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Palabras de instalación del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en el VII Foro Regional Juventud y Democracia

Mar, 06/25/2019

 

• Apreciados amigos:

• Agradezco a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia por invitarme a participar hoy en la instalación del VII Foro Regional sobre Juventud y Democracia y por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la política exterior colombiana, cuya ejecución me fue encomendada por el Presidente Iván Duque desde el 7 de agosto del año pasado.

• Como todos ustedes saben, ese día empezó el periodo constitucional del Presidente Iván Duque, quien fue elegido con la mayor votación registrada hasta ahora en la historia de Colombia.  El Presidente Duque recibió un claro mandato democrático:  el de liderar, en medio de grandes desafíos, un “Pacto por Colombia”, que nos permita aprovechar las oportunidades, igualmente grandes, que nos ofrece el presente, para seguir construyendo un país proyectado ambiciosamente hacia el futuro.

• Ese mandato es particularmente relevante al coincidir con la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia.

• El propósito del “Pacto por Colombia” propuesto por el Presidente Duque es construir con el concurso plural de todos los colombianos un país más equitativo, a partir de la legalidad y el emprendimiento; un país impulsado por la innovación, y firmemente comprometido con la sostenibilidad de nuestros esfuerzos y de los resultados que esos esfuerzos nos permitan alcanzar.. 

• Nuestra política exterior está al servicio de ese propósito.

• Estamos haciendo una política exterior de la legalidad y para la legalidad:  es decir, una política exterior que refleje nuestro sentido de la responsabilidad como miembros de la comunidad internacional y nuestra convicción de que el mantenimiento de la estabilidad y el orden internacional, el multilateralismo y la buena gobernanza, son fundamentales para poder afrontar los desafíos específicos de la actualidad, muchos de los cuales demandan la acción colectiva y coordinada de las naciones, y muchos de los cuales conciernen no sólo a nosotros sino a las generaciones futuras.

• Estamos haciendo una política exterior del y para el emprendimiento:  es decir, una política exterior que contribuya a que cada vez más colombianos, aprovechando de manera sostenible los recursos naturales del país y los recursos de su propio ingenio, su creatividad, su inteligencia y su libre iniciativa, participen activamente en la generación de nueva riqueza.

• Estamos haciendo una política exterior para la equidad:  es decir, una política exterior al servicio del mayor bienestar para un número cada vez mayor de colombianos. Ese bienestar será el resultado de la combinación de condiciones favorables para que cada colombiano defina libre y responsablemente su proyecto de vida, con oportunidades crecientes para acceder, mediante el esfuerzo personal, la solidaridad, y el apoyo de un gobierno efectivo, a los beneficios del crecimiento económico y el progreso social.

• En ese sentido, nuestra política exterior es una política con perspectivas globales; pero fuertemente articulada con nuestra política interna, con la tarea que se ha impuesto el Gobierno del Presidente Duque, de conformidad con el mandato democrático que recibió de sus compatriotas.

• Apreciados amigos:

• La defensa de la libertad, la consolidación de las instituciones democráticas y el fortalecimiento del Estado de Derecho son centrales en el pensamiento de la Red a la cual ustedes pertenecen y en estos propósitos coincide plenamente Gobierno de Colombia, tanto en su agenda programática – el Pacto por Colombia que será nuestra hoja de ruta por los próximos cuatro años – como en su política exterior.

• En efecto:  en nuestras relaciones exteriores, la diplomacia para la legalidad implica que Colombia ejercerá responsablemente, con el país y con el mundo, su papel como miembro activo de la comunidad internacional.

• Hemos demostrado nuestro compromiso con la legalidad internacional en la respuesta a la ruptura del orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela, que amenaza la estabilidad de la región y ha causado una crisis multidimensional —es decir, institucional, económica, humanitaria y de seguridad— y un flujo de migrantes sin precedentes.

• En la política exterior de los países hay algunos temas que están en la agenda por elección y otros que lo están por urgencia y necesidad. Con Venezuela compartimos 2.200 kilómetros de frontera y ante la gravedad de lo que está ocurriendo en el país hermano, Colombia no puede ser indiferente, porque como lo ha señalado el Presidente Iván Duque: “Lo que destruye a Venezuela, destruye a Colombia. Lo que construye a Venezuela, construye a Colombia”.

• La situación de Venezuela constituye hoy, por lo tanto, un tema necesario, no opcional, de la agenda de política exterior colombiana, porque nos afecta directamente, más que a ningún otro país del mundo.

• Y nos afecta no sólo como un asunto de política exterior. También tiene que ver con múltiples aspectos de la agenda interna, por los desafíos que enfrentan tanto el Gobierno como la sociedad, derivados entre otros, de la llegada de más de 1.4 millones de migrantes provenientes de ese país, como consecuencia de la gobernanza fallida del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.

• No se puede ignorar que la causa primaria de la profunda crisis en Venezuela es la ruptura del orden democrático y la destrucción del Estado de Derecho. El restablecimiento de la democracia y la normalización constitucional es entonces la condición necesaria para la superación de la crisis.

• Para un desafío de esta magnitud, la respuesta colectiva es indispensable. Por esta razón, Colombia, de conformidad con su apuesta por el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, ha actuado en el marco del Grupo de Lima y de la OEA, firmemente comprometida a apoyar la creación de condiciones que permitan al pueblo venezolano vivir nuevamente en democracia y libertad.  Sólo así podrán los venezolanos emprender la urgente tarea de la reconstrucción institucional, económica y social de su país.  Una tarea que el Gobierno de Colombia está dispuesto a apoyar, en beneficio de Venezuela y como una oportunidad también para Colombia y para los colombianos.

• Este es un propósito que compartimos con muchas otras naciones que reconocen, como nosotros, que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos son factores determinantes de la paz, la seguridad, la estabilidad y el progreso.

• Así lo consagran la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, de conformidad con las cuales tenemos la obligación de promover y defender la democracia en el hemisferio.

• Esto no puede ser entendido de ninguna manera como injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Todo lo contrario, no es más que el cumplimiento de obligaciones internacionales que los propios Estados de la región, en ejercicio de nuestra soberanía, hemos consagrado como ejes centrales de la gobernanza hemisférica y del derecho internacional interamericano.

• De lo que se trata, en últimas, es de la voluntad y la capacidad de los demócratas y las democracias para defender pacíficamente a los demócratas y a la democracia en la región.

• Frente a la situación en Venezuela no podemos ser indiferentes. Por eso, hemos acogido con solidaridad a más de 1.4 millones de migrantes que han llegado huyendo de la crisis económica, social y humanitaria, consecuencias directas de la tiranía y de la opresión, del miedo, de la privación y de la necesidad, que imperan en ese país, por cuenta del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Agradecemos el apoyo de la comunidad internacional para responder a este desafío, que no puede ser atendido en solitario y que lleva al límite nuestras capacidades nacionales, no sólo de Colombia, sino de los otros países receptores.

• Frente a la situación en Venezuela no podemos ser cómplices. Por eso, nos hemos unido a muchas otras voces para denunciar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro; y varios Estados hemos remitido estas denuncias a la Corte Penal Internacional para que sean investigadas.  Ojalá cada vez más naciones refrenden esta iniciativa, en defensa de la legalidad internacional.

• Por eso, porque no podemos ser indiferentes ni cómplices, apoyamos el proceso de normalización constitucional y restablecimiento de la democracia en Venezuela.  Con decenas de países de la región y del mundo, expresamos nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional como órgano constitucional y legítimamente elegido en Venezuela; y a su Presidente, Juan Guaidó, como Presidente Encargado.  Reiteramos nuestro pleno respaldo a ambos en el ejercicio de sus competencias constitucionales, y en la realización, tan pronto como estén dadas las condiciones, de nuevas elecciones libres, transparentes y justas, con plenas garantías, con acompañamiento y observación internacional.  A ello conducirá, tarde o temprano, el itinerario definido por el Presidente Guaidó, previo el cese de la usurpación y el establecimiento de un gobierno de transición que genere las condiciones materiales, institucionales y propiamente electorales para la realización de nuevos comicios.

• Apreciados amigos:

• El compromiso de nuestra política exterior con la legalidad incluye también impulsar la lucha contra la corrupción, que es hoy por hoy uno de los mayores desafíos que enfrentan las naciones democráticas como Colombia y muchas otras de la región.

• La corrupción erosiona el imperio de la ley, encarece e inhibe el emprendimiento, retrasa la equidad.  Pese a todos los esfuerzos nacionales e internacionales, la corrupción ha venido creciendo en forma alarmante y tiene hoy dimensiones transnacionales. Hoy, se calcula que este flagelo representa el 5% del PIB mundial, obstaculizando seriamente el desarrollo y el progreso de todos nuestros países, sin distinción.

• Por esta razón, junto con Perú, hemos liderado la realización de una Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo en el primer semestre de 2021 sobre este problema. Por esa razón, también, Colombia está promoviendo en distintos escenarios, y con el apoyo y la participación de distintos actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales la formación de una gran coalición global que ponga en marcha el proceso de creación de una corte internacional anticorrupción, para que cada vez haya menos espacio para que este grave crimen quede impune. Espero que en esta gran coalición podamos contar también con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, a la cual ustedes pertenecen.

• Apreciados amigos:

• El compromiso de nuestra política exterior con la legalidad nos obliga a llamar la atención de la comunidad internacional, una vez más, sobre el imperativo de derrotar el crimen organizado transnacional y las economías criminales, y en particular, el narcotráfico —que, como ustedes saben, ha sido y sigue siendo combustible de distintas formas de violencia en Colombia. 

• También las drogas ilícitas corroen la legalidad y el Estado de Derecho. Sustituyen el emprendimiento lícito y responsable por emporios criminales y depredadores.  Destruyen el capital social de las naciones, se ensañan con los más débiles y vulnerables, y alimentan la violencia.

• Ningún país tiene como Colombia la experiencia y la autoridad moral para denunciar la gravedad de este problema y de sus consecuencias.

• En el pasado, Colombia hizo un esfuerzo enorme para contener el narcotráfico, y resistió con fortaleza la amenaza del crimen y la violencia. Estamos enfrentando la situación actual con la misma decisión y coraje.  El Gobierno del Presidente Duque ha decidido que recuperaremos el terreno que habíamos ganado y el tiempo que hemos perdido en la lucha contra las drogas.

• Pero ningún esfuerzo de Colombia tendrá resultados sostenibles si el problema mundial de las drogas no es abordado de manera integral, en cada uno de los eslabones de la cadena que lo integran —incluyendo el del lavado de activos—, reconociendo su impacto multidimensional, y su estrecho vínculo con las amenazas a la seguridad pública, con una perspectiva eficaz de responsabilidad común y compartida.

• Apreciados amigos:

• Como todos ustedes saben, a partir de mañana y hasta el viernes, se realizará en esta ciudad la Cuadragésimo Novena Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuyo tema – propuesto por Colombia – es “Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”.

• Y el principal propósito de esta Asamblea es precisamente iniciar un proceso de reflexión que nos lleve, gradual y acumulativamente, a innovar para fortalecer la gobernanza hemisférica, para adecuar la OEA y el Sistema Interamericano a las nuevas realidades y desafíos hemisféricos y globales.

• Estos desafíos nos exigen también reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la OEA – como la democracia y los derechos humanos – que siguen tan vigentes y son tan necesarios hoy como lo eran cuando se creó la OEA hace 70 años en la capital de Colombia.

• En materia de defensa de la democracia y fortalecimiento del Estado de Derecho es indispensable, para lograr los objetivos fundacionales de la OEA, que los Estados del hemisferio contemos con el apoyo de actores como el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

• Jóvenes como ustedes, comprometidos con los principios democráticos y con la defensa de los derechos humanos, son actores insustituibles a la hora de trabajar en pro de ese objetivo que compartimos.

• Por eso saludo la realización de este Foro Regional en nuestro país y les agradezco nuevamente a sus organizadores por la invitación a dirigirme a este auditorio, donde sé que están presentes los líderes de las Américas de hoy y de mañana, en cuyas manos está la transformación y el futuro de la región.

• Muchas gracias.

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