INTERVENCION  MINISTRO DEL INTERIOR, FERNANDO CARRILLO FLOREZ, ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS A PROPOSITO DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL EPU

Colombia es un país que muestra progresos indiscutibles en materia de derechos humanos.

Vivimos una situación muy diferente a aquella del año 2008, cuando fuimos evaluados por primera vez por nuestros “pares”.

Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la decisión de retirarnos de la lista de países bajo observación permanente luego de constatar el compromiso que ha tenido con las políticas públicas  de Derechos Humanos.

El Ministerio de los Derechos

Nuestra política pública se levanta sobre tres pilares:

1.    La expedición de nueva normatividad.

2.    Una nueva institucionalidad.

3.    La promoción y preservación de nuevos liderazgos.

Institucionalidad y creación de nuevos liderazgos

Hoy acudo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como Ministro  de los Derechos Humanos y Ministro de las Regiones. En el Ministro del Interior, confluyen esas dos condiciones, por modificaciones normativas que ha puesto en marcha este Gobierno.

Quiero referirme a los resultados concretos, producto de las recomendaciones de este Consejo, así como a  los compromisos voluntarios de nuestro Estado:

1.    La reanudación del diálogo con los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, que ha llevado a poner fin a la estigmatización de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y a su efectiva protección.

2.    Hemos consolidado el Proceso Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales y emprendimos una campaña pública de reconocimiento a la legitimidad de su labor. El Presidente de la República y el Ministro del Interior en repetidas ocasiones han rechazado cualquier forma de estigmatización. Adicionalmente,  los hemos reconocido como interlocutores válidos y legítimos del Gobierno Nacional y como partícipes en las decisiones políticas.

3.    Hemos creado el Programa de Protección como una herramienta única, cuya efectividad es manifiesta. Su población objeto está constituida por organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes, representantes o miembros de grupos  étnicos (408), dirigentes o activistas sindicales (1.038) y periodistas o comunicadores sociales (140), para solo mencionar algunos.

Hoy tenemos una Unidad Nacional de Protección, creada por este Gobierno, con infraestructura sólida, que incorpora en sus procedimientos un ENFOQUE DIFERENCIAL y cuenta con instrumentos de evaluación de riesgo confiables. Protege cerca de 8.000 personas individualmente y más de 3.000 colectivamente, tanto como varios grupos étnicos, que han sido preocupación central.

Durante el año 2012 ejecutó un presupuesto de aproximadamente 132 millones de dólares y para 2013 se espera hacerlo en una cifra cercana a los 190 millones.

Hemos logrado importantes avances con los Consejos Regionales Indígenas para el fortalecimiento de sus formas propias de protección -guardia indígena-, respetando sus usos y costumbres.

Política Indígena

Nuestro compromiso con los Pueblos Indígenas, se ha traducido en un diálogo sin precedentes. Por primera vez se han consultado, concertado y acordado con las minorías étnicas 3 grandes instrumentos de política pública que hoy constituyen la base de la garantía de sus derechos:

a.    El Plan Nacional de Desarrollo, con 96 acuerdos que se están cumpliendo.

b.    El Programa Nacional de Garantías, con participación de más de 4.000 indígenas.

c.    Los Decretos Leyes sobre reparación de víctimas y restitución de tierras, concertados con ellos.

El Gobierno Nacional ha fortalecido así las instancias de concertación de la política pública con los pueblos indígenas:

1.    La Mesa Permanente de Concertación, en estrecho contacto con el Alto Gobierno.

2.    La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los pueblos indígenas.

3.    La Comisión Nacional de Tierra y Territorios para hacer efectivo su derecho al territorio.

La población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera

El Gobierno de Colombia ha definido y está implementando políticas específicas en materia de garantía de los derechos de las poblaciones Afro, a un territorio colectivo, a gobiernos propios y a autonomía en sus decisiones, así como políticas de atención diferencial en salud y educación.

La apuesta del Gobierno es generar un espacio amplio e incluyente para que las comunidades, con y sin tierra, las que habitan territorios no baldíos, las que han sido desplazadas, y las urbanas, puedan ejercer efectivamente su derecho a la consulta previa.

La idea es constituir un mecanismo de consulta de abajo hacia arriba, que termine en un gran Congreso de las Organizaciones y Consejos Comunitarios del país, ideado por las propias comunidades.

La sanción presidencial de la Ley para la lucha contra toda forma de discriminación que creó el Observatorio sobre la Discriminación Étnico Racial, es expresión concreta de esta política. 

Para potenciar su implementación, el Presidente de la República ha creado Programas PRESIDENCIALES específicos para indígenas y afrocolombianos.

La Consulta Previa en nuestro País

Colombia es pionera en el desarrollo de una política pública de materialización del derecho a la consulta previa.

Fuimos promotores principales del Convenio 169 de la OIT y hemos jugado en estas décadas un papel clave, en tal condición.  

En materia de reglamentación normativa, hemos acudido a la figura de Protocolos específicos que recogen los estándares definidos por la Corte Constitucional, con quien el Gobierno Nacional trabaja mancomunadamente.

La semana pasada acordé con el Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la conformación de un Grupo de Trabajo para la construcción de acuerdos en el desarrollo de buenas prácticas de consulta previa que sean consistentes con la normatividad internacional.