INTERVENCIÓN VICEMINISTRO DE JUSTICIA MIGUEL SAMPER STROUSS

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

Palacio de las Naciones Unidas, Ginebra, 2013

Colombia está realizando importantes esfuerzos con el objetivo de estructurar un puente sólido de transición hacia una paz duradera y estable.

Nuestro esquema de Justicia Transicional es único en el mundo. Cada nación que quiera salir de una situación de conflicto armado debe confeccionar un traje de transición que se ajuste a la talla de sus necesidades. Colombia es el primer país que está armando un bote transicional sin haber llegado a la orilla de la paz. Justicia Transicional no es una justicia amañada o reducida, sino es la medida exacta de justicia que se requiere en un contexto determinado para evitar la impunidad.

Por ello, el Estado tiene la firme convicción de que para tener éxito en el proceso, la columna vertical del mismo deben ser los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación.

Hoy el país cuenta con diversos mecanismos que apuntan a este objetivo. En materia de reparación, contamos con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, un esquema administrativo ambicioso, eficiente y masivo, que será explicado en detalle a continuación.

En cuanto al derecho a la verdad, el sistema de descubrimiento judicial fue complementado con aquella que se construye por fuera de los tribunales, mediante la creación del Centro de Memoria Histórica.

Adicionalmente, con la reforma de Justicia y Paz se consiguió brindarle al proceso mayor celeridad, darle más herramientas a la Fiscalía para perseguir los bienes de los desmovilizados y establecer una estrategia investigativa para desentrañar los patrones de criminalidad.

El objetivo central del Gobierno en materia de justicia se ha basado en la humanización de la misma. Se busca contar con una justicia eficiente, eficaz y cercana al ciudadano. La humanización de la justicia debía empezar por brindarle la importancia que el sector requería, lo cual se logró mediante la creación del Ministerio de Justicia y del Derecho en el año 2011.

También implica agilizar los procesos. Para contar con herramientas propias del Siglo XXI, fueron tramitadas y aprobadas importantes reformas procesales en materia civil, arbitral y contencioso administrativo. Para la implementación del sistema oral, promover la independencia de la Rama Judicial y llevar las nuevas tecnologías al proceso judicial, se comprometió la suma de 1.110 millones de dólares en los próximos 4 años.

Una justicia humanizada conduce a una especial protección a las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad. El Gobierno estableció la posibilidad de imponer, por parte de operadores jurisdiccionales, medidas de habitación, alimentación y transporte para mujeres víctimas de violencia de género, y la deducción de impuestos para los empleadores que las contraten.

Humanizar la justicia implica también mejorar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad. Reconocemos que Colombia ocupa un 8vo lugar en Latinoamérica en materia de hacinamiento carcelario, y este es un desafío que ocupa uno de los primeros lugares en nuestra agenda. Para el efecto, se está ejecutando un plan para aumentar en los próximos 4 años un 40% de nueva capacidad en las cárceles colombianas.

El Gobierno colombiano ha venido construyendo una política criminal coherente que incluya mecanismos de justicia restaurativa y no se concentre, como hoy, en un esquema primordialmente retributivo. Colombia no puede ser una sociedad encarcelada. Con este propósito, se está tramitando en estos momentos una reforma al código penitenciario, para garantizar mayores recursos y mejores condiciones en materia de salud y alimentación de los reclusos, así como para asignar responsabilidades concretas frente a esta población.

El camino que debe recorrer un país que pretende llegar a la paz no está exento de enfrentar detractores, dificultades y obstáculos que parecieran infranqueables. Lograr que esa paz además perdure en el tiempo, pareciera una tarea más que compleja, imposible. Pero, como debe quedar muy claro, la justicia y la paz no son fines que se contrapongan, sino que se complementan.

Por ello es que se requiere el pleno respaldo de la comunidad internacional. Colombia, ha configurado y puesto en marcha un sistema coherente, integral y garantista de Justicia Transicional que busca realizar los derechos de las víctimas, recuperar la fortaleza de las instituciones del Estado y enfrentar, en últimas, un pasado de violaciones graves y manifiestas con la certeza de que ello no volverá a ocurrir.

Cedo la palabra ahora a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.