El Estado Colombiano ha avanzado significativamente en la protección integral de los niños y los adolescentes, como sujetos de especial protección constitucional y, en esa medida estamos dando cumplimiento de las disposiciones del Código de la infancia y la adolescencia, marco jurídico armónico con la Convención de los Derechos del Niño. Iniciamos por primera vez un proceso de rendición pública de cuentas sobre la garantía de sus derechos y contamos con un Sistema Único de Información de la niñez que permite como Estado monitorear el avance progresivo de los derechos. Se ha aumentado la inversión en infancia, niñez y adolescencia, pasando de US $5.500 millones en el 2005 a US $9.800 millones en el 2011.

En primera infancia hemos disminuido los niveles de desnutrición pasando de 16% al 13.2%, y apostamos a una estrategia de atención integral, dirigida a promover y garantizar el Desarrollo Infantil Temprano de los niños entre los 0 y los 5 años.

Seguimos avanzando en el mejoramiento del estado nutricional de los niños, lo cual ha implicado el desarrollo de diversos programas y mecanismos de seguimiento a cargo de distintos sectores del Estado Colombiano.

Contamos con programas de promoción y prevención para la protección integral de los niños para reducir los riesgos asociados al embarazo adolescente, violencia sexual, uso de sustancia psicoactivas, trabajo infantil y el reclutamiento ilícito por grupos organizados al margen de la ley.

Particularmente, para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, el Gobierno Nacional está implementando una política pública en el marco de la Comisión Intersectorial de Prevención de Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual donde confluyen 22 entidades que trabajan en distintos sectores, quienes son responsables de la aplicación de las rutas de prevención para minimizar los riesgos de reclutamiento, transformación de patrones culturales y contribuir en la superación de los factores asociados a este fenómeno como la violencia intrafamiliar, pobreza, violencia sexual y deserción escolar.

El Estado Colombiano no recluta menores de edad. Está prohibida cualquier forma de utilización de niños con fines de guerra, esta infracción al DIH sólo es cometida por grupos armados organizados al margen de la ley.

Reconocemos el impacto que el conflicto armado ha generado en los niños, niñas y adolescentes, pues su afectación ha sido desproporcionada, y diferenciada, lo cual fue visibilizado en la actual política pública de asistencia, atención y reparación a las víctimas.

Desde 1999 a la fecha, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha atendido a 5.170 niños en el Programa especializado para la atención de desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, a quienes se les brinda un acompañamiento integral y se les restablecen sus derechos, atendiendo las recomendaciones de Uruguay, Austria y Eslovenia.

Así mismo, y frente a los demás hechos victimizantes que sufren los niños en el conflicto, el Gobierno Nacional está avanzando en la implementación de las rutas de atención y reparación individual diferenciadas, así como en la formulación de la Política Pública de Reconciliación y la reconstrucción de la memoria histórica desde la voz de los niños.

Asumimos el compromiso de garantizar la protección integral y el goce efectivo de los derechos de los niños. Por supuesto, continuamos con desafíos importantes en temas como el trabajo infantil, donde contamos con una política de Estado que nos ha permitido reducir la participación de niños con una tasa de 13.5 en el 2011 a 9.8 en el 2012-

Un país que garantice los derechos humanos de sus niños, será capaz de superar los retos de la transición hacia el posconflicto, asegurará la reconciliación de ésta y las generaciones futuras para tener condiciones de vida distintas a la de sus padres.