La Cancillería reanudó hoy el proceso de licitación pública LP001 de 2023, para el suministro y personalización de pasaportes que había sido suspendido para su revisión y ajuste desde el pasado 9 de junio.

El proceso iniciado en el mes de febrero para evitar el desabastecimiento de los pasaportes se suspendió con el fin de estudiar, atender y responder las observaciones de personas naturales y jurídicas interesadas en participar como eventuales proponentes.

El nuevo contrato tendrá un periodo de tres (3) años y un presupuesto cercano a los 600 mil millones de pesos.

Desde la apertura del trámite se solicitó el acompañamiento de todos los órganos de control y vigilancia.

El procedimiento ha tenido participación activa recomendaciones y observaciones de: Migración Colombia, La Organización Internacional Aviación Civil – OACI, Transformación Digital, Secretaría Jurídica y Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, Ministerio de Transporte, Procuraduría General de Nación, Contraloría General de la República y Colombia Compra Eficiente.

Para su reanudación, el Canciller Álvaro Leyva Durán presidió la reunión con el Comité Estructurador, conformado por profesionales de diferentes disciplinas con el objetivo de preparar los pliegos definitivos que conduzcan a la selección de la mejor propuesta en igualdad de condiciones y con pluralidad de oferentes.

Ocho de las empresas interesadas en el proceso presentaron un total de 104 observaciones que fueron estudiadas y evaluadas, las cuales serán respondidas para continuar con el trámite licitatorio.

Debe anotarse que el cuidadoso proceso de contratación con criterios meramente objetivos conducirá necesariamente a la selección de la mejor oferta.

El Ministerio garantiza un proceso democrático, participativo, transparente con plena garantía para todos los interesados que tendrá como resultado el mayor beneficio para la administración pública al menor costo posible.

En espera de una mayor participación, el Ministro Leyva Durán, invitó a los medios de comunicación, a todos los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas participantes a poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier hecho o actuación irregular o sospechosa que pueda poner en duda la transparencia del proceso.