Ginebra (Suiza), (mar. 4 / 14). La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, quien intervino ante el Comité permanente del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), integrado por 90 países, destacó como uno de los grandes avances de Colombia para reconocimiento pleno a los derechos la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011.

A continuación, el discurso de la Canciller María Ángela Holguín:

“Señor Presidente,
Permítame agradecerle por esta oportunidad de compartir con los miembros del Comité Permanente estas reflexiones sobre el trabajo que ACNUR desarrolla en Colombia desde los años 90 y la forma como percibimos la temática de los refugiados.

En primer lugar, reconocemos y agradecemos el apoyo dado al gobierno en la atención a la población desplazada y en el planteamiento de opciones para soluciones duraderas en beneficio de dicha población. Nos complacen las sinergias y complementariedades que han caracterizado por largo tiempo nuestro relacionamiento con la Oficina del Alto Comisionado y sus representantes en Colombia.

Deseo resaltar el apoyo de ACNUR en el propósito del Gobierno por fortalecer el marco legal y las instituciones nacionales encargadas de aplicarlo. Tenemos la profunda convicción de que en situaciones como la colombiana la mejor forma como las agencias de las Naciones Unidas pueden desempeñar su mandato, es mediante el acompañamiento y reforzamiento de las capacidades nacionales ya existentes.

Desde hace varios años Colombia adelanta un trabajo sin precedentes para asegurar soluciones definitivas para la población afectada, no solamente por el fenómeno del desplazamiento forzado, sino, en general, por las diferentes secuelas del conflicto armado y la violencia que éste genera.
Con este objetivo y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales, el Estado Colombiano ha fortalecido sus instituciones, ha modernizado su legislación y ha realizado cuantiosos esfuerzos presupuestales e inversiones de largo alcance.

Consideramos importante que el ACNUR y otras agencias de las Naciones Unidas, tengan una agenda de soluciones duraderas que le permita trabajar con los gobiernos en la creación de condiciones propicias para el retorno.

La adopción de programas de acompañamiento productivo enfocadas al desarrollo económico y social es lo que se requiere para contribuir en forma efectiva a la superación de la violencia, la falta de oportunidades y la deficiente prestación de servicios sociales básicos en zonas afectadas por el conflicto armado.

Es evidente que cuando lleguemos al ansiado escenario de una Colombia sin conflicto, la población afectada demandará una mayor presencia del Estado y una prestación de los servicios esenciales.  En esta tarea la contribución de las Naciones Unidas y sus agencias y programas, incluido el ACNUR, será fundamental.

Colombia viene trabajando con el apoyo de ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas  para que se pueda dar el retorno, la integración local o la reubicación de las víctimas en condiciones productivas y de desarrollo sostenible, que permitan avanzar en la superación de los efectos de la violencia.

Entre las acciones realizadas quisiera destacar el reconocimiento pleno a los derechos de las víctimas por parte del Estado colombiano y las medidas de atención y reparación integral previstas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. Esta medida constituye, no solo una sólida respuesta estatal para enfrentar el impacto del conflicto armado, sino también una ambiciosa propuesta hacia el futuro.

En relación con el tratamiento de los desplazados, tan solo en el año anterior se realizaron en Colombia 1.000 misiones humanitarias de prevención, emergencias y retornos y se ejecutaron 83 planes integrales de prevención y protección. Igualmente, se ha logrado avanzar en la restitución de los derechos de la población desplazada en cobertura de salud, educación y seguridad social.

Un ejemplo que demuestra los avances y compromiso de la Fuerzas Militares en la materia, es la capacitación que vienen brindando el ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja a integrantes de las fuerzas militares, en lo que se refiere al conocimiento y difusión de  del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados.
Por otro lado, el Alto Comisionado destaca la legislación colombiana como una de las más avanzadas del mundo en el manejo de la población desplazada, la cual puede ser un ejemplo a seguir por otros países que tienen la misma problemática.  Colombia pone a disposición de la comunidad internacional su experticia en la atención a la población desplazada.

La solidaridad y la cooperación internacional son elementos fundamentales para dar soluciones duraderas. En este marco quisiera subrayar el trabajo conjunto que adelantamos con el Gobierno del Ecuador a través de la comisión binacional de Refugio. Por un lado el Gobierno de Ecuador ha avanzado en el desarrollo y puesta en marcha de Programas y acciones de integración local de los refugiados colombianos y por el otro el Gobierno colombiano ha avanzado en la puesta en marcha del Plan de Retorno. Colombia destinó en el año 2012 más de un millón de dólares para la atención de la población refugiada en la frontera norte con Ecuador.

Colombia ha realizado contribuciones económicas para apoyar los planes de retorno de los refugiados colombianos en dicho país. Así mismo, la Ley de Víctimas presenta alternativas de reparación para los refugiados colombianos que quieren regresar voluntariamente al país. Sabemos que todavía falta un largo camino por recorrer, pero estamos seguros que vamos por la senda adecuada. 

Señor Presidente,

En la época actual la dinámica del refugio y asilo entre nuestros países ha variado, puesto que muchas de las solicitudes de refugio que se presentan responden a diferentes factores, incluidos algunos que se presentan en cualquier lugar del mundo, como puede ser el caso los que tienen una motivación puramente económica o con objetivos diferentes.

De otra parte, los desafíos que imponen las actuales crisis humanitarias no tienen precedentes y representan nuevos retos para los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y las agencias humanitarias. La salida a situaciones de graves crisis humanitarias requieren de la solidaridad de todos y de la búsqueda de soluciones negociadas y políticas, donde debe primar el respeto irrestricto a la población civil, como eje fundamental y presupuesto de aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Precisamente este es el espíritu que orientó la Declaración de Cartagena de Indias de 1984, cuyo trigésimo aniversario celebramos en el presente año. Este fue un instrumento pionero en América Latina en el fortalecimiento de las legislaciones nacionales para la protección de los refugiados y solicitantes de asilo y es un precedente fundamental para seguir fortaleciendo los mecanismo de solidaridad y cooperación entre los Estados para buscar medidas encaminadas a resolver los nuevos desafíos de protección.

Permítame concluir reiterando el firme compromiso del Estado colombiano con la búsqueda de soluciones duraderas para las personas afectadas por el desplazamiento. No cesaremos en este empeño, ya que somos conscientes de que lo que está en juego es el ejercicio de derechos fundamentales de la persona humana, en cuya promoción y protección está comprometido en forma decidida el Estado colombiano.

Muchas gracias”.