El 64% de la superficie del océano y los fondos marinos se encuentran en áreas fuera de la jurisdicción nacional (en adelante AFJN) y no está protegido de forma integral por ningún instrumento internacional. El aprovechamiento de los recursos en estas áreas ha recaído en pocos países que cuentan con las condiciones económicas y tecnológicas para realizar actividades de investigación, exploración y explotación en estas zonas.
Si bien existen instrumentos internacionales o regionales que regulan el uso de algunas especies y establecen estándares para los sectores productivos, éstos han sido insuficientes para detener las presiones que existen sobre las AFJN, incluyendo: la sobrepesca, la contaminación, la minería y el cambio climático. Esta situación condujo a que entre el 2004 y el 2015, la Asamblea General de la ONU (en adelante AGNU), estudiara las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) y determinara la necesidad de un nuevo instrumento.
Esta fue una de las negociaciones más significativas en materia de océanos de las últimas décadas, en las que Colombia participó como integrante del grupo CLAM (Core Latin American Countries). El proceso culminó con el cierre de negociaciones el 4 de marzo de 2023 y la adopción del instrumento el 19 de junio de 2023.
Aparte de los asuntos transversales, el instrumento cuenta con cuatro capítulos temáticos:
a) Recursos genéticos marinos.
b) Mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas.
c) Evaluaciones de impacto ambiental.
d) Creación de capacidad y transferencia de tecnología.
Se espera que una vez entre en vigor, este instrumento contribuya a la conservación de la biodiversidad a través de esquemas de protección robustos y basados en evidencia, que puedan establecerse en áreas fuera de la jurisdicción nacional, y que posibiliten el cumplimiento de la meta 30X30 de protección de al menos 30% del territorio terrestre y marino para 2030. Asimismo, el tratado permitirá a países en desarrollo acceder a tecnologías marinas y a los beneficios monetarios y no monetarios derivados del aprovechamiento de los recursos genéticos extraídos de altamar o sus derivados digitales.
