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Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores Colombiana, Claudia Blum, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Mar, 07/14/2020

 

Nueva York, 14 de julio de 2020

Señor Presidente, Miembros del Consejo de Seguridad,

Quisiera empezar agradeciéndoles por haber convocado esta reunión, así como por los comentarios y el apoyo recibido de los miembros del Consejo de Seguridad.

También deseo agradecer al Secretario General, António Guterres, y a su Representante Especial en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, por el informe presentado hoy y la comprometida labor de la Misión de Verificación.

También tomamos nota de la intervención de la señora Clemencia Carabalí en la sesión de hoy.

Señor Presidente,

Como los demás países, Colombia se enfrenta a los enormes desafíos que plantea la pandemia COVID-19. Mi gobierno ha implementado medidas integrales para salvaguardar la salud pública, brindar apoyo a los más vulnerables, preservar empleos y proteger el bienestar de nuestros ciudadanos.

Incluso en el contexto de esta pandemia, seguimos avanzando con el firme compromiso de cumplir los términos del Acuerdo de 2016. No hemos retrasado ninguna de las áreas de trabajo que comprende la política de Paz con Legalidad. Su implementación es una prioridad del Gobierno del Presidente Duque.

El marco establecido por el Acuerdo funciona de manera coherente. El Consejo Nacional de Reincorporación se ha reunido periódicamente, así como los diversos grupos de trabajo tripartitos. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI) celebró seis reuniones durante el período que abarca el informe.

Todos los organismos encargados de aplicar la política de Paz con Legalidad han adoptado medidas para la prevención, atención y mitigación de riesgos de COVID-19. Los beneficiarios de esas medidas incluyen a los excombatientes, las víctimas y los agricultores comprometidos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

En los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se han establecido protocolos para prevenir el contagio y garantizar la remisión a centros de salud cuando sea necesario, en estrecha coordinación con las autoridades locales.

También seguimos trabajando arduamente en la aprobación, financiación y ejecución de proyectos de desarrollo en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza en los que se llevan a cabo Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los esfuerzos de estabilización en estos municipios se financian principalmente con el Presupuesto Nacional, complementado con otros fondos públicos y privados, y la cooperación internacional. El respaldo internacional sigue comprometido, confiando en los resultados que se están logrando.

En las regiones en las que se están implementando esos Planes de Desarrollo, durante la administración del Presidente Duque, se han financiado 186 proyectos por un valor de 423 millones de dólares con las regalías de la explotación petrolera y minera. Las agencias gubernamentales también continúan comprometidas con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y transitar hacia la legalidad.

Además de los desafíos que plantea la implementación del Acuerdo y la respuesta a la pandemia, Colombia sigue destinando importantes recursos a la atención de 1,8 millones de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país.

Señor Presidente,

El éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes, son decisivos para evitar nuevos ciclos de violencia. Seguimos trabajando con determinación para apoyar proyectos productivos. Los beneficiarios de los proyectos puestos en marcha en el primer semestre de este año han aumentado en un 71% en comparación con el mismo período de 2019.

Los antiguos ETCR funcionan con normalidad a nivel administrativo y el Gobierno ha garantizado la provisión de los bienes, servicios y suministros necesarios. El suministro de alimentos se ha extendido, a pesar de que la situación jurídica de estas zonas ha terminado hace tiempo. Se siguen pagando subsidios mensuales a los excombatientes que residen tanto dentro como fuera de los ETCR. Se ha reforzado la conectividad digital en estas zonas para mantener el acceso a la educación y la asistencia técnica para proyectos productivos.

La Agencia para la Reincorporación y Normalización ha adoptado mecanismos virtuales para la atención de los excombatientes. Además, la Agencia para la Renovación Territorial ha celebrado reuniones virtuales para fortalecer la relación entre las autoridades centrales y regionales y para alinear la oferta institucional con los instrumentos de planificación local.

Distinguidos delegados,

La seguridad y la protección de los excombatientes, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y las comunidades siguen siendo nuestro mayor desafío. El gobierno ha articulado acciones de 15 organismos diferentes para fortalecer la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento. Todo ello, con una concepción integral de la seguridad en el marco del proceso de reincorporación y una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta irregular de los Agentes del Estado.

Durante el período reportado, analizamos en detalle las situaciones de Ituango y Caldono. Nuestras recomendaciones para establecer lugares más seguros para los residentes en estas áreas tomaron tiempo para ser cumplidas. A través de una estrecha coordinación entre las autoridades nacionales y locales, con el acompañamiento de la Misión de Verificación, los excombatientes fueron trasladados de Ituango al municipio de Mutatá. También se han aprobado las medidas de protección solicitadas por las mujeres excombatientes.

A 8 de julio, la Fiscalía General ha avanzado en la investigación de 146 de los 294 delitos registrados, desde la firma del acuerdo, contra los excombatientes y sus familias. Esto representa un avance en el 49,7% de los casos. Se han emitido 198 órdenes de captura por homicidio, intento de homicidio y desaparición forzada, de las cuales 51 corresponden a los instigadores identificados. Así como 27 sentencias contra los responsables de estos crímenes, condenados hasta el momento.

Del resultado de las investigaciones se desprende claramente que los ataques contra los excombatientes están relacionados con la complejidad del entorno y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal. Estos actores criminales incluyen miembros no reincorporados de las FARC, el grupo terrorista ELN y otros grupos dedicados a la delincuencia organizada transnacional.

No debemos olvidar que el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos se produjo entre 2013 y 2017. Ahora estamos pagando el precio por el silencio que se guardó ante una situación que creó nuevas amenazas para las comunidades más vulnerables, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El Gobierno del presidente Duque está firmemente comprometido con la reducción de los cultivos ilícitos y la promoción de opciones de sustitución de cultivos para las comunidades. Según el último informe del Sistema de Monitoreo de ONUDD, en 2019 Colombia logró una reducción del 9% en el área sembrada de coca. Fue el segundo año con una disminución del área. Colombia no logrará la paz anhelada si estas economías ilegales siguen siendo rentables. La cooperación y la corresponsabilidad internacional es esencial para enfrentar este problema.

Distinguidos delegados,

La implementación es un proceso de dos vías y requiere el compromiso efectivo tanto del Estado como del partido político FARC. Mi Gobierno reitera la necesidad de que la Misión de Verificación exija a los miembros de las FARC el cumplimiento de la entrega de información relativa a: las rutas del narcotráfico; la localización de personas desaparecidas; la entrega de bienes que contribuyan a la reparación de las víctimas; el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos disidentes; y la localización de minas terrestres, entre otros.

Señor Presidente,

Nuestro Gobierno sigue prestando apoyo al sistema de justicia transicional, incluida la financiación de todos sus mecanismos. Debo subrayar que no ha habido ni habrá ninguna reducción de su presupuesto.

El éxito de la justicia transicional depende en gran medida de que ésta garantice los derechos de las víctimas, en particular los derechos a la justicia, la verdad y la reparación.

En el marco del Acuerdo se han definido una serie de diferentes sanciones y acciones reparadoras, derivadas del grado de colaboración y reconocimiento de responsabilidad por los sujetos de la jurisdicción. El Acuerdo también contempla que se verifique el cumplimiento de las sanciones para salvaguardar la satisfacción de las expectativas de las víctimas. Nuestro Gobierno ha iniciado un proceso de coordinación interinstitucional en estrecha colaboración con la Misión de Verificación, con el fin de diseñar un sistema que atienda adecuadamente esta necesidad una vez que la Jurisdicción Especial comience a aplicar sus sanciones.

Señor Presidente,

Por último, quisiera referirme al "cese unilateral activo al fuego" anunciado por el grupo terrorista ELN el 29 de marzo, y su reciente solicitud de un alto el fuego bilateral. El Gobierno reitera enérgicamente que esta supuesta voluntad de paz debe traducirse en acciones concretas del ELN, como la liberación de todas las personas secuestradas y el cese de cualquier acto delictivo. Seamos claros: el ELN no cumplió su anuncio de marzo y no hay ninguna señal de que vaya a cumplir este nuevo anuncio. Las autoridades colombianas no cesarán en su misión constitucional de proteger a nuestros ciudadanos de la amenaza terrorista y criminal que este grupo representa.

Distinguidos delegados,

El Gobierno del Presidente Iván Duque está firmemente comprometido con la construcción de la Paz con Legalidad. El apoyo de las Naciones Unidas es fundamental para seguir avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En medio de la actual crisis mundial, no disminuiremos nuestros esfuerzos y seguiremos dedicando todos los recursos posibles para lograr los resultados que nuestros ciudadanos merecen.

Muchas gracias.

Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores Colombiana, Claudia Blum, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (inglés)

 

Statement by Colombian Foreign Minister, Claudia Blum, Before the United Nations Security Council

New York, July 14th,  2020

Mister President,

Members of the Security Council,

I thank you for convening this meeting, and for all the remarks and support by the Members of the Security Council.

I thank Secretary General, António Guterres, and his Special Representative in Colombia, Carlos Ruiz Massieu, for the report presented and the commitment of the Verification Mission.

I also take note of the statement by Ms. Clemencia Carabali delivered in this session.

Mister President,

As all other countries, Colombia is facing the enormous challenges posed by the COVID-19 pandemic. My government has implemented comprehensive measures to safeguard public health, provide support for the most vulnerable, preserve jobs, and to protect the welfare of our citizens.

Even in the context of this pandemic, we continue with a firm commitment to comply with the terms of the 2016 Agreement. We have not held back any of the areas of work comprising the Peace with Legality policy. Its implementation is a priority of President Iván Duque’s Government.

The framework put in place by the Agreement operates consistently. The National Reincorporation Council has met periodically, as well as the various tripartite working groups. The Commission for the Follow-up, Promotion and Verification of the Implementacion held six meetings during the reporting period.

Measures for COVID-19 prevention and mitigation, have been adopted by all agencies implementing the Peace with Legality policy. Beneficiaries of these measures include former combatants, victims, and farmers committed to the National Program for Illicit Crop Substitution.

In the former twenty-four Territorial Areas for Training and Reintegration (TATRs) protocols are in place to prevent contagion and to ensure referrals to health centers when necessary, in close coordination with local authorities.

We also continue to work hard on the approval and implementation of projects in the 170 municipalities most affected by poverty and violence, where Development Plans with a Territorial Approach are carried out. Stabilization efforts are funded mainly by the National Budget, complemented with other public and private funding, and international cooperation. International support remains committed, confident on the results being achieved.

In regions where those Development Plans are being implemented, during President Duque’s administration, 186 projects worth U$423 million dollars have been funded by royalties from oil and mining exploitation. Government agencies also continue to engage with one 100,000 families who have expressed their willingness to abandon coca cultivation and transit to legality.

In addition to the challenges posed by the implementation of the Agreement and the response to the pandemic, Colombia continues to devote important resources to the attention of 1.8 million Venezuelan citizens who have been forced to abandon their country.

Mister President,

The success and sustainability of the reincoporation of former combatants, is decisive to prevent new cycles of violence. We continue to work with determination to support their productive projects. Beneficiaries of the projects put in place in the first half of this year, have increased by 71%in comparison to the same period of 2019.

Former TATRs are operating normally at the administrative level and the Government has guaranteed the provision of the necessary goods, services and supplies.  Food supply has been extended, despite that the legal status of these areas has long expired. Monthly allowances continue to be rewarded to ex combatants residing inside and outside the TATRs. Digital connectivity has been strengthened to keep access to education and technical assistance for productive projects.

The Agency for Reincorporation and Normalization has adopted virtual mechanisms for the attention of ex combatants.  Also, the Agency for Territorial Renovation has held virtual meetings to reinforce the relationship between central and regional authorities and to align the institutional offer with local planning instruments.

Distinguished Delegates,

Safety and protection of former combatants, human rights defenders, social leaders and communities, remain as our greatest challenge. The Government has articulated actions by 15 different agencies to strengthen prevention, individual and collective protection, and support for investigation and prosecution. All these, with a comprehensive concept of security in the context of reincorporation, and a zero-tolerance policy against any irregular conduct by State agents.

During the reporting period, we analyzed in detail the security threats present in the municipalities of Ituango and Caldono. Our recommendations to establish safer locations for residents in these areas, took time to be followed. Through close coordination between national and local authorities, with the Verification Mission's accompaniment, former combatants were relocated from Ituango to the municipality of Mutatá. Protection measures requested by female ex combatants have also been approved.

As of July 8, the Attorney-General's Office has advanced in the investigation of 146 of the 294 crimes registered since the signing of the agreement, against ex combatants and their families. This is a progress in 49.7% of the cases. There have been 198 arrest warrants issued for homicide, attempted murder and forced disappearance, including 51 for the identified instigators. As well as 27 convictions against those responsible for these crimes so far.

From the result of the investigations, it is quite clear that these attacks are related to the complexity of the environment and the threat posed by organized armed groups involved in drug trafficking and illegal mining. These criminal actors include non-reincorporated FARC members, the ELN terrorist group, and other groups engaged in transnational organized crime.

We must not forget that the exponential growth of illicit crops, occurred between 2013 and 2017. We are now taking the toll for the silence kept during that period, in the face of a situation that created new threats to the most vulnerable communities, social leaders and human rights defenders.

President Duque's Government is strongly committed to reduce illicit crops and promoting crop substitution options for the communities. According to the last report by the UNODC Monitoring System, in 2019 Colombia achieved a 9% reduction in the area planted with coca. It was the second year with an area decline. Colombia will not achieve the desired peace if the illegal economies remain profitable. International cooperation and co-responsibility is essential to address this problem.

Distinguished Delegates,

The Agreement's implementation is a two-way process and requires the effective commitment of both the State and the FARC political party. My Government reiterates the need for the Verification Mission to demand FARC compliance with the provision of information regarding: drug trafficking routes; the location of missing persons; the delivery of assets that contribute to victims' reparation; the recruitment of children by dissident groups; and the location of land mines, among others.

Mister President,
Our Government continues to provide support to the Transitional Justice System, including funding for all of its mechanisms. I must underline that there has not been nor will be any reduction in their budget.

The success of the transitional justice depends on the satisfaction of the rights of the victims, particularly justice, truth and reparation.

Within the framework of the Agreement, a series of different sanctions and restorative actions have been defined, according to the collaboration and acknowledgement degree by those subject to the jurisdiction. The Agreement also forsaw that sanctions compliance should be verified in order to safeguard victims' rights. Our Government has initiated an interinstitutional coordination process in close work with the Verification Mission, in order to design a system that will properly address this need, once the Special Jurisdiction begins delivering its sanctions.

Mister President,

I would lastly like to refer to the “active unilateral ceasefire” announced by the ELN terrorist group on March 29, and its recent request for a bilateral ceasefire. The Government strongly reiterates that this alleged willingness for peace must result in concrete actions by ELN such as the release of all persons kidnapped and the cessation of any criminal act. Let us be clear: the ELN failed to deliver on its March announcement and there is no signal that it will deliver on this new announcement. Colombian authorities will not cease their constitutional mission to protect our citizens from the terrorist and criminal threat that this group poses.

Distinguished Delegates,

The Government of President Iván Duque is firmly committed to building Peace with Legality. The support of the UN is fundamental to continue advancing in the stabilization and development of territories most affected by violence and poverty. In the middle of the current global crisis, we will not weaken our efforts and will continue to devote all possible resources to convey the results our citizens deserve.


Thank you very much.

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