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Declaración Conjunta Conferencia Ministerial de Bogotá sobre causas y desafíos de la migración irregular

25/10/2021
Declaración Conjunta de la Conferencia Ministerial de Bogotá sobre causas y desafíos de la migración

 

Los Ministros de Relaciones Exteriores y altos representantes de Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, Guyana, México, Panamá, el Perú, República Dominicana y Surinam, se reunieron el 20 de octubre de 2021 en Bogotá, Colombia para discutir maneras de abordar, con sentido de urgencia, el fenómeno de la migración irregular , sus causas y desafíos, así como responder a los retos de las dinámicas actuales que afectan diversos países del continente. Los participantes analizaron el contexto actual de los movimientos migratorios irregulares en el hemisferio, que han crecido de manera exponencial los últimos años y discutieron las causas que los originan, los modos que caracterizan esta migración y los retos sociales, sanitarios, de derechos humanos y de seguridad que representan para los Estados de tránsito, destino y retorno.

A su vez, dialogaron sobre las formas de fortalecer la cooperación regional para trabajar sobre las causas de este fenómeno, las cuales incluyen la falta de oportunidades de empleo de desarrollo económico y el debilitamiento de la gobernanza en algunos países, y para mejor comprender y tratar estos flujos migratorios, incluyendo combatir la delincuencia nacional y transnacional que se beneficia de la trata de personas y del tráfico de migrantes, teniendo en cuenta las capacidades respectivas de cada uno de los países.

Se coincidió en que los flujos irregulares de migrantes requieren esfuerzos regionales, así como recursos a nivel global, basándose para ello en la solidaridad hacia los migrantes, así como entre los Estados y en la protección y promoción de los derechos humanos de los migrantes. Por tanto, acordaron la necesidad de contar con medidas con efectos concretos que permitan alcanzar soluciones basadas en derechos humanos, que sean favorables para los países involucrados y permitan resolver la situación de la migración irregular en el continente.

Acordaron que es prioritario el respeto y la garantía a los derechos de las personas migrantes, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, particularmente los no acompañados, que, en su mayoría, se encuentran en situaciones de fragilidad física, económica y emocional, reconociendo el deber de cada Estado de gestionar, en la medida de sus compromisos internacionales y legislaciones nacionales, los flujos de migración a través de fronteras internacionales de forma segura, humana, ordenada y regular. De igual modo, acordaron considerar medidas de control sanitario, de protección y de seguridad al igual que acciones para combatir el crimen de trata de personas y en particular, el tráfico de migrantes. Lo anterior incluye su compromiso para atender estos retos a través de mayor cooperación regional en el manejo de la migración, promoviendo los retornos voluntarios conforme la normatividad nacional e internacional aplicables y facilitando, desde los países de origen, caminos hacia la migración laboral legal y expandiendo los esfuerzos para identificar e investigar los delitos de trata de personas cometidos contra migrantes irregulares.

En este sentido, respecto de la lucha contra la trata de personas, los participantes se comprometieron a articular los mecanismos existentes, como el Proceso de Quito, la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, y la Conferencia Regional sobre Migración, y otros en marcha, para fortalecer la cooperación regional en materia de prevención, investigación, intercambio de información y judicialización de los delitos asociados al tráfico de migrantes y a la trata de personas. Lo anterior incluye seguir considerando la idea de un Grupo de Trabajo de Lucha contra el Tráfico de Migrantes y la Trata de Personas.

Los asistentes coincidieron en que se requiere un trabajo conjunto para solucionar las causas estructurales que originan la migración y desplazamiento intra-regional, a través de políticas y programas  como la Plataforma Regional Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), el Plan de Desarrollo Integral impulsado por El Salvador, Guatemala, Honduras, México y la CEPAL, el programa Build Back Better World, entre otros, que fortalezcan el crecimiento económico y generen desarrollo, infraestructura, producción, empleos en toda la región, contribuyendo a su vez con el fortalecimiento y la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Por lo anterior, solicitarán al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF y a la CEPAL, presentar una propuesta que permita articular el desarrollo de las cadenas productivas del hemisferio y la infraestructura física, sobre inversiones y una estrategia que genere oportunidades de empleo e ingresos para los ciudadanos y las ciudades de acogida.

Coincidieron en la oportunidad que existe para la construcción de una estrategia colectiva de desarrollo, teniendo en cuenta modelos de éxito en la región, con miras a facilitar condiciones propicias de inversión y progreso económico para las Américas. En este sentido, se comprometieron a continuar avanzando en la discusión de esta agenda, alentando la concurrencia de más países y a afianzar detalles sobre la estrategia, basada en una aproximación colaborativa para atender los retos de la migración irregular, con énfasis en el trabajo inmediato que puede iniciarse con la esperanza cierta de un mejor futuro para sus ciudadanos y la consolidación de la democracia del hemisferio.

 

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