Bogotá (jul. 3/13). Gracias a la gestión de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores se logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantara las medidas provisionales a las comunidades chocoanas de Jiguamiandó y del Curvaradó.
Mediante la coordinación de un trabajo interinstitucional, fueron presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos más de 30 informes oficiales con importantes datos que demostraron la amplia presencia estatal y la intervención en la situación actual de dichas comunidades afrodescendientes. Igualmente, se realizaron 20 reuniones de seguimiento y concertación, coordinadas por el Grupo de Asuntos de Protección sobre Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con base en estas gestiones, la información plasmada en dichos informes estatales refleja los ingentes esfuerzos realizados por las entidades estatales desde el nivel central y regional a favor de las comunidades beneficiarias, lo cual trajo como resultado que la Corte Interamericana reconociera que “en el presente asunto, el Estado (colombiano) ha hecho importantes esfuerzos para atender la situación de los miembros de las zonas humanitarias y de biodiversidad mencionadas en su Resolución (…) y que ha adoptado diversas medidas materiales y de otra índole para ello tanto de carácter individual como colectivo”.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que mediante Resolución de fecha 22 de mayo de 2013, notificada al Estado el pasado 17 de junio de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió levantar y archivar las Medidas Provisionales vigentes desde el 6 de marzo de 2003, ratificadas posteriormente, a favor de los miembros de las zonas humanitarias de Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, Caño Claro y el Tesoro, y “(…) de las cinco zonas de biodiversidad denominadas Erasmo Sierra, Enrique Petro, Familia Tuberquia, Ligia María Chaverra y Efrén Romaña, miembros de las comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó” (sic).
Al respecto, es de señalar que en la mencionada Resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca el estricto seguimiento que realiza la Corte Constitucional de Colombia a los Autos emitidos en el marco de la sentencia de tutela T-025 de 2004, en relación con las comunidades residentes en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, además de reconocer las acciones adelantadas por las entidades del Estado colombiano, en pro de la garantía de los derechos de estas comunidades.
