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Principio 10 de la Declaración de Río

El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, quienes deberán tener acceso adecuado a la información ambiental, la oportunidad de participar en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El proceso de negociación del instrumento regional tendiente a garantizar la implementación cabal de los derechos de acceso que contempla este principio como sus pilares, cuenta con el apoyo de la CEPAL como secretaría técnica y reúne a los 23 países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en 2012 en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).

Es importante destacar que previo al inicio de las negociaciones para la construcción de un instrumento regional, se celebraron cuatro reuniones de los puntos focales de los países signatarios y 14 encuentros de los grupos de trabajo. Fue precisamente durante la segunda reunión de puntos focales celebrada en 2013, que Colombia adhirió a la Declaración y se incorporó al proceso en calidad de coordinador, junto con Jamaica, del grupo de fortalecimiento de capacidades nacionales y cooperación. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2014, se adoptó la llamada Decisión de Santiago” que estableció el mandato de dar inicio a la negociación del instrumento regional creando un Comité de Negociación que está integrado hasta la fecha por representantes de todos los países signatarios de la Declaración y del público, y que funciona bajo la coordinación de una Mesa Directiva conformada por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Chile y Costa Rica, siendo estos dos últimos países quienes copresiden la mesa.

El Comité viene utilizando como base de la negociación, un documento borrador elaborado por la CEPAL, sobre el cual las diferentes delegaciones han propuesto enmiendas, incorporaciones y supresiones, de acuerdo con sus intereses nacionales y bajo la premisa de que la naturaleza jurídica del instrumento aún no ha sido acordada. En el caso de Colombia, la posición nacional se ha definido como resultado de consultas y reuniones interinstitucionales previas a cada negociación y ha mantenido como una constante, la defensa de principios orientadores como la progresividad, la flexibilidad, la cooperación y el reconocimiento a las diferentes capacidades de los Estados.

El trabajo en pro de la implementación del Principio 10 en el ámbito interno es un compromiso permanente, que ha sido asumido de forma independiente a que exista o no un acuerdo regional sobre la materia. Como reflejo de este compromiso, Colombia ya puede exhibir logros concretos tales como el fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental, la adopción de la Política de Gobierno Abierto, la expedición de la Ley estatutaria de participación ciudadana o el establecimiento del Sistema de información de registro y seguimiento de las emisiones y transferencias de contaminantes, entre otros. La Cancillería ha impulsado desde sus inicios este proceso regional, participando en cada una de las reuniones que ha sostenido el Comité de Negociación y coordinando a las entidades nacionales, no solo para llevar una posición fundamentada y representativa a cada una de las reuniones del Comité, sino para mostrar a los participantes los avances del Estado colombiano frente a este principio que permite materializar la llamada democracia ambiental.

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