La nota del 15 de diciembre de 2021 de la Cancillería versa sobre la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, en el evento organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para socializar el informe independiente promovido por esta institución sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2020. Esta comunicación debe leerse de forma completa para comprender su verdadero sentido y valorar los principios sobre los que se asienta. Este comunicado tiene por finalidad contribuir a la interpretación auténtica de la misiva, señalando los 3 principios esenciales que reivindica:

*Condolencia frente al sufrimiento humano. Expresamente la carta indica que “Colombia es un país que reconoce sus desafíos y que no niega sus dificultades. El Gobierno se conduele sinceramente por el dolor de las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido en un momento tan difícil como el que vivió Bogotá en septiembre del 2020 y las instituciones pertinentes adelantan las investigaciones penales y disciplinarias a lugar para que se haga justicia”.

*Protección de la confianza. Así como ocurre con las relaciones humanas, las relaciones entre el Estado y las Organizaciones Internacionales exigen la confianza para garantizar su buen rumbo. La reacción del Gobierno colombiano, justamente, busca proteger esa confianza que funda la cooperación con el organismo internacional. De ahí que se exprese: “el Gobierno colombiano debe llamar la atención sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no sólo por el mensaje que se transmite a la opinión pública sino a las propias instituciones del Estado. Al proceder de esa manera, se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato”. “El Estado espera que las actividades de la Oficina contribuyan a fomentar un clima de confianza, corroborando todas las informaciones con fuentes oficiales, en aplicación de los principios de imparcialidad,

objetividad, independencia y transparencia que deben regir todas sus actuaciones. Es un hecho que las observaciones y preocupaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido siempre atendidas por las autoridades nacionales con la mayor seriedad y rigurosidad”.

*Defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho. Una verdadera democracia solo es posible en un Estado de derecho fuerte, en el que las instituciones garanticen la justicia. Por eso, la carta precisa: “La República de Colombia refrenda su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en el territorio nacional, sus instituciones no ahorrarán esfuerzo alguno para que todas las investigaciones conduzcan a castigar ejemplarmente a los responsables de cualquier abuso de autoridad”.

Este es el sentido impreso en la comunicación enviada, un mensaje con el que se reivindican principios compartidos por los colombianos: humanidad, confianza y justicia institucionalizada para evitar la arbitrariedad.