Bogotá, 3 de noviembre de 2022. Ambos instrumentos confirman los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia en materia de lucha contra toda forma de discriminación y reconocimiento de un país pluriétnico y respetuoso de la diversidad. 

La Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, inician hoy su tránsito legislativo en el Senado de la República. 

Fueron radicadas por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, junto al Ministro del Interior, Alfonso Prada, la Senadora Gloria Flórez, la Representante a la Cámara Carolina Giraldo y organizaciones de la sociedad civil. 

Inclusión, igualdad y empatía. Tres palabras que cimientan el discurso integrador del gobierno actual y que convergen alrededor de los dos instrumentos puestos hoy bajo la firma del Secretario General del Senado, Gregorio Eljach.

Sobre la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Viceministra Laura Gil mencionó: “Estamos en terrenos no explorados; estamos cumpliendo”; al referirse a que este es el primer instrumento jurídicamente vinculante que condena la discriminación por la orientación sexual. 

Así mismo, su afirmación de cumplimiento se refuerza con el proceso que se adelanta desde el Viceministerio de Asuntos Multilaterales: “Cuando llegué al Viceministerio hicimos un barrido de instrumentos que Colombia había firmado y nunca ratificado, y encontramos alrededor de 80 (…). Le prometimos al movimiento de derechos humanos que nos pondríamos al día, que eso sería parte del cambio, y estamos cumpliendo con la presentación de estos proyectos de ley.”

“Muchas gracias por el trabajo que hace usted a nombre del Gobierno de traernos aquí”. Alfonso Prada, Ministro del Interior, a la Viceministra de Asuntos Multilaterales Laura Gil. 

Por su parte, la Senadora Gloria Flórez: “Gracias por el papel que ustedes están jugando.” Mensaje a la Viceministra Laura Gil. 

 

La paz total sólo se alcanzará si se avanza en la garantía y goce efectivo de los derechos de todas las comunidades e identidades
En 2014, el Gobierno colombiano suscribió dos instrumentos interamericanos sobre derechos humanos: (i) la Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y (ii) la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. 

Ambos instrumentos confirman los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia en materia de lucha contra toda forma de discriminación y reconocimiento de un país pluriétnico y respetuoso de la diversidad. 

Durante ocho años se ha esperado este momento para proceder al proceso de ratificación. 

Tomando como punto de partida la diversidad de Colombia, desde el pasado 7 de agosto el Gobierno nacional ha iniciado la implementación de una política de la vida, la cual se articula en torno a la búsqueda de la paz total, dentro y fuera del territorio nacional. 

El Gobierno es consciente de que la paz total sólo se alcanzará si se avanza en la garantía y goce efectivo de los derechos de todas las comunidades e identidades que integran el país en la construcción de un proyecto común de nación incluyente. 

En este marco, se promueven nuevas narrativas, imaginarios y símbolos de integración, democracia y equidad para superar la estigmatización y el lenguaje del odio, y atacar de manera resuelta las causas estructurales que han llevado a diversas discriminaciones.

Como parte del objetivo de dignificación de los pueblos y comunidades étnicas, el Gobierno busca que los indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y Rrom, gobiernen desde la interculturalidad, desde sus territorios y contribuyan orientando y definiendo el futuro de la nación y el planeta, como fundamento de la economía productiva y como guardianes de la vida, el territorio y la paz.

Para este fin, el Estado colombiano ha iniciado la adopción de medidas que buscan superar las dinámicas excluyentes que lesionan los derechos de las minorías. 

El Gobierno nacional se ha comprometido con la promoción de la educación para la paz, estructurando programas que fomentan el reconocimiento de la diversidad cultural. La educación es la base para evitar la estigmatización que conduce a la discriminación.

Otro elemento clave es establecer condiciones que garanticen la participación efectiva de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, campesinos y Rrom, en todos los ámbitos de la vida pública, entendiendo que la participación es el fundamento para garantizar que la elaboración de políticas y la toma de decisiones reflejen los intereses y respondan a sus necesidades, incluidas en el plano internacional. 

Colombia considera de vital importancia igualmente la incorporación de una lente feminista que busque aumentar el rol de las mujeres y otros grupos vulnerables en la formulación de las políticas públicas y de la política exterior, lo cual reafirma el compromiso nacional e internacional de combatir distintas formas de discriminación, opresión, desigualdad y violencia basadas en género, clase social, raza, etnia, religión, discapacidad y sexualidad.

En línea con la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación, Colombia apoya consistentemente el lenguaje sobre el reconocimiento de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y sus impactos, lo que en espacios internacionales está empezando a ser reconocido bajo el término de “interseccionalidad”. Este reconocimiento es fundamental para resaltar elementos de diversidad y garantizar la protección de los derechos humanos sin distinción alguna.

De allí, la importancia de ratificar la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, puesto que se trata del primer instrumento interamericano jurídicamente vinculante que condena la discriminación basada en una multiplicidad de motivos, entre ellos, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.   

En resumen, el Estado colombiano considera que la ratificación de estos instrumentos internacionales permitirá avanzar en la lucha contra toda forma de discriminación e intolerancia, no solo desde la construcción de acuerdos y políticas inclusivas, sino desde la promoción de espacios en los que todas las voces tengan cabida para la garantía de sus derechos.