Bogotá, 4 de marzo de 2022. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó el día de ayer su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el año 2021, el cual a su vez será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 8 de marzo.

Tras conocer el informe publicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores valora los reconocimientos de la Oficina frente a los avances de Colombia relacionados con la expedición del Estatuto de Protección para los Migrantes Venezolanos, la reactivación económica, la creación de 16 circunscripciones territoriales de paz, el funcionamiento de los mecanismos de justicia transicional y el proceso de reincorporación de antiguos miembros de las FARC.

Este reconocimiento se suma a los efectuados por el Consejo de Seguridad el pasado 28 de enero y por la Corte Penal Internacional con el cierre del informe preliminar sobre Colombia en 2021, con los cuales, queda demostrado que Colombia cuenta con una institucionalidad sólida que le permite ser un referente a nivel internacional sobre la posibilidad de resolver los conflictos armados y transitar hacia la paz, a través del diálogo. En todo caso, en este proceso son aún muchos los retos que debemos enfrentar unidos.

El Estado ha tomado atenta nota de las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe de la OACNUDH; pero también ha expresado reiteradamente a la Oficina que rechaza la formulación de mensajes generalizados y llama la atención sobre la necesidad de precisar y cotejar cifras y contextos, de tal manera que la información que comparte con la ciudadanía sea una contribución que sume siempre a los esfuerzos del Estado en su tarea de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, como corresponde según el componente de cooperación establecido en el Acuerdo de sede.

La Cancillería coincide y agradece a la OACNUDH por los llamados que hace a los grupos armados ilegales alimentados por el narcotráfico y las economías ilícitas, causantes de las mayores violencias que afectan los derechos humanos de la población civil en ciertas regiones del país. Por ello, se insiste en que es esencial el reconocimiento efectivo del principio de corresponsabilidad de la comunidad internacional en la lucha contra el tráfico de drogas y armas a nivel global, para hacer frente al flagelo de la violencia.

En materia de pobreza y desigualdad, no podemos desconocer el grave impacto que la pandemia ha tenido sobre la economía nacional y global, pero también es necesario valorar los notables esfuerzos del Gobierno Nacional para la reactivación económica y la asistencia con programas sociales para los más vulnerables, como el mejor modo de garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Ese 10,60% de crecimiento económico en el 2021, es un signo y una garantía de lucha contra la pobreza en el país. De hecho, el Gobierno actual ha sido uno de los que más ha invertido en el sector social en la historia reciente de Colombia, con aportes de $ 28,8 billones, y un sistema de transferencias monetarias que ha beneficiado a más de 10.3 millones de hogares (aproximadamente 30 millones de personas) a través de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario.

Respecto a las valoraciones de la Oficina sobre el accionar de la Fuerza Pública frente a los grupos criminales, cabe resaltar que, en el marco de la implementación de la Política de Defensa y Seguridad (PDS), se han reportado significativos logros. Así, en la vigencia 2021, se logró el debilitamiento de la estructura criminal del Clan del Golfo como resultado de 300 operaciones (96% más que en 2020, año en el cual se alcanzaron 153) y 570 capturas de integrantes de la organización. Entre estas, se registra la de su cabecilla mayor, 50 neutralizaciones de líderes estratégicos (733% más que en 2020, año en el cual se registraron 6) y la incautación de 371 armas de fuego (352% más que en 2020, año en el cual se incautaron 82 armas).

Por otra parte, el Gobierno Nacional rechaza cualquier insinuación respecto a una posible estigmatización por parte de agentes del Estado contra poblaciones afros e indígenas. De hecho, en materia de atención a comunidades afro e indígenas, cabe resaltar que en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 715 cabildos y resguardos indígenas y 517 Consejos comunitarios de Comunidades Negras y Afrocolombianas participaron activamente en la ruta de construcción de los PDET. A la fecha 5.645 iniciativas con componente étnico fueron incluidas en los planes de desarrollo municipal, lo cual corresponde al 47.4% de iniciativas totales incluidas.

Igualmente, en materia de Desarrollo Rural integral se han adoptado 11 planes nacionales sectoriales, 4 ya cuentan con cierre técnico y 1 se encuentra en formulación. Estos planes son la base para la transformación rural del país la cual se proyecta con un alto impacto positivo en los territorios étnicos. A la fecha, 4.463 familias de pueblos indígenas se han beneficiado con la constitución de 48 resguardos, correspondientes a 73.191 hectáreas; 5.586 familias de pueblos indígenas se han visto favorecidos con la ampliación de 21 resguardos, correspondientes a 174.361,84 hectáreas; 2.685 familias de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han accedido a la titulación colectiva, correspondientes a 8.266 hectáreas.

Ahora bien, en cuanto a las privaciones a la vida en el marco de la protesta social reportadas por OACNUDH, el Gobierno Nacional debe recalcar que se trata de cifras de alegaciones y no de hechos efectivamente comprobados o al menos en proceso de comprobación, lo cual implica que difiere de las cifras de investigaciones formales a cargo de autoridades competentes que se encuentran adelantando las actuaciones pertinentes para esclarecer los hechos y atribuir responsabilidades con la máxima celeridad posible. La Fiscalía General de la Nación reporta un avance de esclarecimiento del 58,62 % en estas investigaciones.

El Gobierno Nacional continúa redoblando esfuerzos para garantizar una presencia integral en todo el territorio nacional, una tarea que comparte con otros entes independientes y autónomos como la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público. Así mismo, cuenta con la OACNUDH y las distintas agencias de las Naciones Unidas para seguir construyendo paz, democracia y una cultura respetuosa de los derechos humanos.