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Intervención del Canciller Carlos Holmes Trujillo en la Sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Informe del Secretario General acerca de la Misión de Verificación en Colombia

Vie, 04/12/2019

Nueva York, 12 de abril de 2019

Señor Presidente, Miembros del Consejo de Seguridad:

[Saludo protocolario]

El logro de los objetivos del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, la carta de navegación que ha propuesto el Presidente Iván Duque para su gobierno, está estrechamente relacionado con la estabilización de los territorios y la consolidación de la convivencia pacífica. 

La implementación del Acuerdo, suscrito en 2016 con la guerrilla de las FARC, es parte de la agenda que el Gobierno Nacional ha establecido para avanzar en esa dirección. A ello apunta también la política Paz con Legalidad, a la que se refirió positivamente el Secretario General en su informe anterior.

La implementación del Acuerdo es un compromiso que el Gobierno del Presidente Iván Duque ha asumido con incuestionable voluntad. Para honrarlo, se han adoptado distintas medidas y se están ejecutando acciones concretas, muchas de las cuales son reconocidas en el Informe que hoy se presenta.

Sin embargo, el Secretario General también expresa que “El proceso de paz en Colombia se encuentra en una coyuntura crítica”. Nosotros, por el contrario, vemos esa coyuntura con optimismo, aún siendo conscientes de que “todavía quedan por delante algunas de las tareas más difíciles para consolidar la paz”. 

Nuestro optimismo nace de la firmeza de nuestro compromiso, de nuestra disposición permanente al diálogo con todos los actores involucrados, de nuestra convicción de que en medio de las diferencias se pueden construir consensos y, en especial, de la confianza en nuestras instituciones.

Señor Presidente:

El Gobierno de Colombia reconoce y valora el trabajo que desempeña la Misión de Verificación, cuyo mandato comprende dos aspectos fundamentales de la implementación del Acuerdo: primero, la reincorporación de las FARC a la vida civil; y segundo, la provisión de garantías de seguridad para quienes participan en la construcción de paz, incluyendo defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales o políticos.

En ese sentido, permítame hacer algunas observaciones:

A los avances en materia de reincorporación política de las FARC, cuyo partido político no sólo ocupa curules en el Congreso, e interviene en el proceso de formación de nuestras leyes, sino que además participará en las elecciones regionales y locales del próximo mes de octubre, se suman los progresos en materia de reintegración económica y social. 

El Secretario General manifiesta preocupaciones válidas sobre la necesidad de avanzar de manera más eficiente en diversos procesos, en especial en la provisión de bienes y servicios públicos en los territorios.

En este sentido, se ha adelantado un proceso riguroso de planeación y presupuestación, que ha permitido alinear y focalizar la gestión institucional en torno a una hoja de ruta única, lo que sin duda redundará en mayor impacto en menor tiempo. Vamos a incrementar nuestros esfuerzos para ofrecer a los desmovilizados condiciones que les permitan realizar su proyecto de vida, contribuir al desarrollo de sus comunidades y mantenerse en la senda de la legalidad.

Un hito importante en esa dirección fue la finalización y suscripción, durante el período que cubre el Informe, de 14 de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, completando así la totalidad de aquellos previstos para desarrollar el Acuerdo Final. Estos programas beneficiarán a 6,6 millones de colombianos en los 170 municipios históricamente más afectados por la violencia y la pobreza.

También se ha avanzado en la aprobación de proyectos productivos para desmovilizados, por un valor acumulado de USD 6,2 millones; en la afiliación al sistema de seguridad social en salud de 12.743 personas, y en pensiones, de 9.946 personas; en la vinculación laboral en el sector público y privado con 1.053 puestos de trabajo; y en el pago de apoyos económicos que benefician a 12.750 personas, por valor aproximado de USD 58,5 millones, entre muchas gestiones.

Actualmente, 3.537 ex miembros de las FARC y 7.074 familiares están asentados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, que fueron concebidos como puntos focales para facilitar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración.

Tal y como estuvo previsto en las normas expedidas en 2017, la vigencia legal de esta figura culmina el próximo mes de agosto. Sin embargo, ello no debe generar incertidumbre. Si bien dichos espacios siempre se concibieron como temporales, no es temporal el compromiso del Gobierno Nacional para ofrecer condiciones de estabilidad y certezas a los antiguos miembros de las FARC. 

Así lo ha expresado el Presidente Iván Duque, en diálogo directo con ellos y sus familias, en las tres visitas que ha realizado a los Espacios de Pondores, San José de Oriente y La Fila, donde ha conocido de primera mano las inquietudes y expectativas de los ex miembros de las FARC y les ha reiterado la disposición del Gobierno de trabajar, en conjunto y de la mano con ellos, en la construcción de oportunidades de progreso dentro de la legalidad.

El fin de la figura legal de los Espacios Territoriales será atendido mediante una estrategia que implica, entre otras disposiciones, incorporar estos espacios al ordenamiento territorial. Donde ello no sea posible, se identificarán alternativas para la reubicación de los desmovilizados, y se continuará brindando estabilidad, seguridad jurídica y física, provisión de bienes y servicios, y condiciones para las iniciativas productivas y la generación de empleo.

Señor Presidente:

El Gobierno de Colombia coincide con el Secretario General en cuanto a la magnitud de los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad física de las personas en proceso de reincorporación, los líderes sociales y las comunidades en determinados municipios del país.

La contención de diversas expresiones de violencia es uno de los principales retos que enfrentan las sociedades que transitan un proceso de estabilización y que, en nuestro caso, tienen su origen en la actividad de grupos armados organizados vinculados a economías criminales.

No es menor el hecho de que, entre 2013 y 2018, el número de hectáreas cultivadas de coca haya superado todos los registros históricos, pasando de cerca de 60,000 a 200,000 de acuerdo con las últimas mediciones. Y no debemos olvidar que el narcotráfico ha sido el combustible de las más cruentas violencias en Colombia, desde hace más de 40 años.

En los últimos ocho meses, el Presidente Duque ha adoptado nuevas políticas en materia seguridad y de lucha contra el problema mundial de las drogas, y ha ajustado la arquitectura institucional y los mecanismos de protección existentes, mejorando la coordinación entre las autoridades, y la capacidad de prevención y respuesta oportuna.

En efecto, la cifra verificada de homicidios de defensores de derechos humanos ha pasado de 9, en el mes de agosto de 2018, a 5 en enero, y a 1 en febrero de 2019, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

De los 265 casos reportados entre enero de 2016 y marzo de 2019 según la misma fuente, la Fiscalía General de la Nación ha identificado los autores de 151 homicidios (el 57%). La lucha contra la impunidad se ha acompañado de la activación de diversas instancias, entre ellas la Mesa Nacional de Garantías en Seguridad bajo el liderazgo del Presidente Duque, a finales del pasado mes de enero.

Nuestro compromiso con la legalidad y la defensa de la vida es indeclinable. De ahí que continuaremos trabajando sin descanso, hasta lograr la superación definitiva de la violencia y la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio.

Señor Presidente:

Quiero referirme ahora a dos cuestiones adicionales que son abordadas por el Informe del Secretario General.

Como tuve ocasión de informarles, el pasado 11 de marzo el Presidente Duque decidió objetar 6 de los 159 artículos que integran el Proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisidicción Especial para la Paz. Lo hizo con el fin de dotar a esa Jurisdicción del marco legal más claro y coherente posible, de tal suerte que responda a la aspiración de todos los colombianos a una paz con legalidad y sin impunidad, que sirva del mejor modo a los derechos de las víctimas, y que honre las obligaciones de Colombia bajo el Derecho Internacional.

De acuerdo con nuestro arreglo institucional, las objeciones están siendo tramitadas en el Congreso de la República donde el pasado lunes, la plenaria de la Cámara de Representantes votó en contra de su adopción; está pendiente el pronunciamiento del Senado. El Gobierno respetará la decisión que adopte el Legislativo, y procederá de conformidad con la Constitución.

Finalmente, hemos leído con atención las observaciones del Secretario General sobre el componente de género en la implementación del Acuerdo Final.

Para el Gobierno, el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional es un asunto prioritario.  Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo que se discute desde febrero en el Congreso, incluye el Pacto por la Igualdad de las Mujeres. Ese pacto nos impone mandatos para fortalecer la institucionalidad de género y avanzar con acciones concretas hacia el empoderamiento de las mujeres; y, de manera preponderante, establece medidas en favor de las mujeres rurales y la construcción de paz.

El diálogo con las mujeres y sus organizaciones ha sido una práctica constante del Presidente y su Gobierno, en todos los ámbitos en los que las mujeres son protagonistas; entre ellos, la implementación del Acuerdo Final. Por eso quiero saludar la presencia de la señora Rosa Salamanca, y hacer a través suyo un reconocimiento al aporte fundamental que hacen las mujeres de Colombia a la construcción de un país mejor y un futuro más promisorio para todos.

Señor Presidente:

La magnitud de la tarea que tenemos por delante no debe hacernos subestimar la relevancia y significado de los logros alcanzados. De la misma manera, ninguno de ellos nos satisface ni nos basta. Seguiremos trabajando por construir paz con legalidad para todos los colombianos. En este propósito, las observaciones de la Misión de Verificación y de los miembros del Consejo de Seguridad serán siempre bienvenidas y constituirán una guía esencial en la búsqueda de la convivencia entre los colombianos.

Por lo anterior, quiero en nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia, agradecer el acompañamiento que nos ha ofrecido la Organización de las Naciones Unidas a través de la Misión de Verificación en cabeza de Carlos Ruiz Massieu, y reconocer sus constructivos aportes, y también extender una invitación al Consejo de Seguridad para que visite nuestro país próximamente, con el fin de que sus miembros puedan constatar el esfuerzo titánico que hemos emprendido.

Muchas gracias.

 

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