Washington, 3 de junio de 2022. La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, lideró este viernes, 3 de junio, la delegación de Colombia que presentó ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la respuesta del Estado colombiano, que considera improcedente la solicitud de medidas cautelares presentada por el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. 

En la reunión se destacó la compatibilidad de las funciones de la Procuraduría General de la Nación en las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por un servidor público, con las obligaciones internacionales del Estado y con la existencia de recursos procesales adecuados y efectivos en Colombia, los que se encuentran disponibles tanto en el proceso que se sigue al alcalde Quintero, como en el de cualquier otro funcionario, para resolver cualquier controversia que se haya derivado de las actuaciones de las autoridades disciplinarias a nivel nacional. 

Con estos elementos y bajo el entendido de que el Estado cuenta con los mecanismos para salvaguardar los derechos del alcalde Quintero, se demostró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas y, por tanto, de la activación de la competencia de este órgano internacional en el presente asunto. 

La Delegación de Colombia hizo énfasis en que la promoción de la garantía de los derechos políticos, en la cual el Estado colombiano ha estado siempre comprometido, no puede significar el debilitamiento del diseño institucional, ni del marco jurídico existente en el país y en la región, para adelantar el control eficaz y transparente a la función pública, como condición esencial para garantizar la solidez democrática y el consiguiente respeto y promoción de los derechos humanos. 

En la reunión se presentaron las acciones desplegadas por el Estado en materia de seguridad personal y familiar, así como de acceso a la justicia a favor del señor Quintero Calle. Además, se enfatizó en el carácter motivado de la suspensión provisional dentro del proceso disciplinario, demostrando que lejos de existir algún escenario de persecución en contra del señor Quintero, en la presente contienda electoral se han adoptado idénticas medidas, al menos en el caso de otros cuatro funcionarios públicos, con diversas posturas políticas.

El Estado reiteró su compromiso en la garantía de los derechos políticos y de los derechos a la vida e integridad personal del señor Daniel Quintero Calle y de su núcleo familiar, demostrando que cuentan con uno de los esquemas de protección personal de mayor nivel asignados por la Policía Nacional.