Bogotá (feb. 25/19). Tras su XI Reunión de este 25 de febrero, ocurrida en Bogotá, los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima acordaron 18 puntos en su declaración final.
El primero de ellos condena “las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos”.
Aunque los países del Grupo de Lima expresaron su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela, también condenaron la violencia “empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos".
Por ello, señalaron que “colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia” y “denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder”.
Uno de los puntos más destacados de la Declaración es el número cinco, que señala que los países del Grupo de Lima:
“5. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad, en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018, y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania”.
Así mismo, buscarán que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un experto independiente o una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, “en seguimiento a la profunda preocupación por ‘las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria’ en ese país, expresada en la Resolución A/HRC/RES/39/1 ‘Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela’ del 26 de septiembre de 2018”.
Además, reiteraron su llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos”
