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Declaración de Antigua, Guatemala: “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”

Jue, 06/06/2013

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2013)

LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Antigua, Guatemala, en el marco de la celebración del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA,

RECONOCIENDO que el problema mundial de las drogas, incluidos sus costos políticos, económicos , sociales y ambientales, se ha convertido en un desafío cada vez más complejo, dinámico y multicausal que genera efectos negativos en la salud, en la convivencia social, seguridad ciudadana, en la integridad de las instituciones democráticas, las políticas públicas, el desarrollo y las actividades económicas y que, bajo el principio de responsabilidad común y compartida, requiere un abordaje integral, equilibrado, multidisciplinario y construido sobre un marco de pleno respeto de derechos humanos y libertades fundamentales;

CONSCIENTES de la complejidad del problema mundial de las drogas y que el abordaje del mismo debe tener en cuenta las diferentes realidades de los Estados miembros;

RECORDANDO que en las resoluciones AG/RES. 2556 (XL-O/10) y AG/RES. 2621 (XLI-O/11) la Asamblea General hizo suyos la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2011-2015, en los que se ponen de manifiesto importantes actualizaciones y reformas a documentos anteriores y sirve como base y guía para nuestros esfuerzos conjuntos para el control de las drogas en el continente;

CONMOVIDOS por las numerosas vidas humanas perdidas y truncadas y el gran sufrimiento causado por el problema mundial de las drogas;

REITERANDO la necesidad de cooperar mediante un enfoque integral, basado en evidencia y experiencia científica, tomando en cuenta las realidades y necesidades de cada país a fin de enfrentar con mayor eficiencia y eficacia los desafíos, amenazas, riesgos y vulnerabilidades generados por el problema mundial de las drogas;

RECONOCIENDO los esfuerzos realizados y avances alcanzados en los planos nacional, subregional y hemisférico para hacer frente al problema mundial de drogas y que los mismos continúan siendo desafiados por la persistencia de los canales ilícitos de producción, distribución y tráfico de drogas, los cuales son dominados por organizaciones criminales locales y transnacionales, y que tienden a reproducirse y concentrarse en cada país con diferente intensidad;

CONVENCIDOS que las políticas sobre reducción de la demanda de drogas ilícitas deben centrarse en el bienestar del individuo y su entorno, para que desde un abordaje multisectorial y multidisciplinario, utilizando evidencia científica y mejores prácticas disponibles, se basen en enfoques para mitigar los impactos negativos del uso indebido de drogas, y afiancen el tejido social y fortalezcan la justicia, los derechos humanos, la salud, el desarrollo, la inclusión social, la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo;

REITERANDO la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado y sus políticas públicas y estrategias, en particular las de educación, salud y seguridad ciudadana, para la mejor prevención del uso indebido de drogas, la violencia y los delitos asociados a ella, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales;

REITERANDO, también, la importancia de una mayor asignación de recursos públicos y privados para la implementación de programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social orientados a las poblaciones más vulnerables;

REITERANDO, asimismo, la importancia de la participación de la sociedad civil para enfrentar el problema mundial de las drogas, incluyendo el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, en base a su experiencia y conocimiento;

CONCIENTES de la necesidad de reducir la delincuencia y la violencia asociadas con las actividades de las organizaciones criminales involucradas en el tráfico ilícito de drogas y los delitos conexos, fortaleciendo el papel del Estado como garante de paz;

RECONOCIENDO que las mujeres, niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de explotación por las redes de tráfico ilícito de drogas, lo que ocasiona daños en el núcleo familiar y en la sociedad;

PREOCUPADOS porque la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados se han constituido como aspectos que alimentan y fortalecen a los grupos delictivos organizados dedicados al tráfico ilícito de drogas;

RECONOCIENDO que el lavado de activos y la corrupción vinculados a las actividades del tráfico ilícito de drogas impactan el estado de derecho, la institucionalidad democrática, la gobernabilidad, y que pueden distorsionar el funcionamiento de las economías;

PREOCUPADOS, también, por la prevalencia del consumo y uso indebido de drogas en las Américas;

RECONOCIENDO que las medidas de fiscalización para impedir la desviación de sustancias químicas y precursores utilizados en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, constituyen una importante herramienta para hacer frente al tráfico ilícito de drogas;

RECONOCIENDO que las experiencias y nuevos enfoques que distintos gobiernos y sociedades han desarrollado en relación al problema mundial de las drogas pueden ser fuente de aprendizaje global para la evolución de las actuales políticas de drogas, particularmente cuando consideran a la persona humana, su entorno, la inclusión social y la dignidad humana, bajo criterios para mitigar los impactos negativos del uso indebido de las drogas, tomando en cuenta los principios contenidos en los instrumentos internacionales vigentes, incluidas las tres convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales de derechos humanos, consistente con las obligaciones de las partes;

RECONOCIENDO el rol de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su condición de entidad de la OEA como cuerpo consultivo y de asesoramiento sobre el uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas; así como su contribución a la promoción de la cooperación multilateral entre los Estados y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros para abordar el problema de las drogas;

RECORDANDO el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Cartagena, Colombia en la Sexta Cumbre de las Américas1/ 2/, para analizar los resultados de la actual política sobre drogas en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos;

TOMANDO NOTA del informe del Secretario General de la OEA sobre el “El Problema de Drogas en las Américas” en seguimiento al mandato encomendado por los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Sexta Cumbre de las Américas2/,

DECLARAN:

1. Que es fundamental que en el hemisferio se continúe avanzando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de las drogas bajo un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que incorpore la salud pública, educación, e inclusión social, junto a acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como el impulso del desarrollo local y nacional.

2. Que alientan el abordaje de nuevos enfoques sobre el problema mundial de drogas en las Américas basado en el conocimiento y la evidencia científica.

3. Que es necesario, en base al principio de responsabilidad común y compartida, fortalecer e impulsar la cooperación hemisférica, movilizando recursos en sus distintas modalidades, para coordinar y consolidar un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario, que, reconociendo, entre otros, los diferentes impactos y manifestaciones en cada país, permita hacer frente de manera eficaz a los desafíos, amenazas, riesgos y vulnerabilidades generados por el problema mundial de las drogas, incluyendo mecanismos de intercambio de información y experiencias entre países.

4. La importancia de implementar plenamente las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas; a saber, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, que constituyen el marco del sistema internacional de fiscalización de drogas, así como la importancia de ratificar o adherirse e implementar, según corresponda, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus tres protocolos —el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones—, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

5. Que reconocen al Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) como el único instrumento hemisférico válido para la evaluación de las políticas de control de drogas en los países que componen el sistema interamericano.

6. Recuerdan que la evaluación de las políticas de control de drogas debe ser un ejercicio multilateral 3/.

7. Que alientan un amplio y abierto debate sobre el problema mundial de drogas para que todos los sectores de la sociedad participen y continúen, según sea el caso, ofreciendo su experiencia y conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno para contribuir así al fortalecimiento de las estrategias nacionales, como elemento fundamental para la eficacia de las políticas públicas.

8. Su compromiso de fortalecer la capacidad de los Estados y sus instituciones, fomentando su profesionalización y mejorando sus políticas y mecanismos de coordinación, fiscalización y transparencia, a fin de enfrentar los desafíos asociados con el problema mundial de las drogas, así como sus causas y consecuencias.

9. Que el uso indebido de drogas es también un problema de salud pública por lo que se hace necesario fortalecer los sistemas públicos de salud, particularmente en las áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación, y desarrollar a la vez mecanismos de monitoreo nacionales de los mismos basados en evidencia que nos permita identificar tendencias actuales del consumo de drogas, demandas por y acceso a los servicios de salud pública y capacidades institucionales para responder a este fenómeno.

10. Que las políticas de drogas deben contener una perspectiva transversal de derechos humanos, consistente con las obligaciones de las partes de acuerdo al derecho internacional, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos jurídicos de derechos humanos aplicables, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con el fin de promover y lograr el bienestar de la persona, su inclusión social, el acceso a la justicia, a la salud, entre otros.

11. Que las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las drogas necesariamente deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género, cuando corresponda.

12. Su compromiso de emprender mayores esfuerzos para reducir eficazmente la demanda de drogas.

13. Su compromiso de fortalecer esfuerzos destinados a reducir la oferta ilícita de drogas.

14. Que para reducir los niveles de violencia asociados al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, resulta esencial aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como su desvío, hacia los grupos delictivos organizados, entre otras medidas de seguridad.

15. Su compromiso de incrementar, en el marco de las legislaciones internas de cada Estado, los esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar las operaciones de lavado de activos provenientes de actividades delictivas, particularmente del tráfico ilícito de drogas y la corrupción, y reforzar la cooperación internacional para prevenir el ingreso, flujo y egreso de dichos activos a nuestros sistemas financieros y otras actividades de intercambio de activos, siendo que pueden distorsionar el funcionamiento de las economías y afectan otros ámbitos de la sociedad.

16. Que instan a los países productores, exportadores, importadores y de tránsito de sustancias químicas y precursores que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas a reforzar, en cooperación con el sector privado, las medidas de control de la producción, distribución y comercialización interna e internacional de sustancias químicas y precursores, a fin de evitar su desvío hacia actividades ilícitas, así como a fomentar la cooperación internacional y alianzas estratégicas entre ámbitos públicos y privados.

17. Que alientan a los Estados Miembros, en el marco de cooperación internacional, a analizar, con base en el conocimiento e investigación científica, a compartir las experiencias, lecciones aprendidas y resultados de, entre otros, sus estrategias de reducción de la demanda y su impacto en la salud, el crimen, en el sistema judicial y la población carcelaria.

18. Que alientan a los Estados Miembros, de conformidad con su legislación nacional, a que continúen fortaleciendo sus acciones y políticas, incluyendo un enfoque de género según corresponda, tendientes a reducir el hacinamiento carcelario, con la promoción del mayor acceso a la justicia para todos, respetando la proporcionalidad entre el daño y la pena y el apoyo de alternativas al encarcelamiento, cuando corresponda, particularmente mediante el aumento del acceso a la rehabilitación, el cuidado integral de la salud y los programas de reintegración social; y, en este sentido, alientan a los Estados Miembros a esforzarse por incorporar a sus prácticas las disposiciones pertinentes de las reglas y normas de las Naciones Unidas.

19. Que alientan a los Estados Miembros a impulsar, en el marco de sus políticas nacionales, programas y medidas de desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido, cuando proceda, el desarrollo alternativo preventivo, que se orienten a eliminar los factores causantes de la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental para, entre otros, prevenir la inserción de poblaciones vulnerables en actividades vinculadas a la producción y el tráfico ilícitos de drogas

20. Iniciar un proceso de consultas teniendo en cuenta el contenido de la presente Declaración, el debate general en la plenaria, las resoluciones y mandatos que sobre esta materia apruebe el presente periodo ordinario de sesiones, así como el “Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas”, presentado por el Secretario General.

Dicho proceso se llevará a cabo, entre otras, en las siguientes instancias:

a) A nivel nacional, tal como se decida en cada Estado Miembro;

b) En grupos regionales multidisciplinarios para considerar estrategias de acción, conforme lo decidan los países interesados;

c) En la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, en su Quincuagésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones;

d) En la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA), a celebrarse en la ciudad de Medellín, Colombia, en noviembre de 2013;

e) En reuniones especiales coordinadas por la Secretaría General de la OEA con otros organismos y entidades regionales.

Sobre la base de los resultados obtenidos en estos procesos, se encomienda al Consejo Permanente que convoque un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, el que se llevará a cabo a más tardar en el año 2014. 4/5/6

21. Solicitar a la Secretaría General que apoye la implementación de la presente Declaración, a pedido de los Estados Miembros, sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

 

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1. La República del Ecuador formula expresa reserva de las referencias a la VI Cumbre de las Américas, realizada los días 14 y 15 de abril de 2012, en Cartagena, Colombia, sin perjuicio de los contenidos aprobados por el Ecuador en otros contextos de negociación, según corresponda.

2. El Gobierno de Nicaragua considera que la referencia a la Cumbre de Cartagena, Colombia, y el llamado al fortalecimiento de la denominada “Cumbre de las Américas” son inapropiadas, ya quedurante el desarrollo de la misma, los Jefes de Estado y de Gobierno no pudieron abordar, ni aprobaron la Declaración Política que incluía la voluntad solidaria de los países de América Latina y el Caribe para que la hermana República de Cuba participe de forma incondicional y en plano de igualdad soberana en dicho foro. Reafirmamos que no puede realizarse “Cumbre de las Américas” sin la presencia de Cuba. Los mandatos y las partes resolutivas de los ejes temáticos, formaban parte de la Declaración Política, y al no ser aprobada ésta, aquellos también quedaron sin aprobación; razón por la cual Nicaragua no está de acuerdo en hacer mención de estos documentos y mandatos que no fueron aprobados.

3. Estados Unidos respeta el derecho soberano de los Estados a determinar cómo y bajo qué condiciones pueden asignarse sus recursos. Apoyamos plenamente el concepto de que las evaluaciones sobre las políticas sobre drogas se llevan a cabo de mejor manera en un marco de colaboración.

4. Este párrafo tiene observaciones de las delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Paraguay y San Vicente y las Granadinas.

5. Estados Unidos considera que la decisión sobre cómo continuar con el diálogo sobre drogas corresponde más bien al Consejo Permanente. En caso de que el Consejo Permanente decida que sería deseable llevar a cabo un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, consideramos que este podría darse en 2015, de tal manera que no fuese motivo de conflicto ni distraiga la atención de la reunión de alto nivel de la Comisión sobre Drogas Narcóticas (CND) a celebrarse en marzo de 2014, y también para dar tiempo suficiente a incluir los resultados de dicha reunión en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Además, creemos que este período extraordinario de sesiones de la Asamblea General debería concentrarse específicamente en la consolidación de la Estrategia Hemisférica de Drogas y considerar si se debe adoptar un nuevo Plan de Acción para 2016-2020 a través de la CICAD. Cualquier período extraordinario de sesiones de la Asamblea General debería ser financiado con aportaciones voluntarias.

6. La Delegación de San Vicente y las Granadinas entiende que los diversos mecanismos articulados en el párrafo son suficientes para informar los siguientes pasos del proceso y además considera que la mención de una fecha indicativa para la celebración de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General es prematura.

 

 

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