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Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre política exterior para la paz con legalidad

1/10/2019
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre política exterior para la paz con legalidad

 

Sobre la declaración titulada “Una política exterior para la paz y no para la guerra”, suscrita por el movimiento Defendamos La Paz, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar a la opinión pública:

A. El Gobierno Nacional valora y reconoce el interés y el apoyo que la comunidad internacional presta a los esfuerzos en busca de la paz en Colombia y agradece el acompañamiento que se continúa brindando al país en la implementación de la política de Paz con Legalidad que fue apoyada por el pueblo colombiano en distintas ocasiones y que es implementada por el Presidente de la República.

B. El Presidente de la República y la integralidad de los miembros del poder Ejecutivo, bajo el liderazgo y la coordinación del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, trabajan de la mano para dar cumplimiento a los objetivos trazados en dicha política, así como en las disposiciones contenidas en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, aprobada por el Congreso de la República en mayo del presente año.

C. El principio que orienta los esfuerzos del Gobierno es el respeto por la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado colombiano.  Ese es el sentido del Pacto por la Construcción de Paz que hace parte del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, cuyos ejes fundamentales son la cultura de la legalidad, la convivencia, la estabilización de los territorios y el desarrollo rural, la efectiva reincorporación de los excombatientes y el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

D. El movimiento Defendamos la Paz falta a la verdad cuando hace afirmaciones acerca de la existencia de “posiciones del Gobierno pro-paz afuera para conseguir recursos y anti-paz adentro, para desmontar el grueso del Acuerdo”. Por el contrario, la posición del Gobierno Nacional y de todos los voceros es la contenida en la política de Paz con Legalidad, bajo el liderazgo del Presidente de la República.

La argumentación fundada en aseveraciones que no se compadecen con la verdad, también desconoce hechos notorios, como los siguientes:

1. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) no ha perdido relevancia. El Presidente de la República designó como sus representantes a funcionarios de primer nivel; se ha reunido en 17 ocasiones desde el 7 de agosto de 20181  y la mesa técnica que la acompaña opera de manera eficiente. Únicamente en dos oportunidades los representantes de la comunidad internacional han dejado de asistir a las reuniones de la CSIVI. La primera el 27 de febrero del presente año, por un error involuntario en la convocatoria, sobre el cual se presentaron excusas a los representantes; la segunda el 20 de marzo pasado, por decisión de representantes de la comunidad internacional.

2. La comunidad internacional ha estado en permanente contacto con las diferentes instancias encargadas de la implementación, participa constantemente de encuentros con las autoridades del Gobierno y con los ex miembros de las FARC. Entre agosto de 2018 y septiembre de 2019 se han llevado a cabo más de 20 visitas a los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación por iniciativa de las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, de agencias del Sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones de la sociedad civil (ver anexo) y del propio Gobierno. Entre estas últimas, se destacan las cuatro visitas lideradas por el Presidente de la República a los antiguos espacios de Pondores (Guajira), Tierra Grata (Cesar), Icononzo (Tolima) y Miravalle (Caquetá), en las que participaron los representantes de la Misión de Verificación, de múltiples agencias del Sistema de Naciones Unidas y diferentes jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia.

3. Adicionalmente, con las instancias de dirección del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, del Fondo Europeo y aquellas relacionadas con los programas de USAID, se ha mantenido un diálogo constructivo y fluido que ha permitido no sólo realinear las prioridades con los objetivos trazados en la política de Paz con Legalidad, sino incrementar sustancialmente la tasa a la cual se aprueban los proyectos productivos tanto individuales como colectivos.

4. Frente a los actores internacionales comprometidos en este proceso, es falso que haya “hostilidad”, “marginación” o “distanciamiento”. El Gobierno Nacional ha dado todas las garantías para que la Misión de Verificación y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas cumplan con su mandato de seguimiento a la implementación del Acuerdo. El Ministro de Relaciones Exteriores y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación han concurrido en cuatro oportunidades en los últimos 13 meses a las sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en las que se han presentado los informes del Secretario General, han ofrecido sus apreciaciones y han mantenido un diálogo fluido con todos los miembros.

5. En julio del presente año, la totalidad de los miembros del Consejo de Seguridad y altos funcionarios de la oficina del Secretario General de Naciones Unidas estuvieron en Colombia, en virtud de una invitación que les había sido extendida en el mes de marzo por el Canciller Holmes Trujillo, siguiendo instrucciones del presidente Iván Duque. Durante dicha visita, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los avances en la implementación de la política de Paz con Legalidad y de reunirse con una diversidad de actores, entre ellos, los miembros de las comisiones de Paz del Congreso de la República; representantes del partido FARC; representantes de múltiples organizaciones de la sociedad civil; los integrantes del equipo país del sistema de Naciones Unidas y funcionarios del Gobierno Nacional. Así mismo, concurrieron al Espacio Territorial de Los Monos, ubicado en Caldono, Cauca, donde dialogaron con el Gobernador del Departamento, el Gobernador del Resguardo Indígena, el Alcalde del Municipio y los líderes de la comunidad de excombatientes que adelanta ahí su proceso de reincorporación económica y social.

6. La visita del Consejo de Seguridad fue también la oportunidad para que el Presidente de la República hiciera entrega personal de la comunicación oficial en la que el Gobierno Nacional solicitó formalmente al Secretario General la renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, por segunda vez desde el inicio de su Administración. Dicha solicitud fue aceptada por unanimidad, por los miembros del Consejo de Seguridad, en sesión llevada a cabo a comienzos de septiembre.

7. Quienes hacen parte del movimiento Defendamos La Paz también deben informarse mejor en lo que corresponde a la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Desde hace varios meses, el Gobierno Nacional y la Alta Comisionada mantienen conversaciones al más alto nivel y se han sostenido reuniones continuamente en las que se ha reiterado la voluntad de las dos partes de continuar fortaleciendo la relación de colaboración que se mantiene con la Oficina desde hace 23 años.

8. También desconoce la realidad la declaración aludida, cuando afirma que “la participación de los notables, Pepe Mujica y Felipe González ha quedado paralizada”. Por iniciativa del Gobierno Nacional el apoyo técnico a esa instancia, ejecutada por las organizaciones CINEP, PPP y CERAC, recibió un nuevo apoyo financiero y tan sólo hace diez días, el 19 de septiembre pasado, el Ministro de Relaciones Exteriores sostuvo con este último una prolongada reunión en la Embajada de Colombia en Madrid, en la cual le reiteró el agradecimiento del pueblo y el gobierno de Colombia por su contribución al proceso y su interés en que esta colaboración continúe.

9. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación se han reunido por lo menos tres veces a lo largo del presente año con el Grupo de Cooperantes (GRUC) para avanzar en los acuerdos que asegurarán la mayor efectividad de los recursos aportados por la comunidad internacional en el cumplimiento de los objetivos de la política de Paz con Legalidad2.

Por todo lo anterior, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza categóricamente las afirmaciones que con ligereza se hacen en la declaración titulada “Una política exterior para la paz y no para la guerra” e invita a quienes la suscriben a abandonar la dañina e inexistente división entre amigos de la paz y amigos de la guerra.

Finalmente, cabe señalar que la exigencia de la entrega de los terroristas del ELN, que permanecen en territorio cubano, busca hacer justicia frente al execrable acto cometido contra la Escuela de Cadetes General Santander, que resultó en el homicidio de 22 jóvenes estudiantes, cuya autoría fue reconocida por dicho grupo. 

Al plantear ese requerimiento al Gobierno de Cuba, el Gobierno de Colombia está acudiendo a las herramientas que le ofrece el multilateralismo para luchar contra el terrorismo, como la aplicación de la Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Bogotá, 30 de septiembre de 2019

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1 Desde el 7 de agosto de 2018, la CSIVI ha sesionado en las siguientes fechas:
28/09/18; 11/10/18; 08/11/18; 06/12/18; 19/12/18; 27/12/18; 31/01/2019; 11/02/2019 y 27/02/2019 (una sola sesión, llevada a cabo en dos partes); 14/03/2019; 20/03/2019; 28/03/2019; 14/05/2019; 27/06/2019; 10/07/2019; 23/07/2019; 01/08/2019 y 13/08/2019

 2 El Gobierno Nacional reconoce el importante aporte de la cooperación internacional, tanto multilateral como bilateral, y la facilitación del acceso a los recursos requeridos para el cumplimiento de las metas que se ha propuesto en materia de la implementación de la política Paz con Legalidad. Para que esa cooperación sea pertinente y eficaz, ha propiciado la convergencia de esfuerzos y objetivos. Así mismo, se ha confirmado en su compromiso con la buena gobernanza y la gestión transparente de todos los recursos. En Colombia, el 94% de los recursos para el financiamiento de la implementación del Acuerdo Final provienen del Presupuesto General de la Nación y el 6% provienen de la cooperación internacional.

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Anexo

 

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