En relación con las recomendaciones de Chile, Austria y Portugal en las sesiones del Examen Periodico Universal 2008, que invitan a la protección de los derechos de propiedad, además de la adopción de medidas inmediatas para restituir y/o compensar a las víctimas de usurpación de tierras y territorios. Nos complace informar que la restitución de tierras establecida en la recientemente promulgada Ley de Víctimas, se enmarca bajo los estándares internacionales y de un modelo de justicia transicional que tiene como medida preferente la devolución de las tierras sobre la compra de las mismas, bajo un enfoque transformador al permitir el mejoramiento de la situación de tenencia informal de la víctima, mediante la obtención del título de propiedad. La Ley definió un proceso especial y único de restitución diseñado para atender las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, eliminando así obstáculos formales y materiales que impiden el acceso real y efectivo a la administración de justicia y otorgándole a la parte débil del proceso distintas garantías a su favor; entre otras: (i) la gratuidad y la celeridad del proceso, (ii) presunciones de ilegalidad de las transacciones que hayan realizado terceros sobre los predios despojados, (iii) el traslado de la carga probatoria a los que se opongan a la pretensión de la víctima, (iv) el derecho a que se persiga y condene al victimario, independientemente de la restitución y (v) una institucionalidad nueva y especializada en la materia.

 

Para la implementación de la política pública de restitución de tierras y territorios, a poco más de un año de puesta en marcha de la nueva institucionalidad, la Unidad de Restitución y los Jueces y

Magistrados especializados en la materia, se encuentran en los 17 de los 25 departamentos del país, que corresponden a los más afectados por despojo y abandono de tierras. A 17 de Abril de 2013 se adelantan los trámites de más de 6.200 reclamaciones que comprenden 300.000 hectáreas. De éstas, alrededor de 1.500 reclamaciones están en espera de decisión judicial y ya se cuenta con 41 sentencias de restitución que comprenden aproximadamente 12.000 hectáreas. En lo que respecta a los derechos territoriales de comunidades indígenas y negras se han protegido más de 150.000 hectáreas y se han focalizado para el año 2013, 22 casos de restitución de territorios.

 

Se cuenta con un “PROGRAMA DE ACCESO ESPECIAL DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES AL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS”, el cual tiene como objetivo principal la creación de mecanismos eficaces para facilitar el reconocimiento y resarcimiento del derecho a la tierra de las

mujeres, así como de las niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono y despojo.

 

El Gobierno Nacional continuará con la aplicación de la política de restitución de tierras de manera firme y decidida en pro de la reparación integral de las víctimas, superando las deficiencias en

la alta informalidad en la tenencia de la tierra. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que nos encontramos en un conflicto aún no finalizado, se atenderán el total de las reclamaciones presentadas de forma gradual y progresiva, bajo los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y existencia de condiciones para el retorno. Todo lo anterior, en busca de una reparación transformadora y una restitución sostenible que le quita las tierras usurpadas a los despojadores ilegales para devolversela a los campesinos y campesinas legales.