Canciller Mario López, 

Apreciados Cancilleres y expositores invitados,

Quisiera comenzar agradeciendo al Canciller Mario López la convocatoria a esta importante reunión.

Agradezco también a los expositores por sus interesantes presentaciones.

Nuestro encuentro en la mañana de hoy es de especial relevancia. Es urgente que el Grupo de Lima se manifieste de manera inequívoca sobre el Informe de la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela; y que actuemos de manera estratégica y coordinada frente al grave panorama planteado por la convocatoria de unas elecciones parlamentarias sin garantías, que frustrarán los anhelos democráticos de los venezolanos. Así mismo, reconozco la importancia de insistir en el fortalecimiento de la cooperación internacional en la respuesta a la crisis migratoria generada por la situación venezolana.

Distinguidos Ministros:

La Misión de la ONU en su informe concluye que existen motivos razonables para afirmar que, desde 2.014, el régimen ilegítimo de Maduro ha planificado y ejecutado graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; torturas; y violencia sexual y de género. El carácter sistemático y generalizado de dichas violaciones es un factor que indicaría la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen.

La presentación de este Informe es un avance trascendental en la respuesta internacional a la gravísima situación por la que atraviesa Venezuela. Las conclusiones allí contenidas deben llevar a los Estados y organismos internacionales comprometidos con los valores democráticos y la defensa de los Derechos Humanos, a emprender acciones decididas, en especial, ante la justicia internacional.

En este marco, el pasado 24 de septiembre el Presidente Iván Duque dirigió comunicaciones a 55 Jefes de Estado, para llamar su atención sobre los principales hallazgos de la Misión, e invitarlos a denunciar y condenar estos crímenes atroces.

Es un llamado a la acción que permite considerar diversas instancias de la justicia penal internacional.

Por una parte, es urgente que la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional avance con mayor celeridad en su examen preliminar sobre la situación en Venezuela. Este nuevo Informe de la ONU se suma a documentos aportados previamente por diversas organizaciones no gubernamentales, líderes mundiales y la Organización de los Estados Americanos, y justifica que esta Corte proceda con la apertura de la investigación correspondiente.

Así mismo, y tal como algunos de los países aquí representados plantearon en la sesión especial del Consejo de la OEA el pasado 29 de septiembre, es pertinente analizar la aplicación de la jurisdicción universal. Esto permitiría que tribunales de la región y de otros países reclamen competencia sobre los crímenes de lesa humanidad denunciados.

Ante la magnitud de los hechos, es significativo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya renovado por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente. Al igual que la extensión del mandato para que la Alta Comisionada continúe informando sobre la situación. Así, se seguirán documentando las graves violaciones a los derechos humanos, para que los responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia y castigados de manera ejemplar.

La historia nos ha enseñado las trágicas consecuencias que tienen lugar cuando la población civil queda desprotegida frente a regímenes totalitarios que usan la fuerza y la represión para mantenerse en el poder. La comunidad internacional debe actuar para detener el sufrimiento y el desastre humanitario que vive Venezuela, condenar a los responsables y evitar impunidad.

Señores Ministros:

Colombia reitera su llamado para que desde el Grupo de Lima redoblemos los esfuerzos para atender la causa fundamental de este crítico escenario, que es la ruptura del orden constitucional y la destrucción del Estado en Derecho.

La crisis en Venezuela tiene una dimensión regional con impacto global, y el restablecimiento de la democracia es una condición necesaria para cambiar el destino de los venezolanos, y para el mantenimiento de la estabilidad, la paz y la seguridad.

Como Grupo de Lima, nos corresponde exigir con firmeza al régimen ilegítimo que convoque elecciones generales, tanto presidenciales como legislativas, libres, transparentes y con todas las reglas democráticas. Unas elecciones que tengan un árbitro electoral independiente, autoridades judiciales imparciales, un censo electoral actualizado, seguridad para los votantes, libertad de prensa, y garantías para el ejercicio plural de la actividad política.

Para el retorno de la democracia, la elección presidencial es la prioridad. La dictadura persiste en llevar a cabo unas elecciones parlamentarias a su medida, en abierto desafío a la oposición democrática y a la comunidad internacional. Su objetivo es tomar el control de la Asamblea Nacional y perpetuarse en el poder. Debemos apoyar a la Asamblea, única institución legítima que sobrevive, y al Presidente Interino Juan Guaidó, en su lucha por el retorno de la democracia.

El Grupo de Lima debe instar al mundo a rechazar esta farsa electoral y desconocer sus resultados, y movilizar sus esfuerzos para que se convoquen las elecciones generales presidenciales con garantías, como única vía para poner fin a la usurpación en el poder y en todas las instituciones cooptadas por el régimen.

Señores Cancilleres,

El Grupo de Lima también debe llamar a los países que siguen ofreciendo legitimación y apoyo político y económico a la dictadura, a que reconsideren su posición. Ante la severidad del ataque del régimen contra la población civil, todos los Estados deben solidarizarse con los millones de venezolanos y venezolanas víctimas.

Los Estados no pueden permanecer indiferentes ante la evidencia que indica que en ese país se están cometiendo crímenes sujetos a la justicia internacional que, por su atrocidad, atañen y afectan no solo a sus víctimas directas sino a toda la humanidad.

Debemos continuar exponiendo en todos los escenarios, la crisis en Venezuela y sus impactos, para promover acciones concertadas e incrementar la presión internacional sobre el régimen ilegítimo. Incluidas las violaciones masivas de derechos humanos, los efectos humanitarios del éxodo migratorio, y las relaciones del régimen con organizaciones criminales y terroristas de distinto tipo.

Si bien es claro que la solución a la crisis debe provenir de los propios venezolanos, las consecuencias de la crítica situación en ese país afectan al conjunto de Naciones. Y por eso, la comunidad internacional debe unir esfuerzos para favorecer el restablecimiento de la democracia, condición vital para la reconstrucción de Venezuela.

Colombia espera que podamos convocar a cada vez más países, como los que hoy nos acompañan en calidad de observadores, a sumarse a las acciones del Grupo de Lima, para respaldar a los venezolanos en su lucha por recuperar su democracia, su dignidad y su esperanza.

Muchas gracias.