está a tono con nuestro compromiso con la democracia de Colombia.

A Melissa quiero decirle que las solicitudes que ha elevado son viables. De hecho, muchas de ellas tienen avances significativos. De hecho, estamos haciendo un diálogo con los jóvenes en todo el país, precisamente en la construcción de un pacto por la juventud, que debe trascender para el largo plazo, que va a dejar compromisos también para el Estado colombiano en lo que queda de este Gobierno y hacia el largo plazo, en el fortalecimiento de la educación, sus condiciones para el acceso al empleo y, sobre todo, la participación.

Por eso, el Presidente ha insistido tanto en esa elección de los Consejos de Juventud, que se iban a hacer el año pasado, la Registraduría tenía todo preparado, pero se vino la pandemia y esos Consejos de Juventud se van a elegir por parte de los jóvenes este año.

Hay un gran trabajo de la Primera Dama, María Juliana Ruíz, para que haya acceso a los jóvenes a todas las oportunidades y, entre otras cosas, para que haya un acceso a ese liderazgo político del cual estaba hablando Melissa. Tenemos que lograr que la justicia avance en todas las investigaciones de crímenes contra los jóvenes, que se haya dado en cualquier contexto, en el de las protestas o en cualquier otro.

Les mencionaba que las cifras no son precisas, lo que hemos trabajado con la Fiscalía y con la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son unas cifras distintas, pero repito, cualquier muerte se tiene que investigar, se tiene que identificar a los responsables y sancionarlos.

Creo también en que el compromiso tiene que ir para el largo plazo, de tal manera, que todos estos puntos en Bogotá los analizaremos con Carlos Ruíz, precisamente para que haya un compromiso muchísimo más formal.

Agradezco, especialmente, las menciones que han hecho varios de ustedes, en particular el representante de Vietnam, el de México, el de Estados Unidos, el de Reino Unido, la representante de Noruega, el de la India, de Francia y su solidaridad para con nuestro Presidente por ese atentado totalmente inaceptable que sufrió en un helicóptero. Atentar contra un presidente, es atentar contra la democracia, es atentar contra la estabilidad de una Nación. Tenemos claro, que los autores de este atentado desafortunadamente han tenido mucho apoyo.

Me parece necesario que la representante de San Vicente y las Granadinas, tenga claro que para nosotros también es extremadamente preocupante lo que sucede, pero creo que distintos casos de excombatientes vale la pena poder precisar. Hay muchas intervenciones de ustedes que yo prefiero enviarles una nota, si se acostumbra, para poder despejar las afirmaciones. Aquí hay muchos reconocimientos, pero también muchas obedecen a que quizás de parte nuestra, no ha habido suficiente información. Queremos mantenerlos actualizados, trimestralmente hay que traer información sobre los avances y estoy segura que en cada trimestre van a ver más y más avances.

El próximo mes de noviembre vamos a conmemorar los cinco años de haber firmado este acuerdo, esperamos que todos ustedes puedan visitar a Colombia. Estoy extendiendo la invitación de parte del Presidente Iván Duque, ayer se extendió al Secretario General, para que ustedes puedan también -por sus propios medios- conocer qué es nuestro país, cómo el trabajo del Consejo de Seguridad ha contribuido a los avances de Colombia, cómo van a encontrar un país en donde el compromiso con el diálogo, con la construcción de una democracia, con la construcción de un país próspero, desarrollado e incluyente, es un compromiso de todos los días, de su Presidente, de su Gabinete y de la sociedad colombiana.

Hay mucho dolor en la sociedad colombiana por tantos años de sufrimientos, pero sabemos que hay que construir todos mirando hacia delante, por el futuro de Colombia.

Quisiera terminar con un punto que es muy importante, que el Consejero Emilio Archila me pidió mencionar, como son las etnias. Para nosotros es fundamental que la paz de Colombia incluya a todas las personas de nuestro país, a hombres y mujeres, de todos los colores y razas, no podemos hacer ningún tipo de diferenciación. Pero, además, tenemos una instancia específica de género en la cual, se ha invertido presupuesto nacional y recursos, por más de medio millón de dólares, con 97 compromisos que tienen –todos- su propia planeación.

Muchos de ellos, están totalmente terminamos. En los planes de desarrollo territorial también tenemos mecanismos especiales, de consulta étnica, como de comunidades indígenas y la mesa de género.

Las recomendaciones de ustedes son válidas, pero nosotros por nuestra propia convicción, por nuestra propia ética, por nuestra propia dedicación al país sabemos que no puede a ver ninguna diferenciación de razas, entre colores.

También quiero decirles que un gran compromiso ha demostrado nuestro país, en lo que significa el dolor de la migración. Hoy tenemos en Colombia 2 millones de venezolanos para los cuales estamos trabajando todos los días, vacunándolos, dándoles las mejores condiciones de vida y lograr que tengan empleo y una verdadera capacidad de incorporarse a nuestra sociedad. Por eso, el Presidente Iván Duque lanzó ese programa de Protección Temporal a 10 años, en el cual, esperamos seguir contando con el apoyo de sus países. Muchas gracias a todos aquellos que participaron en la Mesa de Donantes liderada por Canadá, el pasado 17 de junio.

 

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