El Estado Colombiano recibió recomendaciones y asumió el compromiso voluntario de crear un programa integral de reparaciones como lo dijo el Sr. Vicepresidente, cuando aún no se ha terminado el conflicto. Era lo justo para las víctimas, era lo justo para Colombia. Hoy todas las víctimas del conflicto armado en Colombia ocupan un lugar central en la política del Estado. Hemos acogido así, recomendaciones recibidas por varios países, entre ellos Suiza y España. Estamos cumpliendo como Estado nuestra obligación de garantizar los derechos humanos y de mejorar la efectiva vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado. Esta política se traduce en una nueva institucionalidad dedicada en forma exclusiva a las víctimas. Es así que se crean, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras y el Centro de Memoria Histórica. En conjunto, estas tres entidades cuentan con más de 2.000 funcionarios capacitados para atender con dignidad y respeto a las víctimas en todo el país. A través de un sistema interinstitucional 49 entidades de la administración nacional y todas las entidades de los niveles regional y local desarrollan acciones de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral. A la cabeza de este sistema se encuentra un Comité Ejecutivo, liderado directamente por el Presidente de la República y 1.135 Comités Territoriales de Justicia Transicional, estos últimos instalados en todos los departamentos y municipios de Colombia. En tan solo un año de aplicación de la ley, cerca de 158 mil víctimas han sido indemnizadas. Adicionalmente casi 100.000 víctimas cuentan con un plan de reparación individual y personalizado, que garantiza una respuesta del Estado adecuada, diferenciada y efectiva. Todos esos planes son elaborados con la participación de las propias víctimas, la mayor parte de ellas mujeres. Esta reparación integral incluye la restitución de tierras y territorios, el acompañamiento al retorno de más de 35 mil hogares, programas de formación profesional, técnica o tecnológica, subsidios de vivienda, empleo rural y urbano, acceso preferencial a la educación, entre otras medidas diferentes a la indemnización económica. Gracias al enfoque integral de la reparación, 42 mil víctimas han manifestado su interés de invertir los recursos que reciben como compensación en vivienda, educación, proyectos productivos y tierras. La dimensión colectiva de la reparación beneficia a aquellos sujetos que han sufrido un daño colectivo como las comunidades étnicas, comunidades campesinas y los grupos políticos y sociales. Avanzamos hoy en la concertación con los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en más de 70 procesos de reparación y retornos en condiciones de seguridad, dignidad, voluntariedad y sostenibilidad como lo ha recomendado Brasil. También avanzamos con otros 80 sujetos colectivos en su plan de reparación donde se incluyen organizaciones de mujeres, sindicalistas, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Toda la política se estructura a partir de la participación efectiva de las víctimas. En menos de un año hemos afianzado espacios de participación con más de 2.200 organizaciones de víctimas y más de 350 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Todas las instancias de decisión de la ley cuentan con representantes de víctimas. Se ha construido con las víctimas un Protocolo de Participación Efectiva, con reglas claras para que estas y sus organizaciones incidan en la aplicación y seguimiento de la política, esto acogiendo recomendaciones de países como Francia y España. La política de víctimas cuenta hoy con un registro robusto y confiable de información, hemos avanzado en la superación del subregistro en temas como violencia sexual y en información sobre víctimas con discapacidad. Un total de 1.000 entidades nacionales y territoriales intercambian información desagregada por violaciones, regiones e impacto del conflicto. A 31 de marzo de 2013 se cuenta con un registro de más de 5 millones 405 mil víctimas. En este universo encontramos, por ejemplo, 2.683.335 mujeres (49.6%), 1.769.644 niños, niñas y adolescentes (32.7%), 314,835 personas de la tercera edad (5.8%), 487.756 personas pertenecientes a comunidades negras o afrocolombianas (9.0%), 122.354 indígenas (2.3%), En todas las medidas que incluye la Ley, el reconocimiento diferencial es una prioridad. Se ejecutan hoy programas especiales que distinguen las condiciones de género, edad, origen étnico y discapacidad. Se trata de un modelo de atención, asistencia y reparación integral con esquemas de acompañamiento psicosocial y fortalecimiento social y comunitario. Colombia destinó 30 mil millones de dólares para implementar esta política durante los 10 años de vigencia de la ley. En poco más de un año de implementación de esta ambiciosa apuesta, hemos cumplido con las primeras metas trazadas. Avanzamos así, en forma gradual, hacia la protección y garantía de los derechos de todas las víctimas en Colombia. Finalmente, hemos atendido los enormes desafíos que implica seguir en conflicto. El 100% de las emergencias humanitarias fueron atendidas por el Gobierno así como las consecuencias y los impactos que sobre cada víctima representa el sufrimiento que continúa en Colombia. Estamos convencidos que la implementación de la ley de víctimas como política de derechos humanos contribuye a la construcción de la paz; y que la paz hoy en Colombia pasa por restituir la dignidad de las víctimas.