Señor presidente, muy distinguidos miembros del Consejo de Seguridad:

Quiero agradecerle, señor Embajador de Bolivia, por convocar esta sesión, así como a Jean Arnault por la presentación de su informe.

Siendo esta la primera ocasión en que me dirijo a ustedes, quiero, en nombre del Presidente Iván Duque, expresar nuestro reconocimiento al Secretario General, y a todos los miembros del Consejo, por su continuo apoyo a Colombia desde la Misión de Verificación, cuyo mandato fue prorrogado de manera unánime.

Señor presidente, el presidente Duque recibió un claro mandato democrático en las pasadas elecciones, para liderar el Gobierno Nacional durante los próximos cuatro años sobre los pilares de la legalidad, la equidad y el emprendimiento; ese mandato da sustento al compromiso incuestionable del Presidente Duque y su Gobierno con la paz, la estabilización y la consolidación, es decir, con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el imperio de la ley, la generación de mayores oportunidades para el desarrollo económico y la sostenibilidad y expansión del progreso social. Ese compromiso trasciende el acuerdo final para la terminación del conflicto, suscrito en 2016 por el Gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, y responde a los valores y principios de la constitución de 1.991.

El Acuerdo con las FARC ofrece una oportunidad que Colombia está llamada a aprovechar, como señaló el Presidente Duque ante la Asamblea General hace un par de semanas, la paz es un objetivo de todos los colombianos, y todos, absolutamente todos, vamos a trabajar por ella, pero la paz requiere ser construida con el imperio de la ley, que combina los bienes públicos de seguridad y de justicia; nuestro Gobierno, dijo el Presidente Duque, va a trabajar para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción adelantado en los últimos años, salga adelante con éxito.

No son pocos los desafíos que ha encontrado el Gobierno de Colombia en relación con la implementación del acuerdo final, hemos encontrado entre otros aspectos, desarticulación y la carencia de un prepuesto adecuado como lo refleja el informe que hoy nos convoca. Esta situación obliga a hacer correctivos para mejorar, que serán planteados públicamente y se tramitarán por las vías institucionales con el fin de que la implementación sea conducente al objetivo al que debe apuntar, es decir, a la paz, la estabilización y la consolidación.

Todas las altas instancias gubernamentales con responsabilidades en materia de orden público y seguridad ciudadana se encuentran plenamente comprometidas con ese propósito, no solo en relación con los excombatientes de las Farc, sino para garantizar plenamente los Derechos Humanos y las libertades democráticas de todos los colombianos.

Presidente, coincidimos con el informe del Secretario General en que es una mala noticia que algunos de los líderes de la antigua guerrilla de las Farc que se encontraban ubicados en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación hayan abandonado su obligación de apoyar activamente el proceso, desde aquí los instamos a retomar el rumbo una vez más por el camino y a no extraviarse una vez más por el camino de la violencia y la ilegalidad.

El inventario del proceso de reintegración económica, da cuenta de avances precarios y que suscitan una preocupación que compartimos, por ello, adoptaremos un nuevo enfoque con el propósito de recuperar el tiempo perdido e imprimirle al proceso un mayor dinamismo que permita atender las expectativas de los desmovilizados de convertirse en ciudadanos de bien, parte importante de sus familias y actores económicos que contribuyan al desarrollo de las comunidades. La incorporación social y económica de los desmovilizados constituye uno de los centros de gravedad de la implementación del acuerdo final y el Gobierno Nacional es consciente de ello.

En su desarrollo sin embargo, será critico que todos los responsables actuemos en profunda coordinación, lo cual incluye a las entidades del estado, los particulares, la asistencia internacional y las agencias de la ONU.

En paralelo con lo anterior, el combate de los cultivos ilícitos reviste una especial urgencia dado el crecimiento sin precedente de estos durante los últimos años, tal como lo recoge el informe del Secretario General. La lucha contra las economías criminales en todas sus formas y manifestaciones es un elemento cardinal de la estabilización de Colombia y la consolidación de la convivencia pacífica.

El Gobierno Nacional está comprometido con combinar de forma inteligente y responsable todas las herramientas y recursos disponibles en el marco de la Constitución para enfrentar este fenómeno que amenaza no solo la implementación exitosa del acuerdo final si no la integridad de las instituciones y la seguridad ciudadana.

Presidente, observamos con satisfacción que el informe del Secretario General reconoce la pertinencia de algunas de las iniciativas del Gobierno del Presidente Duque tales como el pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de los Derechos Humanos, en desarrollo de ese pacto hemos avanzado en el adopción de una política pública integral que comprende acciones de alertas tempranas, mecanismos rápidos de protección, modelos de prevención de situaciones de riesgo e instrumentos que conduzcan a la imposición de sanciones efectivas a los responsables de los crímenes que se cometen contra quienes desde distinto ámbitos contribuyen al bienestar de sus comunidades, con ello aspiramos a que sus acciones  como las de la semana pasa no se vuelvan a repetir. 

Presidente, el Gobierno de Colombia insiste en su voluntad de poner en marcha eventuales diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en la medida en que se cumplan las condiciones que han sido planteadas reiteradamente y que se resumen en la liberación de los secuestrados, en la cesación unilateral de acciones criminales verificables lo cual exige concentración.

Presidente, el Presidente Duque conoce las deficiencias de la implementación y todo su Gabinete ha empezado ya a trabajar para subsanarlas, la agenda de paz de su Gobierno es la agenda de paz de la constitución y aunque va mucho más allá del acuerdo final, reconoce en su implementación una valiosa y necesaria oportunidad, por lo tanto, evitaremos que esta se pierda como consecuencia de las fallas y los problemas que hemos encontrado al inicio de la actual administración. En este esfuerzo se seguirán resaltando los temas de género y etnias, los niños y las víctimas y la justicia, para ello el apoyo que este Consejo y sus miembros con el pleno de la comunidad internacional continúen brindándonos, son fundamentales para ofrecerle a las nuevas generaciones una Colombia más justa y segura, más equitativa y más emprendedora.

Muchas gracias, señor presidente.

Vea la intervención del Canciller: http://webtv.un.org/watch/the-situation-in-colombia-security-council-8368th-meeting/5847024053001#t=1h26m33s