Cartagena, (abr. 20/15). La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, participó el lunes 20 de abril en la instalación del 52° Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realiza en Cartagena de Indias, entre el 20 y 24 de abril.

Este evento que reafirma el compromiso del Estado colombiano con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siendo ésta la cuarta vez que Colombia alberga a la Corte Interamericana.

En el marco de este periodo de sesiones se celebrarán cuatro audiencias públicas sobre casos contenciosos: Gonzáles Lluy (TGGL) y Familia vs. Ecuador; Velásquez Páiz y otros vs. Guatemala; Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile; y, Ruano Torres y Familia vs. El Salvador. En estos casos se abordarán derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos tales como la debida diligencia, la protección de la vida e integridad personal y el acceso a la justicia.

En la instalación también estuvieron presentes el Presidente de la Corte IDH, Juez Humberto Sierra Porto; el Alcalde de Cartagena, Dionisio Fernando Vélez Trujillo; el Defensor del Pueblo y Presidentes de las Altas Cortes colombianas.

Las sesiones del Periodo Extraordinario serán transmitidas vía streaming en la página web http://www.corteidh.or.cr/cartagena/

Sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte IDH, con sede en San José Costa Rica, es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. La Corte Interamericana pudo establecerse y organizarse cuando entró en vigor la Convención Americana. 

La Corte está integrada por siete jueces, nacionales de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). La composición actual de la Corte es la siguiente, en orden de precedencia: juez Humberto Antonio Sierra Porto; (Colombia), Presidente; juez Roberto F. Caldas. (Brasil), Vicepresidente; juez Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); juez Diego García-Sayán (Perú); juez Alberto Pérez Pérez (Uruguay); juez Eduardo Vio Grossi (Chile); juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México).

Audiencias públicas sobre casos contenciosos

• Caso Gonzáles Lluy (TGGL) y Familia vs. Ecuador:

El caso se relaciona con la alegada “afectación a la vida digna e integridad personal de TGGL, como consecuencia del contagio con VIH tras una transfusión de sangre que se le realizó el 22 de junio de 1998, cuando tenía 3 años de edad”. De acuerdo con la Comisión Interamericana “la sangre que se utilizó para la transfusión provino del Banco de Sangre de la Cruz Roja del Azuay, sin que el Estado hubiera cumplido adecuadamente el deber de garantía, específicamente su rol de supervisión y fiscalización frente a entidades privadas que prestan servicios de salud”.

• Caso Velásquez Páiz y otros vs. Guatemala:

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de Guatemala por el incumplimiento del deber de protección de la vida e integridad personal de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que ésta no llegó a su casa, sus padres acudieron a interponer la denuncia de su desaparición, pero se les indicó que era necesario esperar 24 horas para denunciar el hecho. El Estado no habría adoptado medidas inmediatas y exhaustivas de búsqueda y protección a favor de Claudina Isabel Velásquez Paiz durante las primeras horas tras tener conocimiento de la desaparición. Esto, a pesar del presunto conocimiento por parte de las autoridades estatales de la existencia de un contexto de violencia contra las mujeres que ubicaría a la víctima en una clara situación de riesgo inminente. El cuerpo sin vida de Claudina Isabel Velásquez Paiz habría sido encontrado al día siguiente, el 13 de agosto de 2005, con señales de haber sido sometida a actos de extrema violencia, incluida violencia sexual.

• Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile:

El caso está relacionado con la presunta denegación de justicia, en perjuicio de Omar Humberto Maldonado Vargas y otras personas, la cual se habría derivado de la legada falta de investigación, de oficio y diligente de los hechos de tortura que habrían sufrido las presuntas víctimas en el contexto de la dictadura militar chilena. Asimismo se alega que el Estado habría incumplido su obligación de ofrecer un recurso efectivo para dejar sin efecto un proceso penal que habría tomado en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura, al haber sido rechazados por la Corte Suprema los recursos de revisión y reposición interpuestos por las presuntas víctimas en 2001 y 2002, respectivamente. En consecuencia, las presuntas víctimas no habrían contado con un mecanismo para hacer valer la regla de exclusión de prueba obtenida bajo tortura como corolario de la prohibición absoluta de la tortura.

• Caso Ruano Torres y Familia vs. El Salvador.

El caso se relaciona con la alegada “violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, a la libertad personal y a la integridad personal en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres” y del “derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de sus familiares”. De acuerdo con la Comisión Interamericana “[e]l señor Ruano Torres fue privado de su libertad en horas de la madrugada en su casa el 17 de octubre de 2000, siendo maltratado frente a su familia. La Comisión concluyó que los maltratos físicos y verbales constituyeron tortura. Posteriormente, el señor Ruano Torres fue procesado y condenado penalmente en violación de las garantías mínimas de debido proceso”.