En relación con la deportación de colombianos que viene adelantando la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Defensoría del Pueblo han decidido elaborar un comunicado conjunto para dar a conocer el contexto y las acciones adelantadas frente a este proceso.
Cada Estado es soberano para establecer e implementar medidas tendientes a controlar el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros en su territorio. Estas medidas vienen siendo aplicadas por el vecino país y por otros donde colombianos permanecen de forma irregular.
Los deportados son ciudadanos colombianos que cuentan con el apoyo y protección del Estado a través de las instituciones competentes. Por tal motivo la Cancillería, en coordinación con Migración Colombia y las entidades regionales correspondientes, vienen asistiendo a los connacionales entregados por las autoridades migratorias venezolanas. Estos reciben atención humanitaria inmediata de parte de la Cancillería y traslado garantizado a sus lugares de origen.
La Cancillería y la Defensoría del Pueblo vienen haciendo seguimiento permanente a los procesos de deportación y a la atención que reciben los connacionales una vez regresan al país. En este sentido estamos presentando a las autoridades venezolanas las quejas expresadas por los colombianos, las cuales están relacionadas con el trato que les han dado durante el proceso de deportación.
Hemos solicitado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la verificación de los procedimientos que vienen aplicando en esta medida migratoria.
Todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno y justo sin importar las condiciones migratorias en que se encuentren; este es un principio que debe prevalecer en las relaciones bilaterales que Colombia tiene con los demás países.
Esperamos recibir las explicaciones del caso a través de los canales diplomáticos correspondientes.
El Estado colombiano, a través de esfuerzos coordinados entre sus instituciones, continuará velando por la protección de los derechos de todos los connacionales.
Bogotá, 16 de enero de 2015
