Bogotá D.C., 1 de julio de 2021

Saludo de manera especial al Representante Permanente ante OEA, el Embajador Washington Abdala; muchas gracias por estas palabras como siempre cálidas, expresivas, sinceras, solidarias y afectuosas hacia Colombia. Gracias por la solidaridad y el rechazo al vil atentado del que fue objeto el Presidente de la República, Iván Duque y nuestros ministros de Defensa e Interior. Hoy justamente hace una semana.

Saludo a nuestro querido Secretario General de la OEA, el doctor Luis Almagro, y a todos los directivos de la organización, a los Embajadores, a los Representantes Permanentes de los países miembros ante la OEA.

Saludo muy afectuosamente a nuestro Embajador, al doctor Alejandro Ordoñez, Representante Permanente de Colombia ante la OEA y a todas las personas que nos están acompañando hoy.

Para mí es un honor como Vicepresidenta de Colombia y Ministra de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno del Presidente Iván Duque, pero sobre todo, en representación de toda la Nación colombiana, expresar un saludo cordial y fraterno a todas las familias que, a lo largo y ancho de todo el hemisferio -durante este año y tres meses-, han perdido a sus seres queridos como consecuencia de esta crisis sanitaria. Lamentablemente son millones de familias en el mundo que tienen hoy, un lugar vacío en la mesa para siempre como consecuencia de una pandemia, para la cual, no estábamos preparados y que nos está anunciando lo que puede suceder en el futuro, los desastres que pueden llegar a la humanidad por nuevas pandemias, nuevos virus, nuevas cepas, como también los desastres como consecuencia del cambio climático.

Este es un momento de recogimiento por tantas familias que han perdido sus seres queridos; un momento de reflexión y de una gran responsabilidad con el hemisferio para evitar nuevas muertes como consecuencia de este tipo de eventos.

Colombia ha solicitado la realización de esta sesión para reiterar nuestro compromiso con la OEA, como una organización y un sistema absolutamente fundamental, tanto para la democracia como para la promoción, la garantía, el respeto de los derechos humanos en nuestro hemisferio, en esta coyuntura tan difícil para la Región, para el mundo.

La OEA tiene, como todos sabemos, una gran responsabilidad. Un compromiso firme y renovado de todos los Estados miembros para servir, para encauzar y, para que de manera cada vez más eficiente, más oportuna atienda las preocupaciones, las esperanzas, las necesidades, los anhelos de tantos ciudadanos en nuestros países, quienes merecen mejores condiciones de vida en concordia, para una vida en paz.

Máxime ahora, cuando desafortunadamente estamos transitando por esta realidad tan compleja y la incertidumbre ante lo que va a suceder con esta pandemia, ¿Cuánto tiempo más va a durar? ¿Cuántas vidas más va a cobrar? ¿Cuántos empleos más vamos a perder? ¿Cuánta riqueza más se va a destruir?,. Hay temor en muchos países y sobre todo, en nuestra América Latina.

El caso de Colombia es muy particular. Como muchos de nuestros países venía transitando por una realidad difícil, enfrentado el desafío de tener un mayor crecimiento económico, sobre todo, un crecimiento que de verdad generará una disminución de la pobreza. Ese ha sido el principal objetivo de Colombia durante las últimas dos décadas.

Habíamos logrado avances económicos y sociales muy importantes, aumentando los niveles de consumo del sector privado y el auge de las inversiones privadas, venía realmente impulsando la economía colombiana, evidenciadas en las proyecciones de crecimiento y de generación de empleo, que para nosotros es lo más importante. Pero la llegada de esta pandemia nos cambió todos los pronósticos. No obstante, gracias a las políticas macro-económicas que se habían conseguido con un crecimiento sostenido, pudimos responder a esta crisis de manera audaz y oportuna.

El Presidente Iván Duque con un gran liderazgo, y sobre todo con un sentido de urgencia, adoptó con nuestro Ministro de Hacienda muchas medidas de carácter social que nos permitieron dar una respuesta inmediata a tanta gente que tuvo que confinarse en ese aislamiento forzado. Mucha gente, que por su condición precaria de vida o por la informalidad en la que viven, no tenían ningún ingreso, por esa razón, fue muy importante la reacción inmediata para generar ingresos que permitieran aliviar la situación de las familias.    

En estas últimas décadas, Colombia había logrado avances muy importantes en la reducción de la pobreza extrema y de la pobreza multidimensional. En diciembre del 2019, la pobreza extrema y la pobreza multidimensional habían bajado de manera significativa, la extrema estaba alrededor del 9,6%. Tenemos la confianza que al estar comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, vamos a apostar a que el 2030 signifique acabar la pobreza extrema.     

Los porcentajes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social han aumentado en nuestro país, hoy tenemos una cobertura del 95,2% de la población colombiana. Distintos avances también en materia de educación, que en este momento han sido mayores, porque este Gobierno ha asignado el presupuesto más alto de la historia al sector de la educación, convirtiéndolo en la prioridad nacional.

También se han hecho avances en materia de protección y de garantía de los derechos humanos, que están muy ligados a estos elementos que acabo de mencionar. Sin educación, sin empleo, es difícil hablar realmente de una verdadera garantía y de una promoción de los derechos humanos. Tenemos que trabajar todos por lograr una vida digna para nuestros ciudadanos y por esa razón, este compromiso de Colombia en materia de protección y los derechos humanos tiene que ver no solamente con la reducción de muertes, que durante estos últimos tres años se ha tenido la tasa más baja de homicidios en Colombia, la tasa de secuestro más baja, y un esfuerzo enorme para seguir reduciendo el área sembrada en coca. Ustedes saben muy bien, ese fue justamente uno de los reclamos de quienes hoy estamos en el Gobierno, cuando durante el proceso de paz, acompañábamos el proceso, pero hacíamos reclamos porque ese acuerdo tuviera medidas mucho más contundentes, efectivas, exigentes, para lograr terminar con el negocio de las drogas en Colombia, porque allí, hay un factor generador de violencia y de permanente agresión a los derechos humanos, así como un factor que acaba la economía, que destruye la base social de nuestro país y afecta la democracia.

Es muy importante para nuestro Gobierno que se conozca este contexto por el cual está transitando Colombia, obviamente estas circunstancias que hemos vivido recientemente, sin duda, son circunstancias que muchos de nuestros países comparten en mayor o menor medida, con diferencias de matices. Quiero reiterar, que, para Colombia, cuando se habla de derechos humanos es fundamental, lograr un compromiso permanente con el sostenimiento, la profundización y defensa permanente de la democracia, así como un enfoque permanente en la seguridad y la protección de la vida de los ciudadanos, y el desarrollo integral, a través del empleo que permita dignificar las condiciones de vida.

Para Colombia es fundamental esa Carta Democrática Interamericana, es un instrumento clave para fortalecer la institucionalidad democrática y nuestra institución en este hemisferio. Por esa razón quiero decirles, que nosotros hemos enfrentado retos enormes de gente que quiere ver fracasar la democracia colombiana y por eso, estamos comprometidos con el fortalecimiento institucional,   pero requerimos como siempre, y más que nunca la solidaridad, la cooperación de todas las Naciones del hemisferio, de todas las instituciones para que realmente avancemos todos dentro de lo que significa el responder a las amenazas que el Estado de Derecho ha venido sufriendo. Todas estas amenazas que se ciernen sobre nuestros sistemas democráticos, porque no podemos permitir que, en un momento como estos, donde hay tanto dolor, desconcierto ciudadano -por las razones que hemos anotado-, se utilicen por parte de algunos que están buscando su interés político, sus escenarios políticos para afectar el Estado de derecho, la fortaleza institucional.

Nuestro país es un país que ha trabajado muchísimo por lograr fortalecer esa democracia, esa división y ese equilibrio de los poderes, el respeto y la garantía de los derechos inalienables de las personas. El principio democrático, las normas de participación política que están en nuestra Carta Interamericana que obligan a todos los Estados a la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal, es algo que en Colombia jamás permitiremos que se vulnere.

La democracia de las Naciones de nuestro hemisferio es fundamental, y se requiere justamente para que haya un progreso de todos y una capacidad realmente de integrarnos mejor, de lograr este fortalecimiento en la integración hemisférica, pero sobre todo en la integración latinoamericana.

La deriva antidemocrática del gobierno de Venezuela desafortunadamente con el objetivo de perpetuarse en el poder, ha impactado a muchos países, pero particularmente a Colombia, que, con gran solidaridad, con gran compromiso, ha recibido de manera masiva esa migración venezolana que se encuentra en un momento absolutamente crítico, en donde todos los derechos humanos han sido vulnerados.

Hay factores de desestabilización y violencia y riesgos para la seguridad, también el crimen transnacional, el narcotráfico, precisamente porque los grupos armados, organizados, han establecido un enclave permanente en el territorio del país hermano, en particular en las zonas de frontera, esto genera realmente un gran riesgo, no solamente para Colombia, sino para todos los países de la región.

Cualquier amenaza a la seguridad de la población de nuestros países es una amenaza a todos, y en el caso de Colombia, son amenazas en donde buena parte de estos miembros desmovilizados de las Farc, de los grupos terroristas y del narcotráfico son precisamente los causantes de la muerte de muchos líderes y defensores de derechos humanos en varias regiones del país, y sobre todo en esas regiones cercanas a la frontera o en las regiones en donde se ha concentrado y se ha consolidado la producción del narcotráfico.

Nuestro Gobierno tiene el reto de combatir y de enfrentar todos estos grupos ilegales, y como es de público conocimiento, el hecho que se presentó la semana pasada, no solo es un atentado terrorista, sino es un atentado de la mano del narcotráfico en donde la criminalidad organizada pretende amedrentar a una democracia que es fundamental, no solo para los colombianos, sino para todo el hemisferio. Por eso necesitamos, como les dije, toda la solidaridad y el apoyo y el acompañamiento de todos los países que hacen parte de esta organización.

Recordemos que este atentado al Presidente de la República, había sido precedido el 15 de junio de otro atentado en la misma brigada del ejército, donde afortunadamente no hubo víctimas, pero es el mismo perfil con circunstancias muy parecidas. Por eso quiero reiterar, que todos los miembros de esta organización debemos exigir que se cumplan las obligaciones universales de la lucha contra el terrorismo que están contenidas en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: “Ningún país en ningún lugar del mundo debe dar albergue, ni facilitar el financiamiento del terrorismo”.

Para nosotros es muy importante en estos momentos seguir adelantando esfuerzos para implementar todas las estrategias que nos permitan contrarrestar los efectos del narcotráfico, pero, sobre todo, avanzar en mucha más cooperación regional. Este principio de corresponsabilidad frente a la amenaza del narcotráfico y las economías ilícitas es también algo fundamental, porque no basta con que el narcotráfico se vaya de Colombia, es un imperativo legal, moral, pensando en todos nuestros jóvenes, impedir también que se vaya hacia el sur, que se vaya hacia el norte, que se vaya hacia Centroamérica, hacia el Caribe, porque sabemos el daño irreparable que hace el narcotráfico.

En nuestro país hemos venido trabajando permanentemente por fortalecer también la calidad de nuestras instituciones armadas, las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional, precisamente para que su trabajo que es velar por la seguridad de los colombianos, se haga siempre dentro del más absoluto respeto a los derechos humanos y ese esfuerzo lo seguiremos haciendo porque sabemos que la vigencia y la permanencia de la democracia depende fundamentalmente de la credibilidad y de la legitimidad que tengan estas instituciones. Exigiremos como lo ha dicho el Presidente Iván Duque, que actúen permanentemente en prevención de los delitos, en disuasión y persuasión, pero siempre en una reacción contundente, oportuna y respetuosa de los derechos humanos, dentro de ese marco tiene que moverse la Fuerza Pública en Colombia.

En esta área, los avances son significativos. Los organismos de control, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación que vienen trabajando de la mano -cada uno dentro de su individualidad- para garantizar que cualquier acción individual de un miembro de la Fuerza Pública realmente tenga la investigación necesaria dentro de la justicia ordinaria y las sanciones del caso cada vez que se compruebe algún tipo de abuso de autoridad o violación de los derechos humanos, por parte de un miembro de nuestra Fuerza Pública.

Saben ustedes que esta migración que hemos vivido es una migración sin precedentes y esto significa entonces que tenemos un doble desafío: lograr que la respuesta del Estado colombiano frente a esta población venezolana, sea oportuna, eficiente, y por ello, quiero agradecer a todos los miembros de la Organización que nos han acompañado en la Mesa de Donantes el pasado 17 de junio, sabemos que los recursos que llegan para la migración venezolana siguen estando muy por debajo de lo que necesita cada uno de ellos, muy por debajo de los recursos que la Cooperación Internacional ha brindado, por ejemplo, a la migración Siria. Nosotros en Colombia, seguimos trabajando todos los días, para que cada venezolano que está en nuestro país goce de todos los derechos exactamente igual, como lo hacen los colombianos. Una muestra de ello, es que también están incluidos en nuestro Plan de vacunación, porque nuestro compromiso, es que tengan en nuestro país las condiciones para proteger su vida, su salud y desarrollar una vida digna.

En materia de derechos humanos, nuestro compromiso es absolutamente incuestionable. Hemos vivido este tiempo de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, de tanto desasosiego ciudadano que entendemos y respaldamos, porque este es un desasosiego que se vive en todas las familias, esto no hace diferencia de estratos sociales. El temor, la pérdida del empleo, la pérdida de las empresas, la destrucción de las riquezas a todos nos afecta, por eso, entendemos ese deseo y esa participación legítima de tantos jóvenes, de tantos ciudadanos en unas protestas que como Estado siempre respetaremos, porque eso hace parte de nuestra convicción democrática. Pero también entender, que esas protestas tienen que hacerse de manera pacífica, como lo exigen todos los instrumentos internacionales, y los instrumentos de nuestro hemisférico.

Desde el 28 de abril, como todos ustedes conocen, Colombia ha venido sufriendo una situación totalmente atípica, completamente desconocida para nosotros, porque de la mano de esas protestas, desafortunadamente, se han desarrollado una serie de actividades violentas, de vandalismo, no solamente dedicado a escribir grafitis, a dañar las paredes, sino actividades absolutamente violentas por parte de grupos minoritarios que han utilizado las protestas para destruir, para incitar a la violencia, para salir armados o poner las famosas líneas invisibles de cables de acero muy delgados atravesando una vía como lo que sucedió hace dos días, donde un muchacho, un estudiante desprevenido, venía en su motocicleta a su casa y pasó sin darse cuenta del cable que lo desnucó, terminando con su vida.

Hemos tenido durante este tiempo 14.055 manifestaciones, de las cuales 12.416 han sido pacíficas. Lamentablemente ha habido cerca de 1.600 violentas, en donde se ha presentado vandalismo, por lo que han requerido la intervención de la Fuerza Pública colombiana.

Con eso quiere decir, que cerca del 10% han necesitado la intervención de la Fuerza Pública. Entonces, que no se diga que en Colombia se desconoce la protesta pacífica porque la Policía está interviniendo en las protestas. No es cierto, solamente en un 10%, en donde se han dado estos actos criminales, vandálicos, inaceptables en cualquier país, en todos los de ustedes queridos embajadores, en cualquier país de Europa, del Asia, en donde cualquier acto de violencia de esta naturaleza requiere la inmediata intervención de la Fuerza Pública.

También hemos visto una situación sin precedentes de destrucción del patrimonio de los colombianos, de la infraestructura, de los sistemas de transporte público destruidos a gran escala, entonces realmente el modus operandi que nos llama la atención, es algo que tenemos que tener en cuenta, una situación muy parecida a lo que vivieron en Chile y en Ecuador en el 2019, y mañana puede suceder en cualquiera de nuestros países.

Tenemos que cooperar con esta experiencia vivida, cooperar sobre las mejores prácticas para prevenir, cooperar sobre las mejores prácticas de cómo dialogar, cómo escuchar mejor esta voz ciudadana, este clamor, cómo seguir tomando medidas de política pública en materia de desarrollo económico que sean más efectivas, más oportunas, porque lo que le ha sucedido a Colombia, le puede suceder mañana a cualquiera de los países del hemisferio.

Es por eso que tenemos que insistir, en que la manifestación pacífica es un derecho como está en nuestra Convención Americana, el pacto de derechos civiles y políticos, pero también sabemos que estos instrumentos nos dicen que el Estado tiene que actuar cuando se trata de la defensa y seguridad nacional, cuando se trata de la defensa del orden público y cuando se trata de la defensa de los derechos de los demás ciudadanos.

En estas protestas de Colombia, la Policía ha incautado más de 41.000 armas (pistolas, revólveres, e inclusive armas de largo alcance y armas cortopunzantes), por lo que hay que separar los dos fenómenos y permitir que las autoridades actúen contundentemente cuando no hay una protesta pacífica, porque el Estado y en general todos nuestros Estados, tienen la obligación de proteger los derechos de todas las personas, de los que protestan, pero también de los que no protestan. Es en esa ponderación de derechos y en ese equilibrio que podemos nosotros realmente transitar hacia un mayor bienestar, hacia un fortalecimiento de las democracias, no podemos jamás hacer rogatorios los derechos de los manifestantes, pero tampoco de los demás ciudadanos. Es una función permanente de la Fuerza Pública el intervenir y garantizar el orden.

En Colombia, la Policía Nacional es un cuerpo civil, que tiene un marco normativo exigente, que se ha venido adecuado permanentemente. Yo fui ministra de la Defensa hace 18 años y desde entonces, se está ajustando permanentemente todo el marco normativo, de acuerdo con estándares internacionales, en particular conocer cuando procede el uso de la fuerza y qué tipo de acciones se pueden tomar. Recuerden que, en Colombia, por ejemplo, la policía es multitarea. Tienen a su cargo la protección de la juventud y de la niñez, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana en las calles, y también obviamente la lucha contra el narcotráfico. Con protocolos de actuación especializado para cada uno y todos ellos con el elemento transversal: el respeto a los derechos humanos, siempre, como un requisito sine qua non de la Policía Nacional.

Los eventos, repito, en donde se requiere la actuación de la Fuerza Pública, serán siempre en el marco legal de cómo proceder de acuerdo a los protocolos, y sujeto a las acciones en caso de que incumpla o en caso de que actúe dolosamente, abusivamente contra un ciudadano violentando los derechos humanos.
Durante todo este proceso de mejoramiento institucional, el Presidente, lideró una reforma a la Policía, que se presentó al Congreso de la República en noviembre del año pasado. Recientemente, el Presidente anunció otra serie de reformas para seguir avanzando en la profesionalización de la Policía. Crearemos un observatorio de derechos humanos al interior de la Policía Nacional y también les quiero señalar algo que es muy importante y es que, en Colombia, la Policía está ubicada institucionalmente dentro del Ministerio de Defensa, pero toda su doctrina, toda su organización es civil y obviamente tiene su formación totalmente independiente de la escuela de formación de nuestros militares.

Por otra parte, quiero referirme a algo que también es posible que en algún momento suceda en cualquiera de sus países y es que al interior de una protesta es posible, claro, que se produzca la interrupción del tráfico, que se produzcan en un momento determinadas limitaciones a la movilidad, pero otra cosa distinta, son los bloqueos que se producen inclusive, con el objeto de amenazar la vida de los ciudadanos.

Colombia ha sufrido bloqueos diseñados perfectamente para cercar no solamente algunas ciudades sino para afectar la vida y la salud de los colombianos. Se bloqueó, por ejemplo, la salida de los tanques de oxígeno, que deberían llegar a los hospitales y a las UCI en el momento más alto de esta pandemia para Colombia. Se bloquearon ciudades enteras a las que se impidió la llegada de medicamentos y alimentos. Eso no es simplemente una obstrucción en la movilidad, es un acto que, en el Código Penal colombiano, en el artículo 353 se define como delito porque atenta contra la vida humana, contra la salud pública y, por supuesto, contra los derechos de todos los ciudadanos.

Nosotros seguiremos siempre defendiendo los derechos de los colombianos, defendiendo la propiedad de los colombianos, la infraestructura, la libertad, porque cualquier vulneración de esa cláusula convencional sobre la correlación entre derechos y deberes que están en el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos significaría el desconocimiento de lo que es la esencia de una democracia.

Como les mencioné, hemos tenido algunas actividades violentas al interior de todas las 14.000 manifestaciones, protestas, etc., así como 3.500 bloqueos, una cantidad significativa que ha afectado el derecho a la vida, a la integridad personal de los colombianos. Así como la incautación de una gran cantidad de armas cortopunzantes llegamos a cerca de 70.000 incautadas, lo que nos muestra realmente que sí ha habido una infiltración dedicada justamente a afectar toda la institucionalidad, la tranquilidad ciudadana, la vida de los colombianos, y sobre todo, afectar totalmente, la estabilidad de nuestro país.

Hemos tenido una gran cantidad de personas heridas, tanto de personas de la población como de uniformados, cerca de 1.100 personas civiles, 1.400 personas uniformadas también con heridas graves. Todo esto lo está investigando la Fiscalía General, para proceder contundentemente y aplicar la justicia y las sanciones que correspondan a los responsables.

El impacto económico, ustedes no se imaginan de qué tamaño es. Como saben que aquí se iba a hacer una reforma tributaria que fue la gota de agua que desbordó la copa. Esa reforma tributaria estaba dirigida a generar unos ingresos de 24 billones de pesos necesarios para poder asumir todos estos costos sociales de la pandemia. Pues les quiero decir que, a partir del 28 de abril se ha destruido en Colombia más del 50% de lo que íbamos a generar con esa reforma tributaria. 12 billones de pesos ha perdido Colombia, esto son 4.000 millones de dólares, 1.700 bienes privados perdidos, 2.200 bienes públicos en una gran destrucción de la infraestructura del sistema de transporte público, tantas cosas como les mencioné antes, de tal manera que yo quiero, queridos embajadores, enfatizar ese compromiso nuestro con el respeto al derecho, a la protesta, pero señalar hay jornadas de protestas que se utilizan por minorías que tienen un clarísimo propósito, que es generar desconcierto, caos, destrucción, debilitar la institucionalidad, afectar la gobernabilidad, en fin desestabilizar a nuestras sociedades.

Seguiremos trabajando en distintas reivindicaciones para los colombianos, aquí hemos hecho realmente muchas reformas durante estos tres años de Gobierno. Algunas que se han acelerado recientemente, una de ellas, garantizar la matrícula gratuita para los estudiantes de educación superior en los estratos 1, 2 y 3, esto es algo muy importante, que lo queríamos hacer desde antes, íbamos en un cincuenta por ciento de jóvenes, hoy se ha decidido aumentar la cobertura al cien por ciento, por lo que se hace necesaria una nueva reforma tributaria que habrá que presentar sin aumentar impuestos de la clase media, que permita cumplir con este propósito de la educación.

Se ha generado un subsidio al empleo para contratar a jóvenes, este subsidio va a tener 25% del salario mínimo justamente para garantizar que las empresas que los contraten les garanticen la seguridad social sin que signifique un costo para la empresa. Se han generado beneficios adicionales en subsidios para la vivienda para los jóvenes, créditos para nuevos emprendimientos sobre todo en zonas rurales y también en zonas urbanas para la gente joven y se viene trabajando en unas mesas de diálogo para lograr sacar adelante un CONPES de la Juventud. El CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social que toma directrices de corto, mediano y largo plazo.

Hemos tenido una mesa del paro que desafortunadamente también se utilizó como una manera de presionar políticamente al Gobierno del Presidente Iván Duque, quien seguirá en el proceso de dialogar con ellos, quienes lamentablemente algunos, promovieron buen parte de todos estos paros que tanto daño le han hecho al país. Lo más importante, es que seguiremos trabajando con toda nuestra capacidad en un Plan de Vacunación masiva, de reactivación económica segura y esperamos tener vacunadas 35 millones de personas en la segunda quincena de septiembre.

Parte del desasosiego que se generó y lo que supuestamente motivo a las protestas es que hubo muchísima desinformación en las redes sociales y este también es un tema para prevenirlo que en cualquier país puede suceder. Las redes sociales diciendo: el gobierno no compró vacunas, no van a poder vacunar a tiempo, la vacunación se va a demorar tres años y todo esto exacerbó realmente los ánimos, cuando nuestro gobierno había comprado las vacunas desde comienzo de este año para que el 70% de la población que son 35 millones de ciudadanos estuvieran vacunados en diciembre de este año.

Gracias a la cooperación internacional, hoy nos está llegando una donación de Estados Unidos de 2,5 millones de vacunas de Janssen que nos ayudarán a acelerar la vacunación y cumplir con la meta, de inmunizar a 35 millones de colombianos en la segunda semana de septiembre próximo y para seguir apoyando la vacunación de otros países. Como saben, recientemente hemos apoyado con un millón para la vacunación de los países del Caribe, porque sabemos también la situación que están viviendo varios de ellos.

Quiero terminar recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, estuvo en Colombia. Cuando visité Washington, yo misma en una visita con el Embajador Alejandro Ordoñez, les dije: bienvenidos a Colombia, pero sigamos la secuencia lógica en esto, ustedes pidieron información a la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría, recíbanla y analícenla y después realizan la visita de trabajo a Colombia. Ellos tenían en ese momento, citada una audiencia pública sobre la situación de Colombia para el 28 de junio y yo les propuse entonces, que hicieran la visita a Colombia después de recibir la información y después de la audiencia pública es decir, 29, 30 de junio cuando ellos quisieran. Posteriormente, la Comisión tomó la decisión de suspender la audiencia pública del 29 de junio y por esa razón, pudimos anticipar la visita para el 7, 8 y 9 de junio.

Fue una visita muy importante, se reunieron con el Presidente de la República, con todos los jefes de los organismos de control como son: la Fiscal General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como con los distintos ministerios relevantes en esta materia y, el Consejero Presidencial para la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, sobre este asunto, les comentó que se ha implementado, inclusive con resultados muy superiores a lo que estaba programado en el momento mismo en que se empezó a implementar, por lo que no es cierto, que no hay compromiso del Gobierno con esta implementación, todo lo contrario.

La Comisión también se reunió con la Consejera de Derechos Humanos y los más importante, pudo comprobar que en Colombia hay un marco normativo, hay institucionalidad democrática, sólida, participativa, exigente, pluralista, garantista de los derechos humanos, que aquí, el respeto a los derechos humanos no es coyuntura, no es de un gobierno, es algo en lo que venimos trabajando hace muchos años. De hecho, Colombia ha tenido un gran liderazgo en la OEA justamente en estos temas de derechos humanos, a mí por ejemplo como Ministra de Defensa hace 18 años, me correspondió montar la primera Escuela de Derechos Humanos al interior del Ejército y de las Fuerzas Militares de Colombia, entonces, esto es una política de Estado, en la medida en que todos nosotros sabemos que la amenaza a los derechos humano tiene multiplicidad de factores y el Estado está obligado a evitar que haya amenazas a los derechos humanos provengan de donde provengan.

Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo comprobar toda la fortaleza institucional y con ella la autonomía de los órganos de control y autoridades judiciales con plena capacidad y voluntad para investigar, juzgar y sancionar los presuntos casos de violaciones a los Derechos Humanos; la apertura de Colombia a esta observación, al acompañamiento internacional, y nuestra participación en el sistema interamericano que ustedes conocen, el cumplimiento de todos los compromisos internacionales, todo lo cual fue reconocido por los comisionados en la visita de trabajo y en las distintas reuniones privadas que tuvieron.

En el marco de estas protestas, y desde tiempo atrás, en la implementación del Acuerdo de Paz, tenemos en Colombia 20 agencias de Naciones Unidas, entre ellas, la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

De tal manera que toda esta presencia institucional, ese acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, sus informes trimestrales al Consejo de Seguridad de la ONU y la Misión de Apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, MAPP-OEA, que ha sido tan valiosa, tan constructiva para Colombia, pues tiene que darles a ustedes la más absoluta garantía, no solo del compromiso institucional del Estado, del país, de este Gobierno, sino de la apertura que tuvimos con la Comisión, porque ese también es un deber ético y es el compromiso que tenemos nosotros para generar  más confianza y más credibilidad en las instituciones colombianas, porque de ellas depende repito la sostenibilidad de esta democracia. No queremos jamás que la democracia colombiana tenga la amenaza que vemos lamentablemente en otras democracias, ni el deterioro y la fractura que sufre hoy lamentablemente Venezuela.

Finalmente yo quiero reiterar que tenemos enormes retos, con la firme determinación de escuchar a la población, de trabajar honestamente, de buscar un Estado cada vez más eficiente y más transparente. Para mí, es una obsesión trabajar todos los días por la inclusión, por las mujeres, por la población informal, para que las personas más vulnerables sean un objetivo explícito de las distintas políticas públicas para generar empleo que les permita mejorar sus condiciones de vida, para que los programas sociales asistencialistas se enfoquen a las personas mayores, a los más pobres y a los demás, tenemos que generarles empleos, emprendimientos rentables, escalables, por ello, nada justifica que haya grupos minoritarios que pretendan destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo en Colombia y en cada uno de nuestros países  a lo largo de tantos años.

Tengo que agradecer a todos por la oportunidad de comentar estos asuntos relevantes de Colombia. Agradezco muy especialmente, como ya lo dije, el acompañamiento de la OEA, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular de la MAPP-OEA. Agradecemos también la visita que nos hizo Héctor Schamis, en representación del secretario Luis Almagro. Agradecer todo el apoyo de los países donantes y apoyarnos en esta decisión de seguir asumiendo generosamente, integralmente, esa migración venezolana porque creemos que es una manera de construir paz y ese es el camino para establecer condiciones de desarrollo que beneficien a todos los ciudadanos con solidaridad, con crecimiento pero sobre todo, con una verdadera toma de conciencia sobre esta oportunidad maravillosa que nos ha dado la vida para ser solidarios con las familias que han perdido seres queridos y este trabajo permanente, solidario, complementario de acompañamiento de todos los Estados dentro del hemisferio, con el fin de prevenir que tanto la pandemia, los problemas en materia de salud, como cualquier riesgo como por ejemplo, el cambio climático, generen muertes como las que hemos sufrido en durante el último año y medio.

Muchas gracias Secretario, muchísimas gracias especialmente a nuestro buen amigo, el Presidente del Consejo, Washington Abdala, a nuestro Embajador Alejandro Ordóñez, a todos ustedes queridos embajadores por esta oportunidad que me han dado y también al Secretario adjunto, el doctor Néstor Menéndez, nuestra viceministra de Relaciones Exteriores, la doctora Adriana Mejía, muy conocida de esa casa, gran trabajadora siempre en todos estos temas de derechos humanos, a la doctora Mirza Gnecco, nuestra directora de Derechos Humanos en la Cancillería, a Juanita López, nuestra exviceministra de Justicia acá en Colombia, que  han estado todos muy atentos al seguimiento desde el 28 de abril en Colombia.

Mil gracias, yo me despido y espero ojalá que tengamos una oportunidad próxima de vernos allá en vivo en Washington.

Un abrazo muy grande. Gracias por esta oportunidad.