Ipiales (sept. 18/19). Con el propósito de discutir posibles acciones conjuntas tendientes a garantizar una migración segura, ordenada y regular de los ciudadanos venezolanos en la frontera binacional, delegaciones gubernamentales de alto nivel de Colombia y Ecuador se reunieron en Ipiales.

La delegación de Colombia estuvo presidida por la Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadora Margarita Eliana Manjarrez, mientras que la del Ecuador estuvo encabezada por el Viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro Carlos Alberto Velástegui.

Como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 26 de agosto de 2019 de medidas migratorias tomadas por el Gobierno ecuatoriano, se ha producido un aumento significativo de migrantes venezolanos represados en Ipiales, ya que no pueden cumplir con los nuevos requisitos impuestos para continuar su tránsito hacia el sur del continente, en particular, dada la obligación de contar con una visa ecuatoriana para ingresar y transitar por ese país.

Colombia reiteró que la gestión de la actual crisis migratoria es una responsabilidad compartida y que, por lo tanto, el camino a seguir es buscar la gobernanza coordinada por parte de la región. Es necesario abrir espacios de diálogo entre Colombia y Ecuador para, de manera articulada, tratar en conjunto la situación en frontera y evaluar acciones que tengan en cuenta los intereses de todos los países y que sobre todo beneficien a los migrantes venezolanos, cuyo interés es continuar hacia terceros Estados, donde están radicados sus familiares o tienen mejores opciones de vida y de trabajo.

Como lo ha manifestado en varias ocasiones el Canciller Holmes Trujillo, es solo a través de medidas coordinadas y armonizadas que los países de la región lograrán gestionar de manera segura, ordenada y regular esta crisis migratoria, cuyos impactos son nacionales, regionales e internacionales.

En esa línea, es evidente que ningún país puede hacer frente a esta problemática por su propia y única cuenta. Adicionalmente, se debe hacer un análisis caso por caso que tenga en cuenta los principios de protección y reconocimiento del migrante y que esté basado en criterios humanitarios como la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el deseo de reunificación familiar.

La delegación de Colombia señaló que mecanismos como el Proceso de Quito, propuesto e impulsado precisamente por el Gobierno ecuatoriano en septiembre de 2018, resultan los medios más idóneos para armonizar y coordinar medidas para atender esta crisis humanitaria, cuyos impactos trascienden lo nacional y afectan a toda la región, que ya ha recibido más de 4 millones de migrantes venezolanos.

Si bien los Estados son soberanos para adoptar las medidas que consideren, Colombia hace un llamado para la armonización de acciones a través de espacios como el Proceso de Quito. Además, ve con preocupación que medidas similares a las adoptadas por Ecuador se han tomado por parte de Perú y Chile.

La dificultad o imposibilidad para cumplir requisitos como la apostilla o legalización, el costo de los formularios para una población que no cuenta en general con los medios económicos, etc., probablemente ocasionen que los migrantes opten por vías irregulares de acceso, exponiéndose a ser víctimas de delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas; de igual forma se crea una afectación a familias que se han visto separadas, incluyendo menores que no se han podido reunir con sus padres al no contar con una visa, y se genera una barrera para quienes desean simplemente hacer tránsito a un tercer país.