Quiero agradecer la amable invitación de la Universidad Externado de Colombia, que nos ofrece hoy un espacio de reflexión sobre el Litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

Llegar al Externado trae el recuerdo de un gran humanista, el Dr. Fernando Hinestrosa, su rector y líder que consolidó la Universidad como el gran centro de libertad de pensamiento. Mi amigo Juan Carlos Henao, tiene la ardua tarea de continuar con este invaluable legado y creo que no existe mejor persona para hacerlo. Su decisión demostró su compromiso con la formación de miles de colombianos, fundamental para hacer de nuestro país uno cada día mejor.

Sobre el litigio con Nicaragua quiero hacer algunos comentarios antes de darle la palabra al Dr. Julio Londoño, excanciller y agente de Colombia ante la Corte.

Empecemos por subrayar que el asunto con Nicaragua que hoy se dirime ante la Corte Internacional de Justicia no empezó en el año  2001, cuando Nicaragua elevó su demanda contra Colombia ante el alto tribunal, el asunto tiene profundas raíces históricas.

Podríamos rastrear los antecedentes hasta el Siglo XIX, o aun antes, pero en aras de la brevedad basta con señalar que han transcurrido más de 80 años desde que se firmó, y desde que se ratificó, tanto por Colombia como por Nicaragua, el Tratado Esguerra-Barcenas; casi 40 años desde los cruces de notas de protesta relacionadas con las concesiones petroleras nicaragüenses en inmediaciones del meridiano 82, cerca al área de Quitasueño; más de 30 años desde que Nicaragua pretendió declarar unilateralmente nulo e inválido el Tratado arriba mencionado y más de una década desde que Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

La propia relación de Colombia con la Corte Internacional de Justicia y su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, tiene un amplio recorrido histórico. Conforme al Estatuto, Colombia aceptó la competencia de la Corte en 1932, modificó su declaración de aceptación en 1937 (hace 75 años) y retiró su aceptación de la competencia en el 2001.

De otra parte, Colombia también aceptó la competencia de la Corte cuando suscribió el Pacto de Bogotá en 1948, Tratado que ratificó en 1968, hace más de 40 años.

Como vemos, hay mucha historia, que precede y explica lo que se ventila hoy ante la Corte en La Haya. Este litigio comenzó hace 11 años cuando Nicaragua llevó el caso a la Corte.

En otras delimitaciones con nuestros vecinos, Colombia pudo definirlas por medio de negociaciones bilaterales. En el caso de Nicaragua, esto no fue posible y es por eso que esta delimitación ha sido estudiada por la Corte Internacional de Justicia que fallará hacia finales del presente año.

La arquitectura de la jurisdicción nacional en el Caribe, que refleja los derechos de Colombia en la región, ha sido construida seria y consistentemente por sucesivos gobiernos y lo que es más importante a través de tratados con los países vecinos en la región.

En los años 70, Colombia inició un proceso de construcción de su arquitectura en materia de delimitación marítima. En 1976 firmó el tratado de delimitación marítima con Panamá. En 1977 con Costa Rica. En 1978 con Haití y República Dominicana. Más adelante con Honduras; y con Jamaica, país con el que se acordó además el novedoso manejo conjunto de un Área de Régimen Común. En 2012, concluimos las negociaciones con Ecuador.

La defensa de Colombia ha sido mantenida por todos los gobiernos como una política de Estado, para asegurar su continuidad y la unidad nacional en torno a dicha defensa. Los diferentes gobiernos, Pastrana, Uribe y Santos, conservaron el mismo equipo con los excancilleres Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto como agente y coagente de Colombia. Nuestra defensa también contó con un grupo juristas especializados de la mayor experiencia y reconocimiento en el medio de los abogados de la Corte.

Cuando llegamos en Agosto de 2010, el gobierno del Presidente Santos ha apoyado la estrategia definida desde 2001 y continuó con la política de los dos gobiernos anteriores de considerar este asunto como uno de estado, es decir de unidad nacional. Nos tocó el final del proceso, en especial el final después del fallo que la Corte emitió en 2007, definitivo para el país en ese y en este momento.

En relación con este fallo del 2007, me gustaría resaltar que dejó unas cuestiones de la mayor trascendencia para Colombia definidas y en otras decidió su competencia para pronunciarse. En primer lugar, la Corte confirmó la validez del Tratado Esguerra - Bárcenas de 1928. Recordemos que Nicaragua alegaba que el tratado no era válido.

En 2007, la Corte también confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el archipiélago. Nicaragua reclamaba que todo el archipiélago le pertenecía.

Sobre los cayos del archipiélago, la Corte determinó que tenía competencia para decidir. Los cayos, Quitasueño, Serrana y Roncador en el  momento de la firma del Tratado Esguerra-Bárcenas se encontraban en una disputa de soberanía con Estados Unidos y por eso no aparecen en el Tratado. Disputa que ganó Colombia, por lo tanto nuestra posición ante la Corte ha sido la de reafirmar nuestra soberanía.

De nuevo, Nicaragua ante la Corte ha alegado que estos cayos le pertenecen. Sobre la soberanía de los Cayos estamos tranquilos porque consideramos que Colombia logró probar su soberanía sobre estos.

En 2007, la Corte determinó que al no existir límite marítimo entre Nicaragua y Colombia, dado que el Meridiano 82 no constituía un límite marítimo y tenía la competencia para pronunciarse.

Nicaragua pretende que la delimitación se haga tomando como referencia la costa continental de Colombia y la costa nicaragüense. Para nosotros, el archipiélago es Colombia y por eso creemos que la Corte debe tomar como referencia el Archipiélago y la costa nicaragüense, respetando así el carácter de límite occidental del archipiélago.

En este momento, luego de los alegatos, las audiencias y la seria y responsable defensa que realizó el equipo del país, esperamos con tranquilidad el fallo sobre este asunto.

Quiero reiterar que esta ha sido una política de estado, el equipo nacional que ha estado al frente del caso durante estos 11 años está constituido por expertos y no hemos modificado la estrategia original de defensa como prueba de la continuidad y coherencia con la que los últimos 3 gobiernos la hemos manejado. Y quiero aprovechar para felicitar a los miembros de la cancillería que han trabajado en esta defensa de manera seria y profesional.

Los expertos que participaron en la construcción de nuestra arquitectura jurisdiccional en el Caribe, que llevaron a buen término la negociación de los tratados de delimitación marítima con nuestros vecinos en el Caribe, son los mismos que hacen parte del equipo que ha representado a Colombia ante la Corte durante todos estos años.

Estamos ante el más alto tribunal de justicia internacional, confiamos en que este, como corresponde, tendrá en cuenta nuestros argumentos, basados sólidamente en el derecho, la historia y la geografía.