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Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Mié, 10/14/2020

 

14 de octubre de 2020

Señor Presidente y Miembros del Consejo de Seguridad:

Agradezco a la Presidencia por convocar esta reunión, y a los miembros del Consejo por su apoyo constante a Colombia.

También agradezco al Secretario General, António Guterres, y a su Representante Especial, Carlos Ruiz Massieu, por el informe presentado hoy.

Señor Presidente:

Quiero iniciar reiterando la disposición expresada por el Presidente Iván Duque, sobre la importancia de contar con la presencia de la Misión de Verificación en Colombia durante todo el periodo de su gobierno.  En ese sentido, destacamos la Resolución 2545, aprobada el 25 de septiembre pasado, que extendió por un año adicional el mandato de la Misión. Colombia resalta la labor de la Misión y su trabajo colaborativo con las instituciones nacionales y la sociedad civil.

Señor Presidente:

El 16 de septiembre, el Gobierno de Colombia celebró una reunión para hacer un balance de los logros durante los dos años de implementación de la política de Paz con Legalidad.  Como saben los miembros del Consejo, esta Política es el instrumento a través del que se está cumpliendo el Acuerdo de 2016.

En esa ocasión, el Presidente Iván Duque presentó a los miembros de este Consejo, y a otros actores nacionales e internacionales, un detallado informe sobre los logros alcanzados, así como los desafíos que aún enfrentamos, en el cumplimiento de los compromisos acordados. 

Asimismo, el Presidente Duque señaló cómo Colombia ha sido un país afectado a lo largo de su historia por distintas confrontaciones y manifestaciones de violencia.

Estas situaciones, en las últimas cuatro décadas, fueron exacerbadas por factores como el narcotráfico, las economías ilegales y los ataques terroristas.

En distintos momentos, se trató de superar la violencia a través de la negociación de acuerdos de paz. Sin embargo, ni siquiera los que concluyeron con éxito impidieron la reaparición de nuevas expresiones de violencia. Basándonos en nuestra experiencia, hemos aprendido que la construcción y la consolidación de la paz requieren la aplicación rigurosa de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En el Acuerdo de 2016 se diseñó un modelo de justicia transicional que tiene como centro la satisfacción de los derechos de las víctimas. El Gobierno ha apoyado y sigue respaldando ese sistema independiente y sus diferentes mecanismos.

No obstante, es necesario reiterar la poca contribución de actores que tienen la responsabilidad de acudir a la justicia transicional y que no han aportado de manera significativa e integral a los procesos de verdad. Colombia necesita que los miembros del partido FARC digan la verdad y reconozcan su responsabilidad frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; los secuestros; los crímenes sexuales; los ataques contra poblaciones; la siembra de minas antipersonal; y las desapariciones forzadas, entre otros serios delitos. Así mismo, que informen sobre las rutas del narcotráfico y el lavado de dinero, y los vínculos de la ex guerrilla con otras organizaciones criminales.

El Gobierno considera fundamental que la Misión de Verificación enfatice la falta de contribución de las FARC a la verdad, la reparación y la justicia.

Confiamos en que la verdad sobre sus innumerables delitos a lo largo de más de cincuenta años sea develada, para que la justicia transicional pueda imponer sanciones proporcionales, acordes con las expectativas de las víctimas.

El Acuerdo de 2016 prevé que la Misión verificará eventualmente el cumplimiento de estas sentencias que serán impuestas en el futuro por la Jurisdicción Especial para la Paz. Apreciamos que en la Resolución 2545 este Consejo expresó su voluntad de considerar la posible adición de esta tarea al mandato de la Misión, sobre la base del proceso de consultas que coordina el Gobierno de Colombia.

Excelencias:

Los dos componentes del mandato actual de la Misión se refieren a la reincorporación y las garantías de seguridad.

El informe resalta los avances logrados en la reincorporación de los excombatientes que siguen comprometidos con el proceso y el trabajo adelantado por el Consejo Nacional de Reincorporación.

Respecto de la reincorporación económica y social, el informe destaca los esfuerzos realizados en el marco de la pandemia y su impacto positivo. A pesar de la compleja coyuntura, los excombatientes han recibido el apoyo y los recursos para los proyectos productivos individuales y colectivos. Incluso durante el aislamiento nacional relacionado con COVID-19, el Consejo de Reincorporación aprobó, en cinco sesiones virtuales, 15 proyectos que benefician a 420 personas.

El informe menciona también la reincorporación política de los excombatientes. Al respecto, es importante recordar que, en las elecciones parlamentarias de 2018, el partido FARC obtuvo 0,34% del total de los votos del Senado y el 0,22% en la Cámara de Representantes. No obstante, accedió a las 10 curules pactadas en el Acuerdo de 2016. Para cualquier otro partido político, este número de escaños en el Congreso requeriría el 4,8% del total de votos. Actualmente, una integrante de ese partido es Vicepresidenta del Senado. Y en las elecciones locales y regionales de 2019, el partido FARC participó con las garantías requeridas.

Sobre la transformación de los antiguos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), las medidas para su transición y consolidación van más allá de los compromisos acordados. Esto reafirma la importancia que ha dado el Gobierno a estos espacios, para garantizar la reincorporación de los antiguos excombatientes que aún residen en ellos.

Distinguidos Delegados:

La seguridad y la protección de los excombatientes, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y políticos, siguen siendo nuestro mayor desafío. Como lo recoge el informe, el pasado 12 de agosto el Presidente Iván Duque convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En este encuentro, la Comisión realizó una evaluación de los hechos de violencia de los últimos meses, y examinó la adopción de medidas adicionales para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que actúan en algunas regiones. El Gobierno ha considerado debidamente recomendaciones de la Misión, con miras a fortalecer las estrategias de prevención, gestión del riesgo, seguridad y protección.

Las actuales circunstancias no han afectado la ejecución de las medidas de protección. La Consejería Presidencial para la Estabilización coordina 15 instancias estatales que han establecido acciones específicas para reforzar la seguridad de los excombatientes, principalmente en prevención. Para 2.626 personas ubicadas en los antiguos ETCR, la seguridad es proporcionada por más de 1.200 miembros de Policía y 2.400 del Ejército. Adicionalmente, 265 esquemas individuales, colectivos y de sedes son provistos por la Unidad Nacional de Protección –UNP

Para las casi 9.600 personas que están fuera de los ETCR, en 579 municipios, el Estado ha otorgado esquemas de protección individuales y colectivos, con base en las evaluaciones de riesgo que se deciden en conjunto con cinco representantes del Partido FARC.

La lucha contra la impunidad es una prioridad de Estado. En relación con los ataques contra excombatientes, la Fiscalía General ha avanzado en las investigaciones relativas a 126 ataques de los 266 hechos conocidos desde 2017. Esto equivale a un avance en el 47,4% de los casos, que comprenden 100 homicidios, 18 tentativas de homicidio y 8 desapariciones forzadas. En los casos ya juzgados, se han condenado a 30 personas.

Señor Presidente:

Estamos avanzando en la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, donde habitan casi 6,6 millones de colombianos. Más de 220.000 personas participaron activamente en la formulación de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET que se implementan en estos lugares. En los últimos dos años, 888 proyectos se han ejecutado satisfactoriamente en los PDET.

A la fecha, los PDET cuentan con inversiones cercanas a los 600 millones de dólares. La implementación ha continuado incluso durante la pandemia. En agosto pasado, se aprobaron 25 proyectos, por un valor de 71 millones de dólares, para 8 regiones.

La transformación de estos territorios debe ser un proceso sólido que permita erradicar las economías criminales, avanzar en el desarrollo de la infraestructura y en la provisión de bienes y servicios públicos, y generar oportunidades de progreso económico y bienestar para la población.

El informe de la Misión señala que la limitada participación de las mujeres en la implementación es un gran desafío, aunque no menciona ejemplos concretos. Quiero hacer énfasis en la prioridad dada por el Gobierno a la participación de las mujeres en la política de Paz con Legalidad, tanto en la adopción de decisiones y en su implementación, así como en su calidad de beneficiarias. 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación evidencian que este Plan ha beneficiado a más de 870.000 mujeres.  Tengan la certeza de que seguiremos trabajando comprometidos con el empoderamiento de la mujer y con la erradicación de desigualdades y discriminación.

Señor Presidente:

Colombia condena los actos violentos contra funcionarios de la  Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, y uno de sus vehículos, el pasado 7 de octubre en el Departamento de Caquetá. Según información de la Fiscalía, una comisión integrada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad y la Oficina de la Alta Comisionada fueron interceptados por hombres armados, presuntos integrantes de una estructura de las disidencias de las FARC.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos el Gobierno Nacional expresó su solidaridad a la Oficina de la Alta Comisionada, y ha mantenido permanente contacto con las autoridades judiciales para prevenir la impunidad.

Señor Presidente, Miembros del Consejo:

Colombia, como los demás países del mundo, se enfrenta a los enormes desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. Nuestro Gobierno ha implementado medidas integrales para salvaguardar la salud de la población, brindar apoyo a los más vulnerables, generar la reactivación económica del país y garantizar el bienestar de todas las personas.

En este contexto, seguimos y seguiremos avanzando en la implementación de la política de Paz con Legalidad. Colectivamente, con instituciones, actores y comunidades comprometidas con el fortalecimiento de los resultados concretos alcanzados en los dos últimos años.

Nuestro plan es seguir avanzando definitivamente en la estabilización territorial, la justicia, la seguridad, la protección de los derechos humanos, el bienestar y el desarrollo social y sostenible.

Nuestro propósito, como lo enfatizó el Presidente Iván Duque, es librarnos de las causas, las motivaciones y los factores que han creado e intensificado las expresiones de violencia en nuestro país. Agradecemos a los miembros del Consejo de Seguridad por ayudarnos a avanzar hacia ese propósito.

Muchas Gracias.

 

Versión en inglés: Statement by H.E. Claudia Blum, Minister of Foreign Affairs of Colombia before the United Nations Security Council

14 October 2020

Mr. President and Members of the Security Council,

I thank the Presidency for convening this meeting, and the members of the Council for their constant support to Colombia.

I also thank the Secretary-General, António Guterres, and his Special Representative, Carlos Ruiz Massieu, for the report presented today.

Mr. President,

I wish to reaffirm the willingness expressed by President Iván Duque on the importance of the Verification Mission’s presence in Colombia throughout his entire term of Government. In this regard, we highlight Resolution 2545, adopted on September 25th, which extended the Mission’s mandate for an additional year. Colombia emphasizes the work of the Mission’s team and its collaborative efforts with national institutions and civil society.

Mr. President,

On September 16th, the Government of Colombia convened a meeting to evaluate what has been accomplished during two years of the Peace with Legality policy implementation.  As the members of the Council know, this Policy is the instrument through which the 2016 Agreement is being fulfilled.

On that occasion, President Iván Duque highlighted to this Council’s members and to other stakeholders, a detailed report on the achievements, as well as the challenges we still face, in fulfilling the agreed commitments.

President Duque also pointed out how, during our history, Colombia has been a country affected by different confrontations and expressions of violence. These situations, in the last four decades, have been aggravated by factors such as drug trafficking, illegal economies and terrorist attacks.

In different periods, several attempts were made to overcome violence through the negotiation of peace agreements. However, even those that concluded successfully have not prevented the reappearance of violence. Based on our experience, we have learned that building and consolidating peace require the solid application of the principles of truth, justice, reparation, and non-repetition.

In the 2016 Agreement, a transitional justice system focused on the victims’ rights was designed.  The Government has supported and continues to support such an independent System and its different mechanisms.

However, it is necessary to reiterate the insufficient contribution by actors who have the responsibility to appear before the transitional justice system, and who have not contributed significantly and comprehensively to the Truth. Colombia demands members of the FARC political party to tell the truth and to recognize their responsibility regarding the recruitment of children, kidnappings, sex crimes, attacks against civilians, planting of antipersonnel mines, and forced disappearances, among other serious crimes. Likewise, they must give details on drug trafficking routes, money laundering, and the links between the former guerilla and other criminal organizations.

The Government considers essential for the UN Verification Mission to address the FARC’s lack of contribution to truth, reparation and justice.

We trust that the truth about their countless crimes during more than fifty years will be revealed, so that the transitional justice mechanisms can impose proportional penalties, in accordance with the victims’ expectations.

The 2016 Agreement foresees that the Mission will eventually verify compliance with these sentences to be imposed in the future by the Special Jurisdiction for Peace. We appreciate that in Resolution 2545 this Council expressed its willingness to consider the possible addition of this task to the Mission's mandate, based on the consultation process coordinated by the Government of Colombia.

Excellencies,

The two components of the Mission's current mandate are the reincorporation process and the security guarantees.

The report highlights the progress made in the reincorporation of former combatants who remain committed to the process and the work carried out by the National Reincorporation Council.

Regarding economic and social reincorporation, the report acknowledges the efforts made in the context of the pandemic and their positive impact. Despite the difficult situation, ex-combatants have received support and resources for individual and collective productive projects. Even during the Covid-19 national lockdown, the Reincorporation Council approved, in five virtual sessions, 15 projects benefitting 420 people.

The report also mentions the political reintegration of former combatants. In this regard, it is important to remember that, in the 2018 parliamentary elections, the FARC party obtained 0.34% of the Senate’s votes and 0.22% in the House of Representatives. Still, the FARC party acceded to the 10 seats granted to them in the 2016 Agreement. For any other political party, this number of congressional seats would require 4.8% of the total votes. Currently, a member of the FARC party is Vice President of the Senate. And in the local and regional elections of 2019 the FARC party participated with the required guarantees.

Regarding the transformation of the former Territorial Areas for Training and Reincorporation TATRs, the measures for their transition and consolidation go beyond the agreed commitments. This fact reaffirms the importance attributed by the Government to these spaces, to guarantee the reincorporation of the ex-combatants who live there.

Distinguished Delegates:

Safety and security of former combatants, human rights defenders, and social and political leaders remain our greatest challenge. As stated in the report, on August 12th, President Iván Duque convened the National Commission for Security Guarantees. At this meeting, the Commission analyzed the violent events of recent months, and examined additional measures for the dismantling of criminal organizations that operate in some regions. The Government has duly considered the Mission’s recommendations, with a view to strengthening prevention, risk management, security, and protection strategies.

Current circumstances have not prevented the implementation of protection measures. The Presidential Office for Stabilization coordinates 15 state agencies that adopted specific actions to reinforce security, mainly in prevention. For 2.626 people located in the former TATRs, security is provided by more than 1.200 Police members and 2.400 Army troops. Additionally, 266 individual, collective and headquarters’ protection schemes are provided by the National Protection Unit. 

For almost 9.600 people living outside the former TATRs in 579 municipalities, the State has granted individual and collective protection schemes, based on risk assessments decided jointly with five representatives of the FARC party.

Fight against impunity is a State priority. Regarding the attacks against former combatants, the Attorney General’s office has advanced in the investigations in 126 cases out of the 266 events reported since 2017. This means progress in 47% of the cases, including 100 homicides, 18 attempted homicides, and 8 forced disappearances. In the cases already judged, 30 people have been convicted.

Mr. President,

We are advancing in the stabilization of the 170 municipalities most affected by violence and poverty, where almost 6.6 million Colombians reside. More than 220.000 people actively participated in the formulation of the 16 Development Plans with a Territorial Focus being implemented in these municipalities. In the last two years, 888 projects have been completed in these regions.

To date, close to 600 million dollars have been invested in these Development Plans. Their implementation has continued even during the pandemic. Last August, 25 projects, worth 71 million dollars, were approved for 8 regions.

Transformation in these territories must be a strong process that reinforce the eradication of illegal economies, development in infrastructure, provision of public goods and services, and more opportunities for economic progress and welfare.

The Mission's report indicates that limited women’s participation in the implementation is a great challenge, although it does not provide concrete examples. I want to emphasize the priority given by the Government to women’s participation in the Peace with Legality policy, including in decision-making, implementation, and as beneficiaries.  51 gender indicators of the Implementation Plan show that more than 870.000 women have been benefited with its actions. Be assured that we will continue to work committed to the empowerment of women and to the eradication of inequalities and discrimination.

Mr. President,

Colombia condemns the violent acts against officials of the country Office of the UN High Commissioner for Human Rights, and one of its vehicles, that took place on October 7th in the Department of Caquetá. According to information from the Attorney General’s office, these officials, together with delegates from the Ombudsman’s Office and the Truth Commission were intercepted by armed men, presumed members of a FARC dissident structure.

From the moment the facts were known, the Government expressed its solidarity to the Office of the High Commissioner and has maintained permanent contact with judicial authorities to prevent impunity.

Mr. President, Members of the Council:

Colombia, like every other country in the world, faces the enormous challenges posed by the COVID-19 pandemic. Our Government has implemented comprehensive measures to safeguard people’s health, provide support to the most vulnerable, reactivate the country's economy and promote well-being for all.

In this context, we keep working and will continue to advance in the implementation of the Peace with Legality policy. Collectively, with institutions, actors, and communities committed in enhancing the concrete results achieved in the last two years.

Our plan is to keep making definitive progress in territorial stabilization, justice, security, protection of human rights, welfare and social and sustainable development.

Our goal, as emphasized by President Iván Duque, is to free ourselves from the causes, the motivations and the factors that have created and intensified violence in our country. We thank the members of the Security Council for helping us to advance towards that purpose.

Thank you very much.

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