Por iniciativa del Gobierno colombiano, la Vicepresidenta y Canciller designada se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo con el que acordó avanzar en un diálogo propositivo, y al que invitó a realizar una visita de trabajo a Colombia una vez se hayan entregado los informes solicitados por la propia CIDH a las autoridades judiciales y a los organismos de control de Colombia, y se haya surtido la audiencia ya convocada para el próximo 29 de junio.

Washington D.C. 25 de mayo de 2021 (@ViceColombia). Un diálogo constructivo, con la CIDH y la Organización de los Estados Americanos (OEA), marcó el inicio de la agenda diplomática en Washington, de la Vicepresidenta y Canciller designada de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Por iniciativa del Gobierno colombiano, la Vicepresidenta de la República se reunió con la Presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola; la Secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido; y los Comisionados Stuardo Ralón, Julissa Mantilla, Flavia Piovesan y Joel Hernández; con el ánimo de reiterar el firme compromiso de la administración Duque con el respeto a los Derechos Humanos y con el trabajo continuo por el fortalecimiento institucional que le  permita al país llegar a estándares cada vez más elevados en el reconocimiento, la formación, la garantía  y  la promoción de los derechos humanos.

En este marco, se compartieron los desafíos del Gobierno colombiano dada la coyuntura actual de desempleo, empobrecimiento, y descontento social derivados de las consecuencias de la pandemia y de los hechos de violencia sucedidos en varias de las protestas que ha registrado el país desde el pasado 28 de abril.

En este encuentro la CIDH reconoció y agradeció la amplia y permanente cooperación de Colombia con ese organismo internacional en los diferentes temas que les son comunes. Por su parte, la Vicepresidente y Canciller reiteró la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el Estado colombiano y para la región y ratificó la voluntad del Gobierno del Presidente Duque de continuar brindando toda la cooperación a este órgano multilateral. 

Durante la reunión, la Vicepresidente y Canciller Ramírez ratificó la decisión y compromiso del Estado colombiano de investigar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos cometida durante las protestas, así se trate de agentes estatales o de civiles que hayan incurrido en delitos de cualquier índole.

“Nuestro Gobierno está totalmente comprometido a que bajo ninguna circunstancia se cometan en Colombia abusos en materia de DDHH durante estas protestas, desafortunadamente ha habido casos que se han visto violentos en las calles y ha habido heridos y muertos. Ningún abuso ni supuesto abuso cometido por parte de una autoridad, bien sea policía o militar, va a dejar de investigarse. Todos sin excepción tienen que investigarse. Nadie estará por encima de la ley y eso incluye a los que tengan uniforme y los que no tienen uniforme.”.

Así mismo, reiteró que “todos los organismos encargados de las investigaciones penales o disciplinarias están actuando de manera coordinada y priorizando las investigaciones por las muertes, desapariciones, violencia sexual y actos vandálicos con el fin de sancionar a los responsables, sean quienes sean”.

La Vicepresidente y Canciller de Colombia también recalcó la importancia que tiene la presencia permanente de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que cuenta con más de 100 funcionarios desplegados en el territorio, y agradeció el acompañamiento que actualmente la ONU hace a la mesa de negociaciones con el Comité del Paro.

Durante la reunión, la Canciller escuchó los comentarios e inquietudes de la Presidente de la Comisión, Antonia Urrejola, así como los de cada uno de los demás comisionados y la Secretaría Ejecutiva. Se planteó la importancia y necesidad de recibir la información del Estado para conocer objetivamente la situación actual del país, en lo relacionado con las protestas.

Tanto la CIDH como la Canciller coincidieron en que así como se debe proteger el derecho a la protesta es necesario que se garanticen los derechos de los demás ciudadanos; y rechazaron los graves bloqueos de vías, los actos vandálicos y el uso de armas por parte de los particulares en medio de las manifestaciones. La CIDH reiteró que estas formas violentas exceden los estándares por ella establecidos para la protesta social.

En ese sentido, en el encuentro, la alta funcionaria sostuvo que no hay lugares vedados en Colombia y que siempre habrá disposición para avanzar en un trabajo conjunto. El compromiso del Gobierno de Colombia continuará siendo siempre el de fortalecer el Estado de Derecho, la protección de los Derechos Humanos, mejorar las condiciones para un fortalecimiento económico inclusivo que permita generar condiciones inmediatas y progresivas para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, así como asegurarse de prevenir, abolir y sancionar cualquier tipo de violencia al interior de la sociedad colombiana.

Como compromisos puntuales derivados de los comentarios antes expuestos, la Canciller manifestó que a la mayor brevedad posible el Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión, garantizándole a este organismo el acceso transparente a la información oficial y unificada de todas las entidades del Estado. Además, para efectos de que los comisionados puedan profundizar en su contenido, solicitó que se programe una audiencia privada que propicie un escenario técnico, amplio e integral para transmitirla y sustentarla por parte de las instituciones competentes.

Adicionalmente, la canciller Marta Lucía Ramírez confirmó la asistencia de los representantes del Estado colombiano a la audiencia citada de oficio este fin de semana por la CIDH, la cual se realizará el próximo 29 de junio dentro del periodo de sesiones de la Comisión.

Por último, la Vicepresidente fue clara en dar la bienvenida a una visita de trabajo de la CIDH y, por supuesto, a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, esto es, tanto aquellos que tienen evidencias de supuestos abusos de algún miembro de la fuerza pública, como aquellos que han resultado afectados de manera grave por las protestas y especialmente por los bloqueos en las carreteras que han impedido el abastecimiento de alimentos, insumos médicos para hospitales y que llegó a cobrar la vida de dos bebés debido a la imposibilidad que tuvieron dos ambulancias de pasar dichos bloqueos.