Ginebra, Suiza (oct. 25/16). Una Delegación del Estado colombiano acudió ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para atender el examen del VII Informe de Colombia sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este importante Instrumento Internacional fue aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, y ratificado el 29 de octubre de 1969, entrando en vigor a partir del 23 de marzo de 1976. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del Pacto, los 168 Estados que lo han ratificado, se comprometen a presentar, al Comité de Derechos Humanos, informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. Hasta la fecha, Colombia ha presentado a este Comité siete informes periódicos en: 1979, 1989, 1991, 1996, 2002, 2008 y 2014.
El examen de los informes, constituye un dialogo constructivo entre el Comité y los delegados del Estado, que permite analizar las disposiciones adoptadas por la institucionalidad estatal para dar cumplimiento a los derechos reconocidos en el Pacto, identificando además, los factores que dificultan su implementación. La última vez que Colombia acudió al Comité para sustentar un informe fue en 2010, oportunidad en la cual el Comité le efectuó valiosas recomendaciones, para mejorar la garantía de los derechos reconocidos en el Pacto.
El Comité está integrado por 18 expertos de diferentes nacionalidades y de reconocida competencia en materia de derechos humanos, quienes a partir del informe presentado por el Estado, y de otros informes alternos presentados por organizaciones de sociedad civil, formulan preguntas y solicitan aclaraciones a los Estados para lograr tener una mejor comprensión sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y poder contribuir así, a los Estados a través de sus recomendaciones al mejoramiento de la situación de derechos humanos.
En esta ocasión, el Comité examinó el Séptimo Informe, presentado en 2014, y la delegación colombiana fue presidida por la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, e integrada por Beatriz Londoño, Embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; Mónica Fonseca Jaramillo, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y el Derecho; Viviana Ferro, Subdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y Diego Mora, Director de la Unidad Nacional de Protección.
La delegación presentó información sobre el fortalecimiento normativo e institucional en materia de derechos humanos alcanzado por Colombia durante los últimos años, destacando por ejemplo la Política Pública Integral de Derechos Humanos, la creación de un Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los avances en materia de prevención y protección de violaciones a los derechos humanos, y las acciones adelantadas para fortalecer el acceso a la justicia.
En la jornada, el Comité destacó el alto perfil técnico de la delegación, y como una muestra de apertura al diálogo exaltó que la intervención inicial realmente reflejaba la realidad del país. Además, indicó que los esfuerzos del Estado colombiano eran enormes, y que los procesos de formulación y diseño de políticas públicas sobre derechos humanos, eran un modelo para otros países. Especial atención, mereció la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que fue señalada como una política completa, de gran alcance y con un altísimo presupuesto para la atención de las víctimas, que supera a políticas similares en América Latina.
Durante el diálogo, se exaltó el trabajo de la Unidad Nacional de Protección, como un mecanismo que aporta al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y además se validó el compromiso del Estado para la sensibilización y protección sobre los derechos de la población LGBTI.
El Comité reafirmó que la paz negociada es la mejor alternativa y mejor forma para respetar derechos, y en relación con los diálogos de paz desarrollados entre el Gobierno y las FARC-EP en La Habana afirmó que merecían un reconocimiento especial, en atención a la participación de la sociedad civil y de representantes de varios sectores sociales y políticos, que pudieron aportar sus ideas en la construcción del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera.
Tras la jornada y como es usual, el Comité producirá un documento con observaciones y recomendaciones que buscan contribuir al mejoramiento de la situación en el país y la delegación reiteró su compromiso para seguir avanzando en los retos y desafíos que persisten.
