Bogotá D.C., (sep. 17/20). 

Señor Procurador General de la Nación, Dr. Fernando Carrillo Flórez,

Señor ViceContralor General de la República, Dr. Julián Ruiz.

Presidente del Consejo de Estado Álvaro Namen; Señores Magistrados; Senador Miguel Ángel Pinto, Congresistas de la República,

Directora del Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer Sra. Marie-Christine Fucs.

Doctor Manuel José Cepeda.

Un cordial saludo a todos ustedes, a los demás panelistas y a quienes nos acompañan en este importante foro.

Agradezco la invitación al evento: “Lucha contra la corrupción en Colombia y el mundo”. Sin duda este espacio ofrece una oportunidad para el diálogo interinstitucional que se requiere en el proceso de implementación de la decisión reciente de la Corte IDH. Siempre en el marco de respeto y acatamiento de Colombia frente a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Señoras y señores:

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 establece la Legalidad como uno de sus pilares fundamentales. Legalidad que debe verse reflejada en las actuaciones de las autoridades, en la relación entre las distintas ramas del Poder Público, en la articulación institucional de los asuntos de interés general, en la relación del sector público con el sector privado, en la conducta de todos y cada uno de los servidores públicos, así como en el actuar de todos los ciudadanos.

Esta política de Legalidad es un eje que promueve y potencia las oportunidades y la equidad social. Es el marco, además para enfrentar a las economías criminales alimentadas por la corrupción, fuente de violencia, pobreza, deterioro social y destrucción de nuestros recursos naturales.

Para el gobierno del Presidente Iván Duque, la legalidad y la lucha contra la corrupción revisten gran importancia internamente, y a nivel internacional.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el costo anual de la corrupción a nivel mundial se acerca al 5% del Producto Interno Bruto global. El Banco Mundial estima que empresas e individuos pagan más de mil millones de dólares en sobornos cada año.

Cifras estas alarmantes que demuestran la gravedad de la corrupción, que desconoce fronteras, y se extiende con rapidez. Este fenómeno se relaciona con delitos como el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de estupefacientes, los delitos ambientales y el contrabando.

Colombia ha asumido un liderazgo para impulsar el fortalecimiento del régimen jurídico global contra la corrupción. La discusión mundial debe crear mecanismos innovadores encaminados a mejorar las capacidades nacionales de los países, fortalecer la cooperación internacional, y acabar con la impunidad frente a la corrupción.

Por iniciativa de Colombia y otros países, la Asamblea General de la ONU decidió convocar un Periodo Extraordinario de Sesiones sobre “los desafíos y las medidas para prevenir la corrupción y luchar contra ella y reforzar la cooperación internacional”. Esta reunión global se realizará en el primer semestre de 2021 y será el foro de discusión más importante a nivel mundial sobre este tema.

Los Estados presentarán iniciativas para enfrentar la corrupción en todas sus formas, perseguir a los corruptos y recuperar los recursos desviados por la corrupción.
De otra parte, Colombia participa activamente en los escenarios donde se realizan los desarrollos normativos e institucionales relativos a las principales convenciones de lucha anticorrupción, de las que nuestro país hace parte.

En primer lugar, la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en el marco de la OEA. Este tratado es una de las principales herramientas de cooperación entre los Estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en las funciones públicas.

En segundo término, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tratado internacional que entró en vigor en 2004, y ha sido ratificado por 184 Estados. Como instrumento jurídico, refleja el más amplio consenso de la comunidad internacional para luchar contra este fenómeno delictivo.

Esta Convención abarca seis áreas:
prevención,
criminalización,
medidas para el cumplimiento de la ley,
cooperación internacional,
recuperación de capital ilegal,
y asistencia técnica.

En tercer lugar, quisiera mencionar el marco jurídico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE.

Colombia es parte del Grupo de Trabajo sobre Cohecho y la Convención Anti-Cohecho de este organismo. Este instrumento proporciona soporte a los países en la lucha contra el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. La OCDE ha destacado los logros de nuestro país en la implementación de la Convención.

Así mismo, en el contexto del proceso de adhesión a la OCDE, hemos atendido una serie de recomendaciones en todos los ámbitos, incluida la lucha contra la corrupción. Como miembros de la organización, desde el 28 de abril de 2020, Colombia seguirá implementando las mejores prácticas allí definidas y podrá participar en la formulación de directrices y parámetros internacionales.
La OCDE cuenta con el Comité de Gobernanza Pública. Este comité evalúa temas en materia de integridad, lucha contra la corrupción y gobierno abierto. Su función es ayudar a los gobiernos a diseñar e implementar políticas estratégicas, innovadoras y basadas en evidencia. Debemos aprovechar el trabajo de ese comité, para fortalecer la gobernanza pública, responder de manera efectiva a desafíos económicos, sociales y ambientales, y cumplir con la misión del Estado de estar al servicio de los ciudadanos.

Colombia viene fortaleciendo la institucionalidad, así como los organismos de control para prevenir y enfrentar la corrupción. La incorporación de estándares internacionales en la legislación interna ha contribuido a ese propósito.

Cito algunos ejemplos:
• La incorporación de la Política de Integridad como una herramienta de gestión y desempeño institucional en el marco de la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

• La creación del Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para manejar conjuntos de datos útiles, generar alertas tempranas, y prevenir hechos de corrupción.

• El establecimiento de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción como un mecanismo académico e interinstitucional para estudiar el fenómeno de la corrupción con enfoque nacional y territorial.

• La Ley 2.013, que busca garantizar los principios de transparencia mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.

• Y la elaboración del Código de Integridad del Servidor Público.

Para finalizar, quiero referirme a la corrupción y su impacto en los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que la corrupción afecta los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el derecho al desarrollo. De la misma forma, indicó que debilita las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y aumenta la desigualdad.

En el mismo sentido, para la ONU, la lucha contra la corrupción, y el desarrollo de instituciones transparentes, responsables y rendidoras de cuentas sobre su gestión, son objetivos incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Estimados amigos:

La lucha contra la corrupción nos compromete a todos. Como lo han confirmado los distintos marcos internacionales, combatir este flagelo exige un enfoque integral.

Las entidades de control juegan un papel central en este reto. Pero más allá de esto, solo podremos avanzar hacia la transparencia en el servicio público, si cada organización pública y privada asume como propia una cultura ética que promueva el bien común; si la sociedad civil se compromete a ejercer control social; y si incentivamos en las presentes y en las nuevas generaciones la cultura de legalidad que construye sociedades justas, pacíficas y sostenibles.

Muchas gracias.