- Con un encuentro respetuoso y constructivo, liderado por la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez, concluyó la visita de trabajo de la CIDH en Colombia.

Bogotá, D.C., 10 de junio de 2021 (@ViceColombia - @CancilleriaCol). Un minucioso informe sobre el paro nacional entregó la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez, en nombre del Gobierno Nacional, a la CIDH, durante su visita de trabajo al país, que cerró -este jueves- con un encuentro en el Palacio de San Carlos.

Las garantías del Estado Colombiano a las manifestaciones pacíficas; los mecanismos de diálogo; las acciones violentas, como el vandalismo, los bloqueos y sus efectos; las actuaciones de la Fuerza Pública y la reforma a la policía, son los ejes que enmarcan este documento, que da pormenores de los más de 40 días de protestas en el país.

“Nos sentimos muy satisfechos, como parte del Estado colombiano, por el reconocimiento explícito, reiterado que hicieron los distintos comisionados a la fortaleza institucional de Colombia, a la fortaleza de nuestra democracia. El cierre de esta visita de la CIDH ha sido de mucho respeto a esta institucionalidad, de la cual todos nosotros hacemos parte”, dijo la Vicepresidente y Canciller.

En el informe entregado por el Gobierno a la CIDH, se reitera el respeto y garantías al derecho a la manifestación pública y pacífica, conforme a la Constitución y a los estándares internacionales y, en este sentido, -subraya el documento- “se expidió el Decreto 003 de 2021, “Estatuto de Reacción, uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”, que establece una serie de instrumentos, mecanismos e instancias para regular la articulación interinstitucional, con la sociedad civil y en general, con todos los actores relacionados con la realización de manifestaciones pacíficas”.

Así mismo, se hace manifiesto el compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos. “Los agentes estatales son los primeros llamados a garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción y por esto se rechaza firmemente toda violación que haya sido cometida como consecuencia de su acción u omisión y se reitera compromiso de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. No habrá impunidad”, destaca el informe.

Caminos de diálogo

Con un balance de los escenarios de diálogo que se han dispuesto para responder a las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno deja claro en este informe, su voluntad de encontrar consensos que permitan a Colombia superar la doble crisis que afronta. Se alude, por tanto, a la Gran mesa de diálogo nacional, que se instaló el pasado 4 de mayo para avanzar, con el Comité Nacional del Paro, hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.

De la mano de esta iniciativa, entre mayo y junio del 2021 se han adelantado 13 mesas exploratorias, en las que se han discutido las peticiones de garantías para la protesta. Así mismo, se han llevado a cabo 18 encuentros para avanzar sobre lo fundamental, con jóvenes, víctimas, altas cortes, empresarios, comunidades religiosas, entre otros actores.

Reseña también el documento que, hasta el 4 de junio, se han adelantado 17 diálogos regionales en departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander.

Además, en el trabajo específico con los jóvenes colombianos, se conformó la Comisión de Diálogo y Escucha a la Juventud; en Cali, se abrió un espacio de diálogo y de confianza; y el pasado 13 de mayo, el Presidente Duque anunció el “Pacto Colombia con las juventudes”, construido desde los territorios. Actualmente, se mantienen 202 mesas de escucha activa, con 5.273 participantes.

“Los jóvenes son el eslabón de este proceso de cambios y mejoras que estamos adelantando en Colombia. Ya hemos dado pasos importantes para garantizar su acceso a la educación y al empleo, pero queremos seguir construyendo aún más oportunidades, dándole continuidad a un diálogo franco y directo, que nos permita identificar prioridades”, señaló la Vicepresidente y Canciller.

Violencia en las calles y bloqueos en las carreteras

El documento también hace referencia a las acciones violentas que se han presentado en el marco de las protestas, como el vandalismo, y los bloqueos, que han impactado los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos, y que han ameritado el deber del Estado de actuar para protegerlos.

En cuanto a los bloqueos, se hace explícito a la CIDH que, desde el 28 de abril, se han presentado 3.190 eventos que han afectado la libre movilidad a los habitantes del país, el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios.

A ello se suman los datos en materia de salud: 108 daños a ambulancias; 32 afectaciones a funcionarios; 16 retenciones de ambulancias, en 10 de los casos transportaban pacientes; 6 daños a infraestructura; 5 obstrucciones de vehículos que trasladaban insumos médicos; 4 muertes de pacientes; 3 hurtos de insumos médicos; 2 moras de remisión de pacientes; y 256 eventos de agresión a la Misión Médica.

Otro de los focos en el que se da información detallada a la Comisión, es el vandalismo, con un reporte de 679 hechos de afectación en contra de instalaciones y bienes de la Policía Nacional. Daños a 151 infraestructuras gubernamentales: 28 peajes, 4 básculas de pesaje, 25 bienes culturales, 111 semáforos y 148 afectaciones a sedes de alcaldías, palacios de justicia, recinto del Congreso y gobernaciones.

Además, queda consagrado en el informe, que se han afectado los siguientes bienes privados, con clara repercusión en el empleo de las familias colombianas: 438 establecimientos comerciales, 456 oficinas bancarias, 1.201 vehículos de transporte público, 236 estaciones de transporte público, 21 motos particulares, 91 estaciones de servicio, 432 cajeros automáticos, 81 vehículos particulares y de carga, 2 instituciones religiosas, 1 hotel y 1 emisora.

El actuar de la Fuerza Pública y la reforma a la policía

Finalmente, se le informa a la CIDH que, frente a denuncias por abuso de autoridad y excesos de parte miembros de la Fuerza Pública, hay en curso varios procesos disciplinarios y judiciales, con tres capturas de miembros de la policía.

“Entre el 28 de abril al 04 de junio de 2021, fecha de corte, se han abierto a nivel nacional 178 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias. De estas, 23 fueron asumidas por la Procuraduría”, afirma el Gobierno.

Desde junio de 2020, bajo el liderazgo del Presidente Iván Duque, se ha impulsado un profundo proceso de transformación y rediseño en la Policía Nacional, que se materializó con la radicación del Proyecto de ley 364 en el Senado, que avanza en su trámite en el Congreso y que recoge peticiones de diferentes sectores ciudadanos, en aras de recuperar la confianza en la institución policial.

Con este completo informe, el Gobierno Nacional honra su responsabilidad de garantizar la transparencia con los diferentes organismos internacionales y con la CIDH, y reitera el compromiso con los valores de la democracia, como la protección y promoción de los derechos humanos.