Nueva York, 10 de octubre de 2019

Muchas gracias señor Presidente:

Lo saludo y lo felicito por su ejercicio al frente de este Consejo, y agradezco la convocatoria a la sesión de hoy, en la que se trata el informe que ha presentado el Secretario General relacionado con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Debo hacer un reconocimiento al Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión, Señor Carlos Ruiz Massieu, por su presentación  y el trabajo que adelanta en Colombia.

Igualmente, quiero manifestar nuestra gratitud con los miembros del Consejo de Seguridad por su compromiso con Colombia y la implementación del Acuerdo Final. Muestra de ello es la adopción de la Resolución 2487, gracias a la cual este Consejo, de manera unánime, decidió prorrogar por un año más el mandato de la Misión de Verificación en Colombia –por solicitud del Presidente Iván Duque, quien está ejecutando la política de la Paz con Legalidad por la cual votó mayoritariamente el pueblo colombiano a fin de implementar el Acuerdo con reformas hacia adelante, para lograr dicha implementación, mediante consensos y a través de mecanismos institucionales.

Señor Presidente:

Quisiera partir del reconocimiento que hace el Secretario General en su informe sobre el compromiso del Gobierno Nacional con la puesta en marcha de la política de Paz con Legalidad, y la implementación del Acuerdo Final. El informe presenta una visión balanceada sobre los importantes adelantos al igual que múltiples desafíos que enfrentamos en este proceso de implementación. El Gobierno está cumpliendo, y no es algo que defendemos únicamente en escenarios internacionales, sino que se evidencia en los resultados y avances que el mismo informe recoge. La transformación que Colombia necesita hacia la Paz con Legalidad es un camino de largo aliento.

En cuanto se refiere a la reincorporación, el informe resalta una evolución positiva, reconociendo los logros que ha obtenido el Gobierno del Presidente Iván Duque durante los catorce meses de su administración.

Se ha trabajado de manera coordinada en la transformación de los Espacios Territoriales, cuya figura jurídica terminó el 15 de agosto pasado. Lograr su transformación e incorporación en el ordenamiento territorial es ambicioso. Si bien el informe llama la atención sobre la necesidad de un rápido avance, es necesario entender que se trata de un proceso que no estaba pactado como tal en el Acuerdo y aunque presenta una serie de complejidades, el Gobierno avanza con gran compromiso.

Vale resaltar, además, las implicaciones económicas de los antiguos espacios territoriales. En este año de gobierno se han invertido 7.92 millones de dólares en su administración y abastecimiento. Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo autoriza la prórroga del subsidio mensual para los excombatientes sujeta al cumplimiento de la ruta de reincorporación.

Destaco lo anterior porque estas son medidas, que van más allá de lo pactado, y demuestran que la política de Paz con Legalidad reconoce que la única forma de lograr la estabilización de estos territorios afligidos por la violencia, es mediante la generación de oportunidades reales que permitan una reincorporación económica y social sostenible de los excombatientes. Por ello, la implementación del Acuerdo es uno de los componentes transversales del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos de la política de Paz con Legalidad.

El esfuerzo que se está haciendo en materia de reincorporación, se evidencia en un progreso constante en la aprobación de proyectos productivos colectivos e individuales dirigidos a lograr la reincorporación socio-económica efectiva. En comparación con el informe anterior, el número de proyectos productivos colectivos aprobados pasó de 24 a 35, logrando así aumentar el número de beneficiarios de 1.566 a 2.204. De la misma forma se pasó de 216 proyectos individuales a 559, que benefician a cerca de 700 personas.

Señor Presidente:

Es mi propósito mencionar dos temas específicos que ejemplifican las complejidades a las que nos enfrentamos y cuyo entendimiento va más allá de lo que el informe deja ver.

Por un lado, el acceso a tierras de los excombatientes. El informe menciona que mayores esfuerzos se requieren en esta materia. Al respecto, es clave precisar que este punto no estaba pactado en el Acuerdo Final. No obstante, el Gobierno ha identificado una serie de alternativas para el acceso a tierras que, en el marco de la reincorporación, permitan adelantar proyectos productivos con un enfoque territorial y agropecuario.

Por otro lado, el informe menciona que se necesitan mayores resultados en términos de la oferta de servicios de salud de calidad, especialmente de los excombatientes que viven por fuera de los antiguos Espacios Territoriales, afirmando, además, que hay poco progreso en términos de soporte psicosocial, salud sexual y reproductiva, y salud materna.

Este análisis requiere mayor profundidad si se tiene en cuenta que, a la fecha, el 98 por ciento de los excombatientes ya se encuentran registrados en el sistema de salud colombiano y se han dado importantes avances en la cobertura de salud rural.

El Gobierno considera importante que el Consejo no pierda de vista que se debe partir del reconocimiento de que la implementación no es una tarea que se logre de un día a otro y que el mismo Acuerdo Final reconoció que ésta conllevaría al menos 15 años. Llevar el Estado de derecho, la seguridad física y jurídica, y los servicios de cada una de las instituciones públicas a todas las regiones del país, es un compromiso que no se agota en la implementación de lo acordado.

Sobre el segundo eje de la Verificación objeto del mandato de la Misión, referente a las medidas de seguridad de los excombatientes y las comunidades, debo empezar reconociendo el gran reto que ha significado garantizar la vida de excombatientes y líderes sociales.

En los diferentes escenarios, ante este Consejo y en la visita a Colombia, el Gobierno ha resaltado las medidas que se han tomado para lograr la reducción de cualquier tipo de amenaza, homicidio u otro crimen.

El informe recoge los significativos progresos de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía; el fortalecimiento de las medidas de seguridad y judicialización; las decisiones que se han tomado contra la violencia electoral; las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad convocada por el Presidente Duque; la adopción del Plan de Acción Oportuna de prevención y protección para los defensores y líderes sociales.

No podemos negar y no vamos a hacerlo, que es este punto uno de los de mayor preocupación para el Gobierno. Mi país rechaza los asesinatos de los excombatientes de las FARC, los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Al respecto, el mismo Presidente de la República ha ordenado la adopción de más de veinte medidas para reforzar la seguridad de los excombatientes y quince medidas concretas para la seguridad de los candidatos del partido político FARC.

Las autoridades competentes trabajan con la mayor diligencia en la investigación y judicialización de los responsables de estos crímenes para asegurar que no queden en la impunidad.

El Gobierno ha identificado que dentro de los factores de riesgo que afectan a la población en general y a los líderes sociales en particular, se encuentra la intensificación de la competencia por el dominio y el control de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Se está haciendo mucho en esta materia de seguridad y el Gobierno está dispuesto a hacer más.

Señores Miembros del Consejo:

Hace más de un mes, Colombia y la comunidad internacional recibieron la lamentable noticia de la organización de un grupo narcoterrorista por parte de alias Iván Márquez, Jesús Santrich y otros exlíderes de las FARC-EP, que son una clara minoría. Frente a este hecho, agradezco sus pronunciamientos; resalto la pronta condena del partido político FARC sobre estos hechos, quienes precisamente ayer decidieron sobre su expulsión del partido mismo; y reitero el rechazo que la sociedad colombiana expresó en su oportunidad.

La acción de estos exlíderes de las FARC-EP se convierte en el incumplimiento más grave a los compromisos del Acuerdo Final. Permitió, no obstante evidenciar que más del 90 por ciento de los excombatientes están cumpliendo con sus compromisos y además, el 76 por ciento de ellos manifiesta sentirse optimista y motivado frente a su futuro en la legalidad. El Gobierno seguirá comprometido con esta gran mayoría ya que lo asimilamos como una muestra de confianza en su reincorporación y en la reconciliación que el pueblo colombiano anhela.

A los que incumplen, solo queda aplicarles todo el peso de la ley, por lo que la Justicia Especial para la Paz, a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los expulsó en días pasados, quitándoles los beneficios de la justicia transicional.

No puede dejarse de lado que el Acuerdo recoge una serie de compromisos adquiridos por ambas partes y que la Misión de Verificación debería igualmente hacer seguimiento a los incumplimientos de las FARC.

Es apremiante que ellos proporcionen información sobre la ubicación de los campos minados; la situación de los desaparecidos; que entreguen la totalidad de sus bienes para la reparación de las víctimas y que permitan la efectiva reincorporación de niños y adolescentes que habían sido reclutados; entre otros asuntos.

La construcción de la Paz con Legalidad es un esfuerzo colectivo que involucra derechos y obligaciones sin excepción alguna.

Señor presidente,

Quisiera culminar esta intervención resaltando dos asuntos fundamentales en los que el Gobierno viene progresando: el plan de trabajo conjunto del Gobierno con los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la propuesta de aumento del 15 por ciento de su presupuesto, y la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Hemos formalizado los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Llevamos a las regiones los recursos de Obras por impuestos por más de 130 millones de dólares. Hemos formalizado 300 mil hectáreas e incluido más de 450 mil hectáreas en el Banco de Tierras. En la filosofía de la Paz con Legalidad, todo lo que podamos hacer por las regiones afectadas por la violencia, y lo que podamos hacer por las personas que transitan por el camino de la legalidad, se hará.

Estos dos asuntos son ejes fundamentales para la reparación integral de las víctimas y la estabilización de las zonas más afectadas por la violencia, como herramientas para lograr una efectiva paz con legalidad.

El Gobierno de Colombia seguirá trabajando con el mayor ahínco posible “en la construcción de una cultura de la legalidad, en la que, reconociendo nuestras diferencias, optamos por la convivencia; en la que el imperio de la ley se construye como el matrimonio indisoluble entre seguridad y justicia”, tal como lo expresó el Presidente Iván Duque durante la pasada Asamblea General.

Colombia no se detiene en la construcción de la paz. Este proceso es irreversible y requiere el compromiso y acompañamiento de todos ustedes como testigos de la valiosa ruta que estamos transitando, al igual que el apoyo al llamado permanente del Presidente Iván Duque a la edificación de acuerdos y consensos para avanzar en la ejecución de la política de paz con legalidad.

Muchas gracias señor Presidente