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Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, ante el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas

Jue, 01/21/2021

Nueva York, 21 de enero de 2021

Señor Presidente, Miembros del Consejo de Seguridad,
 
Agradezco a la Presidencia la convocatoria a esta sesión y a los miembros del Consejo de Seguridad por su apoyo constante a Colombia.

Saludo a los nuevos miembros del Consejo, India, Irlanda, Kenia, México y Noruega, y les deseo éxitos en el desempeño de sus labores.

El Gobierno de Colombia agradece el Informe del Secretario General y a su Representante Carlos Ruiz Massieu, por el trabajo de la Misión de Verificación que lidera.


Señor Presidente:

El Secretario General reconoce la disminución considerable de la violencia en mi país en los últimos cuatro años. Es una tendencia que Colombia ha venido consolidando desde 2.002. Su Informe destaca también los resultados de las inversiones sociales en beneficio de las comunidades afectadas por décadas de violencia. Y describe los avances en la reincorporación de excombatientes y en otros aspectos de la implementación del Acuerdo de 2.016.

Estos logros demuestran el compromiso indeclinable del Presidente Iván Duque con la paz en Colombia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y el desarrollo de territorios que han vivido en situación de pobreza y vulnerabilidad.

El Informe registra el progreso en las prioridades señaladas por el Secretario General para 2.020, e identifica retos adicionales para 2.021.

Quiero referirme a varios de estos temas.

En primer lugar, nuestro mayor reto sigue siendo la seguridad de las comunidades, los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes.

La comunidad internacional conoce que el Acuerdo se firmó entre dos partes en 2.016, en medio de otras fuentes de violencia que existían. Grupos armados ilegales que persisten en varias zonas del territorio, y otros que han surgido, exacerbados todos por el narcotráfico y otras economías ilegales, son una amenaza contra la seguridad de los colombianos.

Los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación evidencian que esos Grupos Armados Organizados, en especial las disidencias o grupos residuales, son los principales victimarios en los ataques a ex combatientes de las antiguas FARC-EP. Su responsabilidad aparece en cerca del 77% de los casos.

En 2.020 el Gobierno Nacional desplegó consistentemente medidas para fortalecer la protección de los exintegrantes de las FARC. Se han implementado 272 esquemas de seguridad individual y colectiva.

Así mismo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía avanza en los casos de ataques contra excombatientes. De los 291 procesos de su competencia, se han ejecutado 34 condenas, 21 están en etapa de juicio, 40 en investigación y 48 tienen órdenes de captura. Esto representa progresos en más del 50% de los casos.

Por su parte, la Fuerza Pública ha reforzado las acciones en contra de las estructuras criminales en los territorios.

El Estado registra avances en los lineamientos de la política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales. No hemos esperado, sin embargo, a que la política pública sea adoptada para aplicar medidas necesarias que garanticen la seguridad de los colombianos. Las acciones desarrolladas conforme a los Decretos 601 y 965 de 2.020 para hacer frente a las organizaciones ilegales ya han permitido resultados eficaces. Ejemplo de esto son los operativos contra el Clan del Golfo, uno de los grupos ilegales que más se lucra con el tráfico ilícito de drogas: 412 miembros de ese grupo ya han sido detenidos.

En 2.020, el número de homicidios de personas en proceso de reincorporación fue 12% menor al registrado en 2.019. Colombia seguirá trabajando con decisión, para prevenir y combatir estos crímenes y las amenazas contra las comunidades vulnerables.

Señor Presidente:

Los esfuerzos socioeconómicos de programas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET han permitido consolidar el Estado de Derecho y transformar los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.

La presencia integrada del Estado en estas zonas es otra de las prioridades identificadas por el Secretario General. El avance en la estabilización de los 170 municipios beneficiados por los PDET, evidencian el impulso, compromiso y eficacia del Gobierno en la implementación del Acuerdo de 2.016.

Estas localidades representan la tercera parte del territorio nacional y allí viven cerca de 7 millones de colombianos.

En los últimos dos años, las transformaciones en las zonas rurales son múltiples. Se ha extendido la interconexión eléctrica en todo el país; han sido entregadas 8.348 soluciones de vivienda; se han otorgado 6.140 subsidios para vivienda en municipios PDET, con una inversión de 52 millones de dólares.

También somos conscientes de que las transformaciones hacia una sociedad más equitativa, pacífica, justa, e inclusiva demandan un esfuerzo de largo plazo. Por eso, el Gobierno ha desarrollado un juicioso trabajo de planeación, con hojas de ruta de implementación regional a 15 años que sean irreversibles y garanticen la continuidad de las acciones iniciadas.

Además, han sido aprobados 13 planes sectoriales en distintos campos de la administración pública para atender las necesidades de las zonas rurales del país.

Señor Presidente:

La sostenibilidad del proceso de reincorporación es otra prioridad del Presidente Iván Duque. A pesar de los retos de la pandemia, el Gobierno sigue cumpliendo sus compromisos incluso más allá de lo acordado.

El Plan Nacional de Desarrollo 2.018-2.022 incorporó medidas para hacer sostenible la reincorporación por tiempos adicionales a los del Acuerdo, en tanto los excombatientes se mantengan en la legalidad.

El censo detallado de personas en reincorporación permite establecer una estrategia sostenible, con visión integral en sus componentes económicos, de vivienda, familia, educación, salud, y bienestar sicosocial y comunitario.

Aunque en el Acuerdo no se pactó el acceso o propiedad de tierras específicamente para los excombatientes, el Gobierno identificó esa necesidad. Para 2.021, hemos asegurado 4,2 millones de dólares para la adquisición de predios. 

Por medio de convenios interinstitucionales también afianzamos la sostenibilidad de los proyectos productivos. El Gobierno Nacional, con apoyo del PNUD, OIM, el Fondo Multidonante y otros cooperantes, ha desarrollado una alianza estratégica para fortalecer la reincorporación, mediante proyectos productivos colectivos.

Distinguidos Miembros del Consejo:

El Gobierno nacional ha respaldado las instancias de diálogo previstas en el Acuerdo y en su desarrollo normativo. Entre ellas, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), que fue prorrogada un tiempo adicional al inicialmente pactado.

Estos espacios existen para resolver desacuerdos en cuanto a la implementación de lo pactado. Debe entenderse que no son escenarios alternativos de diálogo entre el Gobierno y el partido de oposición FARC sobre temas que no corresponden a la aplicación del Acuerdo. El Congreso y los foros democráticos son los pertinentes para otros debates ajenos a la implementación.

Así mismo, destaco el rol de las mujeres y el enfoque de género. Este Consejo ha sido testigo del compromiso de Colombia con la agenda de mujer, paz y seguridad.

Seguimos trabajando para cumplir los 51 indicadores de género incluidos en el Plan Marco de Implementación, y de esto hace seguimiento la Instancia Especial de Género y el Foro de Alto Nivel de Género del Gobierno.

Señor Presidente:

Las víctimas están en el centro de todos nuestros esfuerzos. Me complace informar la reciente prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años adicionales. El gobierno del Presidente Duque ha entregado más de 220 mil indemnizaciones individuales a víctimas por un total de 498 millones de dólares, además de reparaciones de carácter colectivo.

Para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, fue establecido el Sistema de Justicia Transicional. El Gobierno ha continuado el apoyo a todos sus mecanismos, asegurando la adecuada financiación.

En 2.020 se asignaron al Sistema 148,4 millones de dólares, distribuidos así: 82,7 para la Jurisdicción Especial para la Paz; 39,8 para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; y 25,9 para la Comisión de la Verdad. Entre 2.019 y 2.020 hubo un incremento del 28% en la financiación del Sistema, a pesar del impacto de la pandemia y las reducciones presupuestales a otras instituciones estatales.

Quiero informar que el Presidente Iván Duque ha enviado recientemente una carta al Secretario General y al Consejo de Seguridad para que se considere la adición al mandato de la Misión de Verificación.

Esta solicitud tiene como objetivo asegurar el elemento reparador, de verdad y justicia, que deben cumplir los sancionados que han cometido crímenes. Es necesario que el pueblo colombiano pueda confiar en el sistema de justicia para avanzar en la reparación a las víctimas y la convivencia nacional.

Miembros del Consejo de Seguridad:

Como se menciona en el informe, en noviembre pasado el Presidente Iván Duque recibió a representantes de la Peregrinación Por la Vida y la Paz. El mandatario ratificó el compromiso del Gobierno con la reincorporación de los excombatientes. Enfatizó la importancia de seguir trabajando por el respeto a la vida, la justicia y la generación de confianza. Y exaltó el papel de la Fuerza Pública que enfrenta grupos criminales y protege a los excombatientes y a todos los ciudadanos.

La implementación eficaz de un acuerdo ambicioso requiere de voluntad política y de planeación estratégica basada en el principio de apropiación nacional. Aunque nos falta un camino por recorrer, la política de Paz con Legalidad contribuye a avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica. El apoyo de la comunidad internacional es esencial en este proceso.

Muchas gracias.

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