Señor Presidente, Señores Miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un saludo a la Señora Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba:
No puedo menos que iniciar esta intervención agradeciéndole a todos las condolencias, solidaridad y condena unánime al atroz atentado terrorista que se perpetró recientemente en Bogotá, el cual produjo más de 20 muertos y cerca de 70 heridos. Muchas gracias a todos ustedes.
Agradezco al Canciller Miguel Vargas por presidir esta sesión informativa, y felicito a la República Dominicana, así como a Bélgica, Alemania, Indonesia, Sra. Ministra de Relaciones Exteriores, y Suráfrica por su elección como miembros no permanentes de este Consejo.
Igualmente, expreso la gratitud de mi Gobierno con el Sr. Jean Arnault por su trabajo al frente de la Misión de Verificación en Colombia, y reitero mi saludo de bienvenida al nuevo Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión, Sr. Carlos Ruiz Massieu, con quien hemos tenido la oportunidad de reunirnos en Bogotá, en conjunto con el Presidente Iván Duque y el Consejero para el Postconflicto, quien hoy me acompaña, Dr. Emilio Archila.
Señor Presidente:
Agradecemos que en el informe se reconozca que durante los primeros 100 días del Gobierno del Presidente Iván Duque, se haya hecho explícito su compromiso frente a la implementación del Acuerdo, en el marco de su programa de gobierno.
En cuanto a las iniciativas que se han puesto a consideración del Congreso de la República, debemos precisar que, como señala la Política Paz con Legalidad presentada al país el pasado mes de diciembre, cualquier ajuste a la normatividad adoptada en virtud del Acuerdo (a saber, que en lo sucesivo ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al delito político y que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad), se han propuesto abiertamente y en la forma de acto legislativo, para que tengan efectos hacia el futuro.
En el camino de la implementación, el Gobierno del Presidente Duque ha reiterado su compromiso con la superación de los obstáculos, y con la corrección de los problemas que hemos encontrado.
Lo estamos haciendo con una visión de largo plazo, para que desaparezcan las condiciones que han albergado múltiples formas de violencia a lo largo de nuestra historia, basándonos en la articulación de las distintas agencias del Estado, y teniendo en el centro de nuestras preocupaciones los derechos de las víctimas y las legítimas expectativas de quienes, honrando de buena fe los compromisos adquiridos, permanezcan en la legalidad.
Permítame subrayar algunos ejemplos concretos de este compromiso:
En el Congreso de la República, y con la participación activa de senadores y representantes pertenecientes al partido político surgido luego del desarme, desmovilización y reintegración de ese antiguo grupo armado ilegal, avanza la discusión de distintas iniciativas relacionadas con la agenda del Acuerdo Final, así como de las reformas que ya mencioné, que hemos propuesto, para que tengan vigencia hacia el futuro, con el fin de ampliar el consenso nacional necesario para darle sostenibilidad política y social a la implementación del Acuerdo.
En paralelo, el Gobierno ha obtenido un crédito para financiar la primera etapa del Catastro Multipropósito. Esta primera fase estará enfocada en cerca de 70 municipios del país, de los cuales, el 50% pertenece a los priorizados dentro de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
En el marco de la política paz con legalidad, aprovecharemos todo el potencial de herramientas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya ejecución en 11.000 veredas de 170 municipios beneficiará a cerca de siete millones de personas.
A ello también apuntan nuestros avances tangibles en materia de reincorporación social y económica de los ex integrantes de las FARC.
A partir de septiembre de 2018, el Gobierno del Presidente Duque viene trabajando de cerca con los representantes de las FARC para focalizar los esfuerzos de la instancia de seguimiento al proceso de reincorporación, en su rol como cuerpo ejecutivo y estratégico de alto nivel, con el objetivo de adoptar una hoja de ruta alineada con las responsabilidades que le corresponde.
Tal y como lo registra el Informe del Secretario General, son ya 20 los proyectos colectivos y 29 los proyectos individuales de generación de ingresos aprobados, valorados en 3,7 millones de dólares, que beneficiarán a 1.340 ex integrantes de las Farc (incluidas 366 mujeres).
En línea con ese nuevo impulso, los departamentos han establecido Comités Regionales de Reincorporación, con un efecto muy positivo.
El Gobierno considera que una de sus funciones es crear las condiciones apropiadas y ejercer el liderazgo, para que la comunidad internacional y el sector privado se involucren activamente en la reincorporación. Cuando ello se logra no puede, obviamente, creerse que los proyectos desarrollados con esos apoyos sean un incumplimiento de parte del Estado, sino un logro del Gobierno.
Si bien concordamos que la entrega de tierras puede no haber sido en la pasada administración tan rápida como se hubiera esperado, vale la pena mencionar como relevante que, ahora, un número plural de proyectos productivos se han podido llevar a punto de equilibrio con acceso a tierra en la forma de arriendo, gracias al soporte técnico, comercial y financiero de muchas entidades que hemos invitado a fortalecer la formulación de los proyectos, como INNpulsa, la entidad gubernamental experta en proyectos económicos, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En esta misma área de interés, seguramente por las fechas en que se recogió la información, en el reporte no se alcanzó a registrar que con gran esfuerzo el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, se adelantó un estudio juicioso de necesidades y se aseguró la cobertura de salud en los Espacios Transitorios de Capación y Reincorporación (ETCR) en condiciones mejores de las que se traían hasta agosto de este año.
Adicionalmente y en desarrollo de un trabajo que venía desde hace tiempo y que la Misión conocía, el Gobierno logró extender la distribución de alimentos hasta agosto de 2019.
De suma relevancia resulta, finalmente, la plena activación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el inicio de las labores de la Comisión de la Verdad el pasado mes de noviembre. El pasado 16 de enero, en la conmemoración de su primer año de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz presentó un balance que registramos positivamente: 11.675 personas han suscrito acta de sometimiento ante esa jurisdicción, de los cuales 9.687 son ex integrantes de las FARC y 1.938 miembros de la Fuerza Pública.
El Gobierno comparte las expectativas de todos los colombianos frente a la justicia transicional, espera que se consolide su credibilidad, y en tal virtud, facilitará su funcionamiento. Todo ello, según el mandato de cada uno de sus componentes y de conformidad con los compromisos de Colombia bajo el derecho internacional.
Señores miembros del Consejo:
El Gobierno del Presidente Duque le da la mayor importancia a las garantías de seguridad de los ex integrantes de las Farc, sus líderes y los líderes de los programas de sustitución voluntaria de cultivos. Nos unimos en ese sentido al valor que en el Informe se hace del esfuerzo que el Gobierno ha realizado, lo plausible de sus resultados y la previsión de estar ya trabajando en un plan de protección para las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre de este año.
El Gobierno de Colombia condena sin vacilación hechos inadmisibles que afectan a los líderes sociales y defensores, que están vinculados a factores como la intensificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales, la estabilización de los espacios en los que ejercía su influencia las FARC, la expansión sin precedentes de los cultivos ilícitos, y la persistente actividad de grupos armados ilegales de distinta naturaleza.
La Fiscalía General de la Nación ha venido trabajando en el fortalecimiento de los procesos investigativos, alcanzando hasta la fecha un avance del 53,36 % en el esclarecimiento de los casos.
Al adoptar, en noviembre de 2018, el “Plan de Acción Oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”, estamos reforzando aún más la capacidad del Estado para implementar medidas eficaces de prevención, protección y sanción de estos crímenes.
Sobre las garantías jurídicas a los ex integrantes de las Farc, agregamos que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en este periodo ha venido solucionando los incidentes relativos al tránsito a la legalidad.
El informe también pone de presente la muy difícil situación que heredamos con relación al crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia. Compartimos en este contexto, la valoración hecha en el Informe, sobre que, la relación entre la reducción de la violencia y la inseguridad está necesariamente asociada a vencer en la lucha contra las economías ilegales, especialmente la del narcotráfico, lo cual adquiere una especial relevancia. No ahorraremos esfuerzos para seguir enfrentando con firmeza el problema mundial de las drogas, de manera integral y equilibrada, en todas sus dimensiones y en todos los eslabones de la cadena.
Por lo anterior, estamos intensificando nuestros esfuerzos en ese sentido, y adoptamos una nueva política para abordar eficazmente el problema mundial de las drogas, de manera integral, en todas sus dimensiones y en todos los eslabones de la cadena, como acabo de señalarlo. Más allá, reivindicamos la importancia del principio de responsabilidad compartida como base de la acción colectiva internacional necesaria para enfrentarlo. Así lo demuestra la erradicación de 30.262 hectáreas de cultivos ilícitos entre el 7 de agosto y el 26 de diciembre de 2018.
En ese contexto, esperamos que con los ajustes introducidos en la Política de Estabilización “Paz con Legalidad”, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con las varias líneas que se implementarán, tenga un efecto sostenible en el tiempo.
Señor Presidente:
Coincidimos con el Secretario General en que el principal reto hoy es lograr la efectiva implementación de los planes y programas diseñados para brindar a las comunidades más vulnerables, a las víctimas y a los ex integrantes de las Farc, más seguridad, mejor acceso a bienes y servicios públicos, y alternativas viables a las economías criminales.
Acorde con la relevancia que el Gobierno le da al tema, la Vicepresidenta de la República y el Consejero para el Posconflicto recibieron por parte del Componente Internacional de Verificación del Enfoque de Género un primer reporte en noviembre y, para la fecha del reporte ya se había citado a la Instancia Gubernamental de Alto Nivel. La sesión se llevó a cabo el 16 de enero de 2019 y durante ella, se aprobaron los lineamientos que el presidente de la Instancia, el Consejero para el Posconflicto presentó, con la determinante participación de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Al paso, el Grupo Técnico de Género del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), ha continuado siendo relevante en promover la reintegración comprensiva.
El papel de seguimiento, soporte y facilitación de las Naciones Unidas es de gran importancia para verificar la implementación efectiva del Acuerdo Final y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Creemos sí, que esas actividades deben darse dentro del marco recibido y en el entendido de que es el Gobierno Nacional de Colombia quien debe liderar todos los frentes de la implementación y que la manera más valiosa de aportar, es articulando los trabajos con la política de Paz con Legalidad y los desarrollos que de ésta vendrán, muchos de los cuales deberán comprometer los niveles locales.
Valoramos mucho la contribución de la Misión de Verificación a la realización de este propósito común, y esperamos mantener con ella una relación constructiva y de confianza, dentro de los términos de su mandato y de nuestra Constitución y nuestras leyes.
Muchas gracias Señor Presidente.
