Bogotá, 13 de febrero de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como canal diplomático, recibió del Ministerio de Justicia y del Derecho, la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para que se presente ante la República Bolivariana de Venezuela el pedido formal de extradición de Aída Merlano Rebolledo.
Esta solicitud de extradición, emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su calidad de juez competente, ha sido presentada ante la Embajada de Venezuela en Colombia, que representa al Gobierno legítimo del Presidente Juan Guaidó.
El propósito es que el Presidente Guaidó, adelante todas las gestiones que permitan que la señora Merlano regrese a territorio colombiano, responda por sus delitos y cumpla la condena que le ha sido impuesta.
El gobierno de Colombia acoge con reconocimiento el ofrecimiento efectuado por el Presidente Guaidó en días pasados, en el sentido de estar dispuesto a brindar toda su colaboración y la de las instituciones legítimas de Venezuela, en la atención a este caso. El compromiso del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional que él también preside, con el Estado de Derecho y la cooperación internacional en la lucha contra el delito, son un respaldo para el buen término de esta solicitud.
La Cancillería reitera su condena al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que al haber expulsado a todo el personal diplomático y consular de Colombia afectó el normal funcionamiento de los mecanismos de cooperación internacional judicial.
En particular, Colombia condena la actitud complaciente del régimen ilegítimo de Maduro que, transcurridos 17 días desde que anunció la presunta captura de esta fugitiva, ha optado por concederle condiciones para que ella pueda públicamente evadir su responsabilidad y alegar persecuciones del Gobierno colombiano que no existen, e incluso intentar preconstituir un caso de asilo.
Colombia hace un llamado a la comunidad internacional a que exija al régimen ilegítimo de Maduro que cese la protección ilegal a la señora Merlano y permita su devolución al territorio colombiano conforme a las órdenes judiciales vigentes en su contra.