El Estado colombiano avanza en protección y garantía de derechos humanos, vulnerados por grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO).
Bogotá D.C. 24/02/2021.
En relación con el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, presentado el 23 de febrero por la Oficina de la ACNUDH, la Cancillería se permite informar:
1. Colombia avanza en el propósito de generar condiciones para la promoción y plena protección y garantía de los derechos humanos. El Estado colombiano ha presentado un documento de consideraciones oficiales, avances, retos y logros de las políticas nacionales en materia de derechos humanos, relacionadas con los temas examinados en el informe de la ACNUDH. El documento puede consultare en el siguiente link: https://ap.ohchr.org/Documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/46/G/8
2. El Estado colombiano acoge el reconocimiento de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en relación con la reciente adopción del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos -que ha sido calificado por ACNUR como el mayor gesto humanitario en la historia reciente de la región-, luego de presentar su Informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2020.
3. Tal y como se indica en el Informe, con los avances corren de manera paralela múltiples desafíos que el Estado enfrenta con decisión y voluntad política con miras a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas, y de manera particular la protección y garantía de los derechos fundamentales de la población más vulnerable. La violencia y amenazas contra las comunidades generadas por grupos criminales vinculados a las economías ilícitas, son el reto principal que aborda el Estado para garantizar entornos protectores de los derechos de los colombianos.
4. Gracias a las acciones del Gobierno para disminuir la criminalidad, el país obtuvo importantes logros en materia de seguridad durante el año 2020: cerró con la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años (23,8 por cada 100.000 habitantes), con una reducción del 4,4% frente al año 2019. También se reportó la tasa de secuestro más baja desde que se tienen registros de este delito; la más alta cantidad de incautaciones de clorhidrato de cocaína; y la erradicación de más de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos.
5. Colombia hace un llamado a la comunidad internacional para que examine y comprenda los múltiples factores, nacionales e internacionales, que inciden en la situación de derechos humanos en el país. Es importante destacar que, debido a la presencia de grupos armados organizados, que han establecido un enclave criminal permanente en territorio venezolano, existe en el país un sistema de macro criminalidad que amenaza la seguridad de la población en general, y de los líderes y defensores de derechos humanos en particular, en regiones focalizadas del territorio.
6. La protección de toda la población es una prioridad del gobierno del Presidente Duque. Diversas instituciones del Estado se encuentran enfocadas en el desmantelamiento de los grupos criminales que actúan en determinadas regiones del territorio nacional e inciden directamente en la vulneración de los derechos humanos. El Estado cuenta con un conjunto de políticas para el desmantelamiento de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, entre las que se destacan: I) Política de Defensa y Seguridad liderada por el Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Militares, II) Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana liderada por el Ministerio del Interior y Policía Nacional; III) Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y IV) Política Criminal, liderada por el Ministerio de Justicia y demás entidades que administran justicia.
7. El Gobierno acoge el reconocimiento que se hace en el Informe de ACNUDH a la labor de la Fiscalía General de la Nación en la investigación y judicialización de los responsables de los homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos, que alcanza una tasa de esclarecimiento del 62,74% de los homicidios, y que establece que en un 68,7% de los casos las organizaciones criminales GAO y GDO son las responsables de estos hechos.
8. Los registros de casos documentados y verificados por la ACNUDH, y los avances en los esclarecimientos de investigación de los homicidios contra defensores de derechos humanos, se presentan en el “Informe anual 2020 de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos” publicado el 22 de febrero de 2020, y elaborado con los últimos registros aportados por la ACNUDH a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, con corte al 19 de febrero del 2020.
9. El Gobierno continuará empeñado en hacer presencia en los territorios mediante la implementación de la Política Pública “Paz con Legalidad”, una estrategia enfocada en la transformación de la vida de cerca de siete millones de personas que habitan en las zonas del país más golpeadas por la violencia y la ilegalidad, con una visión de mediano y largo plazo. Esta Política está focalizada en los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad.
10. El Estado colombiano reitera su disposición para continuar trabajando con la Oficina de la Alta Comisionada en el marco del plan de trabajo acordado en 2020, cuyo objeto es el logro de una colaboración más eficaz de los mecanismos internacionales de derechos humanos para el fortalecimiento de las capacidades nacionales, como contribución real en la promoción y protección de los Derechos Humanos en Colombia.
