Ginebra (oct. 8/19) Como un ejemplo a seguir en la lucha contra la apatridia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, destacó la medida adoptada por el Gobierno del Presidente Iván Duque mediante la cual se otorga la nacionalidad colombiana por nacimiento a los niños y niñas de padres venezolanos que estaban en riesgo de apatridia.

Cabe recordar que esta medida rige para los menores nacidos en territorio colombiano desde el 19 de agosto del 2015 y hasta el 20 de agosto del 2021 o hasta cuando cesen las circunstancias que impiden su registro como nacionales venezolanos.

El reconocimiento a la medida, que beneficia de forma directa e inmediata a cerca de 27.909 niños, así como a todos aquellos que nazcan en adelante, tuvo lugar en la intervención central en el marco del 70 Comité Ejecutivo del ACNUR que se celebra en Ginebra del 7 al 11 de octubre.

La medida fue presentada ante ese foro por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía Hernández, en momentos en que se cumple la mitad del plazo de 10 años fijado para poner fin, en 2024, a la apatridia que afecta a miles de personas en el mundo. 

La Viceministra Mejía subrayó en su intervención que el fenómeno de la apatridia en la región de América Latina y el Caribe había sido hasta ahora algo excepcional, “pero estamos enfrentando en estos momentos una delicada situación en esta materia, como una más de las gravosas consecuencias de la ruptura del orden constitucional y democrático en nuestro país vecino, Venezuela”.

Adicionalmente, y como parte del compromiso del Gobierno de Colombia para poner fin a la apatridia, en el marco de la celebración del 70 Comité Ejecutivo del ACNUR se depositó el  instrumento de ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, con el cual Colombia pasó a ser parte de los dos principales tratados internacionales en esta materia.

De igual forma, se presentó a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley sobre política migratoria que establece un marco jurídico integral en materia de apatridia, en cuya reglamentación se establecerá un procedimiento especial para determinar la condición de persona apátrida.