Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
16º período de sesiones
Intervención de la Directora del Programa de Derechos Humanos y DIH, Alma Viviana Pérez Gómez
Ginebra, 23 de abril de 2013
En 2008 Colombia recibió recomendaciones de Francia, Rumania, Suecia y España, sobre Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y dialogo con sociedad civil. El impacto de estas recomendaciones se refleja en la creación del Sistema Nacional y la Conferencia Nacional de Derechos Humanos.
El Sistema Nacional de Derechos Humanos se creó en 2011, con dos propósitos: fortalecer la respuesta articulada del Estado en derechos humanos y, diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política integral en la materia.
Hoy, el Sistema, recoge las líneas temáticas identificadas en el proceso del Plan de Acción, articula 63 entidades del Estado y nos está permitiendo desarrollar indicadores de derechos económicos, sociales y culturales, y al mismo tiempo avanzar en políticas sectoriales como la política de derechos humanos que las 11 entidades del sector comercio están construyendo.
En respuesta a preguntas de Reino Unido y España quiero informar que en 2012, en el marco del Sistema, se creó un Grupo de Trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos con dos propósitos: identificar insumos para el diseño de política pública en el tema, e identificar nodos de articulación institucional sobre debida diligencia de quejas y denuncias de afectaciones a derechos humanos o derecho internacional humanitario producidas directa o indirectamente por actividades empresariales.
Acciones en este tema incluyen la convocatoria de un foro sobre tratados de libre comercio y derechos humanos, el seguimiento de proyectos en diversas zonas del país, y la articulación de Gobierno, empresas del sector y organizaciones sociales en el marco del Comité Minero Energético.
Paralelo a la creación del Sistema, el diálogo con las organizaciones sociales se ha fortalecido en el marco de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, convocada tripartitamente por Gobierno, sociedad civil y comunidad internacional.
Este proceso, que ha contado con participación de más de 9000 organizaciones y que nos ha llevado ya a 26 departamentos de Colombia, es un ejercicio de diálogo social que continuará este año, y está generando insumos valiosos para desarrollar acciones concretas en las regiones.
Igualdad y no discriminación
Mujeres
En 2008 recibimos recomendaciones de Rumania, Canadá e Irlanda sobre violencia contra la mujer y protección a mujeres víctimas de desplazamiento. La aprobación en 2012 de la Política Pública de Equidad de Género y del Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, responde a estos temas.
La Política, con una apropiación presupuestal de cerca de 1.900 millones de dólares, atiende el llamado canadiense de reflejar instrumentos internacionales como las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello, desarrolla entre sus ejes temáticos la construcción de paz y transformación cultural, autonomía económica, participación de las mujeres en los escenarios de poder, y los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
La política y la implementación de la Ley 1257 y sus decretos reglamentarios ha hecho posible la adopción de lineamientos técnicos intersectoriales para: atención integral a mujeres víctimas, formación en respeto a los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, y participación de mujeres en programas de formación profesional.
En cumplimiento del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, al que hace referencia Irlanda, la ayuda humanitaria se otorga dando prioridad a las madres cabeza de hogar o a las gestantes y lactantes e incluyendo además, asistencia médica y psicológica especializada en los casos de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual.
En respuesta a preguntas escritas de Suecia y Holanda quiero destacar que en el marco de la Ley de Víctimas, que incluye medidas específicas para víctimas de violencia sexual, se han desarrollado “Lineamientos de enfoque diferencial y derecho de familia en el proceso administrativo de restitución de tierras”, protocolos con enfoque de género y psicosocial para la Ruta de Reparación Integral y se ha priorizado como sujetos de reparación colectiva a organizaciones de mujeres.
En todo caso, al reconocer la persistencia de factores que dificultan el acceso a la justicia en casos de violencia sexual, seguiremos trabajando en una estrategia interinstitucional para fortalecer la capacidad en el nivel local en prevención, atención integral a las víctimas, investigación efectiva y judicialización de este tipo de hechos.
LGBTI
En lo que hace referencia a los derechos de la comunidad LGBTI, el Gobierno Nacional, honrando el compromiso voluntario de 2008 incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el mandato de construir una politica pública para esa poblacion.
En ese proceso, liderado por el Ministerio del Interior, se han celebrado encuentros regionales, se han fortalalecido los vínculos entre organizaciones y activistas a nivel nacional y local, y se han iniciado trabajos con el Departamento Nacional de Estadística a fin de establecer una línea de base con elementos de caracterización y diagnóstico de la población LGBTI en Colombia.
De la misma manera, al reconocer la necesidad de fortalecer la garantía de esta población y así como de proteger la labor de sus defensores, se creó, con el liderazgo del Vicepresidente una Mesa de Casos Urgentes para recibir e impulsar denuncias sobre vulneracion de derechos a miembros de esta comunidad. Este mecanismo se creó en 2011, ha recibido hasta ahora más de 100 casos y ha permitido desarrollar estrategias de sensibilizacion y desarrollo de protocolos en diferentes entidades del Estado.
Así mismo, para fortalecer procesos de cultura que promuevan acciones de inclusión, el Ministerio del Interior lanzó en diciembre de 2012 la campaña "Respeto por las libertades sexuales y de género" construida con participación de las organizaciones sociales que trabajan en en los derechos de la comunidad LGBTI, con esta acción se da cumplimiento a la recomendación formulada en este sentido por la República Checa.
