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CIRCULAR 6 DE 2022

(febrero 18)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Bogotá D.C.,

PARA: Misiones en el Exterior Embajadas en el exterior
DE: Marta Lucía Ramírez de Rincón
Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores
ASUNTO: Difusión Ley 2195 de 2022

Señores Embajadores y Jefes de Misión:

Por la presente les solicito adelantar una gestión personal y directa ante el gobierno o gobiernos ante los cuales están acreditados con el fin de informar sobre la reciente sanción presidencial de la ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.”, normativa cuya iniciativa legislativa estuvo liderada por la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, en conjunto con la Comisión Nacional de Moralización, y que representa el corolario de los esfuerzos desplegados por este gobierno para atacar este flagelo de la corrupción.

El texto de la Ley 2195 puede consultarse en la dirección electrónica

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202195%20DEL%2018%20DE%20ENERO%20DE%202022pdf

Mayor información sobre nuestras políticas y realizaciones en la lucha contra la corrupción puede consultarse en los folletos informativos anexos a la presente comunicación, a saber:

- Herramientas Anticorrupción de Colombia

- ABECÉ de la Ley 2195 de 2022, sobre Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Como parte de la gestión indicada, le agradecería poner de presente los siguientes aspectos:

- La implementación de esta nueva Ley implica un gran reto que nos exige ser más estrictos en la prevención, investigación, control y judicialización de los casos de corrupción, especialmente cuando la incertidumbre que nos trajo la pandemia del Covid-19 nos obliga a enfrentar la recuperación y reactivación económica con mayor rigor sanitario y financiero, teniendo en cuenta que debemos seguir trabajando para el bienestar de los ciudadanos, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Estamos convencidos que solo a través de más transparencia se logrará mayor prevención, hasta cerrar del todo los espacios a la corrupción. La desviación de los recursos públicos, en la que a menudo participan organizaciones criminales con alcances nacionales y transnacionales, es también una pandemia oculta que obstaculiza el desarrollo de los pueblos, la salvaguarda de los derechos humanos y que sirve de cimiento para la desconfianza en las instituciones públicas y la falta de gobernabilidad.

- Para la gran transformación de la prevención y lucha contra la corrupción es necesario que implementemos cambios que produzcan acciones efectivas y eficaces, mejorar la investigación y aumentar las sanciones.

Al respecto, quisiera aprovechar este importante hito en nuestra legislación para compartir con todos ustedes un breviario informativo sobre las más importantes acciones que se han tomado para fortalecer la lucha contra la corrupción en este gobierno. Estas acciones se despliegan desde tres perspectivas complementarias:

1) DESARROLLOS NORMATIVOS, que además de la ley 2195, incluyen lo siguiente:

- Ley 2016 de 2020: Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones.

- Ley 2020 de 2020: Por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones.

- Ley 2042 de 2020: Por medio de la cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAE.

- Acto legislativo 04 de 2019: Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal.

- Ley 2003 de 2019: Régimen de conflicto de interés de los congresistas

- Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.

- Ley 2014 de 2019: Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción.

- Ley 1966 de 2019: Por medio del cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el sistema de seguridad social en salud.

- Decreto 338 del 4 de marzo de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”.

- Decreto 830 de 2019 “por medio del cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente.

- Decreto 342 de 2019, por medio del cual se adoptan los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.

- Decreto 2106 de 2019, “por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”.

- Decreto 403 de 2020, “por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 0419 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

- Decreto 405 de 2020 “por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”.

2) PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS en materia de lucha anticorrupción, incluyendo:

- La adopción de la primera política pública de Estado Abierto diseñada en la región como lo es el “CONPES de Lineamientos de Política para la Implementación de un Modelo de Estado Abierto”. Todo ello, con el propósito de empoderar a los ciudadanos; robustecer y establecer herramientas de promoción de la transparencia, el acceso a la información, la integridad, la legalidad, la innovación y la lucha contra la corrupción hacia un Estado Abierto en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos autónomos e independientes, y niveles territoriales.

- La creación de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción asociada al Narcotráfico para evitar que los criminales coopten las entidades públicas a nivel territorial.

- La puesta en marcha de la Estrategia de Transparencia Territorial, mediante la cual hemos brindado asistencias técnicas a las alcaldías y gobernaciones del país para el fortalecimiento de sus capacidades y políticas anticorrupción.

- La activación de la Ruta de Integridad Empresarial como una estrategia que busca promover en el sector empresarial la cultura de la integridad, como una medida que permita proporcionar un marco para las buenas prácticas empresariales y estrategias de gestión de riesgos que contrarresten cualquier práctica de corrupción.

3) Desarrollo de HERRAMIENTAS INNOVADORAS como son:

- El Portal Anticorrupción de Colombia (PACQ) como la herramienta más importante para la interoperabilidad y analítica de datos en la prevención de la corrupción;

- El Índice Nacional Anticorrupción (INAC) para el monitoreo de las capacidades institucionales y la toma de decisiones oportuna en la materia.

- La Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) como la primera iniciativa de compliance público en el país y la región, cuya finalidad es promover las buenas prácticas anticorrupción, así como canales para el reporte de denuncias e interacción con la ciudadanía.

Es importante destacar como estas normas y políticas obedecen a varios criterios que han guiado el accionar de esta administración en lo que tiene que ver con la lucha contra este mal.

En primer lugar, el compromiso moral y político de este Gobierno en desplegar todas las acciones y esfuerzos para lograr erradicar la corrupción y cortarles las salidas y pasos a los corruptos, compromiso que fue claramente establecido como programa de campaña y de gobierno desde el inicio de esta administración.

En segundo lugar, los compromisos internacionales tanto de carácter político como jurídico que ha asumido Colombia en el marco de los diferentes escenarios multilaterales en donde se tratan estos temas, incluyendo la ONU (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), la OEA (Convención Interamericana contra la Corrupción) y la OCDE (Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales).

Pero de manera aún más significativa que estos dos últimos compromisos, estas acciones obedecen a la responsabilidad del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez con el pueblo colombiano y con la plena observancia de la Constitución Política.

Para el Presidente Duque, y para todos los miembros de su equipo, es claro que no es posible seguir construyendo un país si no se consolidan cimientos básicos de la interacción entre la ciudadanía y el Estado, y uno de estos es la confianza. De no existir confianza entre los ciudadanos y las instituciones que se encargan de hacer valer sus derechos, será imposible progresar como nación.

Estos logros los compartimos hoy con los gobiernos amigos, no como un catálogo normativo, sino como una renovada manifestación de la voluntad del gobierno de Colombia de trabajar mancomunadamente con sus aliados para enfrentar este flagelo que tanto daño les hace a nuestras sociedades, y que se constituye como el otro virus que debemos erradicar a la mayor brevedad.

Lesruego mantenerme informada sobre la reacción que esta gestión pueda generar de parte de los destinatarios de esta información.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Cordialmente,

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

Vicepresidente y Ministra de Relaciones Exteriores
de la República de Colombia

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ISSN [2256-1633 (En linea)]
Última actualización: 15 de enero de 2024 - (Diario Oficial No. 52.621 - 27 de diciembre de 2023)

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